El Gobierno mantiene su intención de llevar al Tribunal Constitucional la ley de concordia de Castilla y León, como la que se tramita en la Comunidad Valenciana, si no se modifican los textos registrados en ambos parlamentos. Así lo aseguró hoy el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Este martes, el Gobierno aprobó un acuerdo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la norma aragonesa aprobada este año que derogó la Ley de Memoria Democrática de 2018 de esa comunidad, una que vez que el actual Ejecutivo aragonés que preside Jorge Azcón "no ha querido hablar ni negociar". Torres añadió que este paso se da después de agotar todas las vías de contacto con el Ejecutivo aragonés y que éste se negara.

Según el ministro, este recurso es para "defender el deber de memoria, la reparación de las víctimas, la no repetición, la verdad; para impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura franquista, recurrimos a la Constitución". "Esa misma Constitución que algunos dicen defender, pero luego olvidan aplicar y acudiremos a donde sea preciso para defender los derechos humanos y el derecho internacional", afirmó Torres después de advertir que los demás proyectos de ley de Castilla y León y de la Generalitat Valenciana que ahora mismo están parados seguirán este camino si no se enmiendan.

Finalmente, el Gobierno considera que el incumplimiento de la Ley estatal de Memoria Democrática deriva en un incumplimiento con la dignidad de las víctimas y su integridad moral garantizadas por la Constitución.