El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este viernes de que el Plan de Mejora de Calidad del Aire, que prevé aprobar en el próximo Pleno Municipal, incluirá una propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) más amplia que la que se había presentado en junio de 2021, ya que la zona en la que comenzará a prohibirse el acceso a los vehículos más antiguos a partir de mediados de 2023 pasará de 1,4 a 3,1 kilómetros cuadrados.

Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; y la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez; que han explicado los próximos pasos que dará esta nueva normativa, que según ha subrayado el regidor "obliga" a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a establecer una ZBE antes de finales de 2023.

La propuesta del Plan de Mejora de Calidad del Aire, con la correspondiente ZBE, se presentó en junio de 2021 y posteriormente se abrió un periodo de información pública durante dos meses, tras lo cual el Ayuntamiento ha incorporado al documento algunas de ellas y ha decidido optar por una zona de restricciones al tráfico más amplia que la inicialmente planteada, pues su superficie pasa de 1,4 a 3,1 kilómetros cuadrados.

NUEVOS LÍMITES

La nueva zona de bajas emisiones, que es la que se someterá a votación en el Pleno municipal el próximo 2 de marzo, amplía sus límites y estará marcada por calles 'frontera', por las que sí que se podrá circular sin restricción, como Puente Mayor, Juana de Castilla, Arzobispo José Delicado, paseo Hospital Militar, Arco de Ladrillo, calle Santa Fe, paseo Farnesio, avenida de Segovia, túnel de labradores, calle La Vía, calle Unión, Nicasio Pérez, plaza San Juan, Huelgas, Real de Burgos, Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, y plaza de San Nicolás.

Por ello, la nueva zona impedirá la circulación de vehículos más antiguos y contaminantes por calles que en la propuesta de junio no estaban afectadas, como el paseo de Isabel la Católica, San Quirce, Miguel Íscar, Gamazo, puente Colgante y Recondo, por las que actualmente se accede a las estaciones de autobuses y tren.

Eso sí, está previsto que en los próximos años se aborde la remodelación de la estación de Campo Grande y la nueva terminal de autobuses, a las que se podría acceder desde el paseo de Farnesio, por el que se podrá circular libremente.

Óscar Puente ha explicado que este modelo de zona de bajas emisiones es, según el equipo de Gobierno, "es el que mejor funciona a todos los niveles", no solo para la reducción de emisiones, que es notable, sino para evitar la congestión del tráfico en algunas zonas determinadas, ya que se dirige a evitar el "tráfico de paso", pues ha matizado que sí que se permitiría acceder a la ZBE a para utilizar parking, garajes privados o desplazamientos "con justificación".

Además el efecto sobre las emisiones contaminantes, según ha explicado María Sánchez, es más intenso que si la ZBE se hubiera fijado en la denominada 'almendra central', ya que se ha estimado que en 2030 se conseguiría reducir las emisiones en la zona centro en un 44 por ciento para dióxido de carbono (CO2), en un 64,3 por ciento en óxidos de nitrógeno (NOX) y en un 78 por ciento en partículas en suspensión.

Mientras tanto, en toda la ciudad incidiría con una bajada de la presencia de contaminantes en un 3 por ciento en CO2, un 4,4 por ciento en NOX y un 5,3 por ciento en partículas.

El alcalde ha defendido que la zona centro de la ciudad es donde se generan y se emiten la mayor parte de las emisiones y sus efectos se extienden a toda la ciudad.

El tránsito de los vehículos a motor por esta zona de bajas emisiones quedará restringido, como ya estaba previsto y con múltiples exenciones que todavía se deben concretar, a partir de mediados de 2023 --todavía no hay fecha exacta-- para los vehículos que no cuentan con etiqueta de emisiones de la Dirección General de Tráfico (diésel anteriores a 2006 y gasolina de antes de 2001).

El siguiente hito de estas medidas llegará ya el 1 de enero de 2025, momento a partir del cual se ampliará la prohibición de acceso a los vehículos que lleven la etiqueta B, identificada actualmente con el color amarillo y que corresponde, por término general, a los de motores diésel matriculados entre 2006 y 2014 y los gasolina de entre 2001 y 2006. Y a partir del 1 de enero de 2030 ya solo se permitirá acceder a la zona restringida a los vehículos que tengan etiquetas ECO (híbridos no enchufables, enchufables con poca autonomía eléctrica y propulsados por gas natural o glp) y '0' (eléctricos puros, híbridos enchufables o de pila de combustible).

Así, la restricción que se pondrá en marcha en 2023 afectará a un 28 por ciento del parque móvil de la ciudad (sin etiqueta), la del 1 de enero de 2025 restringirá la circulación de un 35,6 por ciento de los automóviles (etiqueta B) y la de enero de 2030 a otro 29 por ciento (etiqueta C).

CÁMARAS DE VIDEO

El funcionamiento de la ZBE, con las exenciones para el acceso, la regulación de las infracciones, o el funcionamiento de las 41 cámaras de vídeo que se instalarán, se regulará como ha explicado María Sánchez mediante una ordenanza que se está redactando y que prevén aprobar en torno a mayo o junio de este año.

La edil ha añadido que las exenciones que se permitirán se someterán a un "debate público" y entre ellas se plantean los vehículos de personas empadronadas en la zona, los que se usen para traslado de titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, para los vehículos de administraciones públicas, los de empresas de suministros, los de arrendamiento con conductor con distintivo ambiental, los autorizados para carga y descarga, los vehículos que se identifiquen como usuarios de plazas de garaje privado en régimen de propiedad o alquiler, los de empresas de mudanzas, las grúas y además los vehículos de transporte público colectivo y en taxi.

Además, se habilitará la posibilidad de acceder temporalmente para llevar el coche a un taller situado dentro de la ZBE, a clientes de hoteles, a los parking públicos autorizados y para vehículos que intervengan en actos en la vía pública y ocupaciones autorizadas.

Todo ello, como han explicado Puente y Sánchez, se controlará a través de las videocámaras, que identificarán a los vehículos por su placa de matrícula.

El Ayuntamiento ha solicitado una subvención, vinculada a los planes de recuperación y resiliencia, por un importe de 1,5 millones de euros con los que espera poder financiar el coste de la instalación de esas videocámaras.

ALEGACIONES

En el proceso de información pública, según ha informado el equipo de Gobierno, se han mantenido encuentros con los grupos municipales y con los colectivos que han presentado alegaciones al Plan.

En el periodo de información pública se han presentado 70 alegaciones. La Junta de Castilla y León es la administración que más alegaciones ha presentado, 25 (se han estimado 18 casi todas ellas de aspectos técnicos). A continuación figuran Ecologistas en Acción con 21 (se han estimado ocho), el Grupo Municipal Popular con 10 alegaciones (se ha estimado una parcialmente); Ciudadanos con siete (dos estimadas), y también han presentado la Federación de Vecinos Antonio Machado, Asamblea Ciclista, La Curva y CCOO, todas ellas sobre aspectos muy similares