Un asalto a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca y la suspensión cautelar de la polémica orden de Agricultura sobre la tuberculosis bovina. Este es el resumen del séptimo día de tensión entre ganaderos, veterinarios, Junta y Ministerio de Agricultura a cuenta de la normativa autonómica que flexibilizaba el movimiento de ganado bovino en Castilla y León y en la que se desarrollaban determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes, principalmente la tuberculosis. El Gobierno de España consideró que esta modificación de los saneamientos animales que contraviene la ley española y europea por el «incremento potencial del riego de contagio de la tuberculosis bovina».

Como respuesta, el pasado lunes el Ministerio dictó una paralización del movimiento del ganado autonómico, así como un contencioso-administrativo. «Es un 155 dentro de la ganadería», denunció ayer el consejero agrícola, Gerardo Dueñas, que instaba a la Justicia a pronunciarse «con urgencia» sobre el conflicto. Dicho y hecho. Pocas horas después, el Tribunal Superior de Justicia acordaba suspender cautelarmente la aplicación de la resolución Agricultura, una petición de la Abogacía del Estado basada en la «ilegalidad manifiesta de la resolución» por incurrir en «infracción tanto de la normativa europea como de la normativa básica del Estado español».

La polémica originada en torno a esta orden autonómica terminó ayer en un asalto a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca por parte de un grupo de ganaderos que trataron, sin éxito, de forzar el cese de los jefes de la sección de Sanidad Animal en la provincia. Un detenido y dos heridos –un policía y un manifestante– es el balance de la avalancha en la sede de la Delegación por un grupo de manifestantes convocados por Unión por la Ganadería, y que requirió de la participación de antidisturbios y otros efectivos de la Policía Nacional para repeler el intento de acceso de los manifestantes que se encontraban en el exterior.

Miembros de las opas piden calma a los presentes después de los momentos de tensión. - Foto: Ical

El momento de máxima tensión se vivió cuando los agentes permitieron entrar a los representantes de las opas, seguidos de una avalancha de manifestantes que intentó acceder al interior de la delegación sin éxito. «No hemos conseguido nuestro objetivo, que era cambiar a los jefes de Sanidad que tantos problemas no están generando al sector», reconocían después a la Agencia Ical.

La manifestación, en la que se dieron cita centenares de ganaderos, comenzó con pitadas, cencerros y gritos de dimisión, para desembocar en el lanzamiento de huevos, bengalas, pintura y petardos a las paredes del edificio, mientras, en el interior, representantes de las opas se encontraban en el interior negociando vía telefónica con el consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas por la normativa de saneamiento animal.

Mientras esto ocurría, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León notificó su decisión de suspender cautelarmente la aplicación de la resolución de Agricultura –que ahora cuenta con un plazo de cinco días para interponer recurso de reposición–, y responde así al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Agricultura.

«Un 155 ganadero»

«Desde la semana pasada que no nos opusimos a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León deje en suspenso nuestra propia resolución, lo que estamos esperando es una urgencia en el TSJ para anular la orden del Ministerio y posibilite el movimiento libre del ganado como ocurría previamente a la decisión del Gobierno central», remarcó el propio consejero en un acto en Madrid, donde insistió en que la orden de Moncloa que limita el movimiento del ganado en la Comunidad ante casos de tuberculosis bovina «es un 155 dentro de la ganadería». En la misma línea, y antes de que se conociera la decisión del TSJ, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, mostró su esperanza en la publicación de una resolución judicial «inmediata» que suspenda cautelarmente la orden del Ministerio de Agricultura. Y es que, según Carriedo, en ese momento «se paralizará la vigencia de la orden y concluirá el impacto negativo que está teniendo sobre los sectores afectados», lo que permitirá a la Junta ejercer «la mayor flexibilidad, dentro de la ley».

La oposición socialista en Castilla y León advirtió a la Junta que se expone a multas y a perder las ayudas de la PAC si mantiene su objetivo de flexibilizar el movimiento de ganado y no cumplir con el Reglamento de la Unión Europea para el control de la tuberculosis bovina.