Greenpeace España presentó denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León solicitando que se investiguen las actuaciones de la Junta antes y durante el incendio forestal ocurrido entre los días 15 y 19 de junio en la Sierra de la Culebra (Zamora), que afectó a una superficie de entre 28.000 y 33.000 hectáreas, dentro de un territorio catalogado como Reserva de la Biosfera. La organización ecologistas pide que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades.
En un comunicado, el colectivo expuso que el origen del incendio fue una tormenta eléctrica ocurrida el miércoles 15 de junio, pero añadió que las altas temperaturas, sumadas al viento "intenso" y la sequía agravaron la situación.
Además, denunció que a pesar de que las alertas de riesgo de incendio lanzadas desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llevaban días avisando del alto riesgo de incendio, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones, declaró que el riesgo era "medio o bajo, conforme a lo establecido en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León", que recordó marca el inicio de la temporada de riesgo alto, con la consiguiente dotación de medios, a partir del 15 de julio.
"Los responsables de la Consejería de Medio Ambiente han admitido que los turnos no estaban a pleno rendimiento, pero que enviaron recursos extraordinarios. Sin embargo, colectivos del operativo de extinción han denunciado que la falta de medios no fue algo puntual, sino que se produjo durante varios días y cuando el fuego avanzaba a 50 hectáreas por hora, una velocidad que era asumible por los equipos de extinción y que podría haber contenido el avance de las llamas", señaló en un comunicado de prensa.
Además, Greenpeace afirma, según algunos testimonios, que por la "inacción" de la Junta de Castilla y León a partir del jueves 16 "ya no había nada que hacer", ya que señaló que por la noche la velocidad del fuego ascendió a 515 hectáreas por hora, por lo que entre el jueves por la noche y el viernes fueron evacuadas 2.690 personas de 26 municipios diferentes.
"Dispositivos de Portugal, de diversas comunidades autónomas y hasta 383 agentes de la UME, junto al apoyo vecinal, batallaron sin descanso contra el fuego durante cuatro días, hasta que la propia climatología detuvo el incendio el domingo 19, gracias a que empezó a llover, la tierra se enfrió y el incendio empezó a detenerse", apuntó la organización.
Además, Greenpeace indicó que el Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales en Castilla y León es de 1999, por lo que a su juicio "no tiene en cuenta las actuales circunstancias de cambio climático, que aconsejan aumentar drásticamente el periodo de riesgo alto de incendios, con la consiguiente dotación de medios, así como una actividad de prevención de incendios en los montes que se lleve a cabo durante todo el año".
Además, la organización señaló que el "precedente" a este incendio tuvo lugar el año pasado, cuando se quemaron 22.000 hectáreas en Navalacruz, en la provincia de Ávila, en lo que, hasta hace poco, era el "peor incendio de la historia" de la Comunidad.
"El Gobierno de Castilla y León continúa siendo deficitario en planes preventivos y de Emergencia Local", afirmó Greenpeace, a pesar de que apuntó que la zona noroeste, en la que se encuentran Zamora y León, es la que sufre más de la mitad de los incendios del territorio nacional, según un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2021,
"Hemos pedido a la Fiscalía que investigue a los responsables de no haber adoptado las medidas y los planes necesarios para evitar un riesgo que llevaba semanas alertándose y del que existen precedentes como para haber actuado de modo responsable. El incendio ha calcinado una vastísima extensión de formaciones de bosque, matorral, pastos y cultivos, ha dañado propiedades, explotaciones agropecuarias, ha causado estragos en la flora y en la fauna de la zona y ha puesto en peligro la vida de miles de habitantes de los municipios aledaños. Si los responsables hubieran aprobado un plan de prevención de incendios adecuado, así como con un dispositivo de extinción a pleno rendimiento en un momento en que las alertas de riesgo de incendio ya estaban disparadas, el fuego se habría podido extinguir a tiempo o se hubieran producido menos daños", declaró la abogada de Greenpeace España Lorena Ruiz-Huerta.