La Guardia Civil de Valladolid investiga a 17 personas por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo por llevar a cabo la construcción o edificación no autorizadas en suelo no urbanizable y a tres más por un delito de estafa a los anteriores ya que, con ánimo de lucro, utilizaron el engaño para producir error en otro.

Según informó hoy el instituto armado, tuvo conocimiento de numerosas obras de construcción en suelo rústico común (no urbanizable) en Cigales, así como la subparcelación irregular de un terreno para usos incompatibles con el planeamiento urbanístico y normas subsidiarias municipales (NSM) del Ayuntamiento de Cigales (Valladolid). De hecho, identificó numerosas obras en construcción, vallados de recintos, cimentaciones, construcción de casetas, instalación de depósitos de agua y fosas sépticas y varias viviendas en construcción.

En virtud de la investigación policial, se tuvo constancia de que una inmobiliaria de Valladolid había sido la encargada de su publicidad y venta. Por todo esto se instruyeron diligencias policiales que fueron remitidas a la Fiscalía de la Audiencia de Valladolid. En mayo de 2023, recibió un auto judicial por el cual se acordó la adopción de la medida cautelar solicitada por el Ministerio fiscal para la paralización de todas las obras realizadas en la parcela.

Según se desprende de un informe técnico, sobre valoración de expropiación de la parcela conforme a la descripción recogida en el Catastro, el uso de este suelo rústico es principalmente agrario. La Guardia Civil consideró que tanto la inmobiliaria, como el propietario de la parcela, habían incrementado o sobre valorado el precio del metro cuadrado de las subparcelas, con incrementos en algunos casos de entre un 700 y un 2.000 por ciento, con lo que los adquirientes podían entender que efectivamente compraban un suelo urbano.

Independientemente de lo anterior, las personas que han construido en el interior de sus parcelas o delimitado las mismas con vallados sin ningún tipo de autorización administrativa, podrían ser consideradas como autoras de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo al realizar obras de construcción o edificación en suelo no urbanizable. Este presunto delito está tipificado en el Código Penal en su artículo 319.2 y puede conllevar una pena de prisión de uno a tres años.