El sindicato CCOO informó de que, el pasado 26 de diciembre, presentó un recurso "especial" en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCYL), impugnando los términos en los que el Ayuntamiento de Valladolid licitó públicamente la contrata para la gestión del albergue de personas sin hogar. La organización constató en un comunicado que con esta acción "paraliza la licitación del contrato de gestión del Albergue Municipal de personas sin hogar, dependiente del Ayuntamiento de Valladolid".

La central sindical explicó que el TARCYL "ratificó la opinión de CCOO, que considera que los pliegos de la licitación contienen irregularidades respecto a los las personas trabajadoras del albergue, ya que les encajan en categorías profesionales inferiores a las que les corresponden en base a sus funciones reales". 

Asimismo, CCOO trasladó que el TARCYL "da la razón a la organización sindical en cuanto a que en el pliego se observan inexactitudes en los costos reales del servicio", lo que a entender por el sindicato "conllevaría unas peores condiciones de atención a ese colectivo de usuarios tan vulnerable como son las personas sin hogar".

Por otro lado, desde CCOO explicó que cursó también un requerimiento a la Unidad de Seguridad y Salud de Valladolid, organismo dependiente de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León, denunciando las "precarias condiciones sanitarias del centro, propiedad del Ayuntamiento de Valladolid, donde se presta actualmente el servicio de albergue de personas sin hogar. Una situación que influye negativamente tanto en las condiciones laborales de la plantilla que allí trabaja, como en el servicio que pueden prestar los mismos a los usuarios".

CCOO indicó que continuará "luchando por defender las condiciones laborales de las personas trabajadoras y usuarios de este centro dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, así como del resto de servicios que se subcontratan desde el Ayuntamiento". "Las subcontras de los servicios no pueden servir de excusa para degradar las condiciones laborales de los trabajadores ni la calidad de un servicio público", indica la organización sindical.