El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, lo fichó para su equipo tras haber trabajado con él en el Ayuntamiento de Valladolid. El encargo de Álvaro Fernández Heredia es avanzar en la movilidad sostenible, una apuesta que ya realizó en la capital.
Su departamento impulsa medidas que se encuentran con la resistencia de algunos ayuntamientos, sobre todo los gobernados por PP y Vox, como en el caso de Valladolid, un ciudad que conoce bien.
No sigo tanto la actualidad de Valladolid desde que salí de mi empresa. Y, por otro lado, hay ayuntamientos de todos los signos políticos que hacen las cosas bien y mal. Sí que hay algunos que, especialmente donde gobiernan con Vox, que parece que han tomado actitudes casi negacionistas en términos de movilidad sostenible y el avance en esa línea, que nadie discute desde el punto de vista técnico y científico. Algunos parece que están volviendo a políticas de los años 60 y 70, centradas solo en dar más capacidad al coche sabiendo que es un modelo fracasado.
Se acaba el plazo para poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). En el caso de Valladolid se retrasó por el cambio del área delimitada. ¿Si no está en funcionamiento en 2025 podría perder las ayudas europeas?
Cuando estaba allí como gerente de Auvasa se estaba tramitando la ZBE, todo estaba encaminado y con los estudios solventes. No tengo conocimiento de lo que ha pasado después. Pero hay dos cuestiones, en Valladolid o en cualquier otro municipio que haya solicitado las ayudas PRTR (fondos europeos), que gestiona el Ministerio de Transportes, y que están vinculadas a la implantación de ZBE, y su el primer objetivo es que se implante esa zona. En la primera convocatoria de esas ayudas se fija que se tienen que justificar en diciembre del 24. Una de las cuestiones, según las bases, es que hay comprobar que las ayudas han servido el objetivo. Se tiene que justificar porque ese dinero era para medidas complementarias que ayudarán a que se implantará la ZBE.
Y la otra cuestión.
El Gobierno de España desde hace mucho tiempo da ayudas al transporte público urbano, a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. En Valladolid, no me acuerdo, pero son cerca de 1,4 ó 1,6 millones de euros al año. La Ley de Sostenibilidad Económica fija que para poder darlas es imprescindible que los consistorios tuvieran un plan de movilidad sostenible. Posteriormente, la Ley de Cambio Climático introduce la obligación de que las ZBE formen parte de esos planes.
La consecuencia es que no se pueden dar ayudas a los municipios si no tienen una ZBE. Eso es lo que hemos comunicado: para las próximas, en 2025, tienen que haber cumplido la obligación legal de tener estas áreas en funcionamiento. Y si no, no podrán cobrarlas.
El Ministerio también tiene ayudas para la descarbonización del transporte para implantar modos de transporte más sostenibles.
Sí, también hay muchas ayudas para renovación de flota de todo tipo.
Se están revirtiendo medidas de movilidad de su etapa, incluidos carriles bici. ¿Eso choca con la política del ministerio? ¿Pueden perderse fondos europeos como se avisa en otras ciudades?
Choca con la estrategia de movilidad sostenible del Gobierno, pero también contra el sentido común y toda lógica y, además, con el devenir de los tiempos actuales. Esto coloca a Valladolid en épocas oscuras de los años 60 y 70. Pero no, no hacen peligrar las ayudas porque esos carriles bici no fueron financiados con fondos PRTR (fondos europeos) y se costearon directamente por el Ayuntamiento. Pero es absolutamente anacrónico que en pleno siglo XXI, cuando las ciudades están es quitando espacio al coche y ganando espacio para la bicicleta y el transporte público, Valladolid se sitúe en otro siglo. Está en la dirección contraria, sabiendo que el resultado de esa política va a ser más coches, no menos.
Esto coloca a Valladolid en épocas oscuras de los años 60 y 70
¿En qué se basa?
Se parte de una especie de teoría de que los coches son los mismos y que si les doy más espacio van a ir mejor; esto es absolutamente falso. Eso va a generar un efecto llamada, habrá cada vez más, al tiempo que se perjudica a la bicicleta y al transporte público, que serán peores alternativas. Se cae en algo, que está estudiado y que se llama el círculo vicioso de la congestión. El resultado es haberse gastado dinero en poner algo, gastar mucho más en eliminarlo y realmente conseguir mayores atascos y muchos más coches, y haber retrasado la evolución de la movilidad en 10 ó15 años. Esto, cuando lo cuentas en Europa o en cualquier sitio, parece que es una cuestión anacrónica, que deja estupefacto a cualquiera.
También se ha suprimido parte del carril exclusivo para transporte público que impulsó desde Auvasa. Ahora se asegura que ha aumentado la velocidad comercial de lo autobuses. ¿Qué explicación tiene?
No me lo creo y puedo decir que es falso. No tengo pruebas, pero no tengo duda. Va contra cualquier sentido común. Cuando llegamos a Auvasa la velocidad comercial ni siquiera se calculaba correctamente porque incluía hasta los tiempos que estaban los buses parados en las cabeceras o cuando iban sin viajeros para posicionarse. Tengo muchas dudas de cómo se está realizando ese cálculo. Lo poco que hemos podido ver en las informaciones que ha dado el Ayuntamiento es que está incluyendo absolutamente de todo. Una cosa está clara, antes se publicaban todos los datos en el portal de transparencia, y ahora la transparencia en Auvasa, igual que la movilidad sostenible, ha decidido volver al siglo pasado y a épocas oscuras. Cuando no enseñan los datos es que realmente tienen algo que ocultar.
Si a un autobús le quitas una plataforma reservada y le metes en el tráfico con más coches, y lo que pasa según el Ayuntamiento es que va más rápido, pues no me lo creo yo, ni se lo cree nadie. Esto es muy fácil, si quieren afirmarlo que publiquen los datos y así los podemos coger y comprobar si es verdad.
Si a un autobús le quitas una plataforma reservada y le metes en el tráfico con más coches, y lo que pasa según el Ayuntamiento es que va más rápido, pues no me lo creo yo, ni se lo cree nadie
En su etapa también se renovó el servicio de bicicletas. ¿Biki exige de una apuesta por los carriles bici?
Claro. Es como si alguien regalara coches, pero no hubiera carreteras. Estamos apostando por un sistema de bicicleta pública sin complementarlo con una infraestructura. Una opción que me alegro que esté siendo un éxito absolutamente incontrovertido porque no me cuesta recordar cuánto se criticó, desde la localización de las estaciones -que no han movido ninguna- porque decían que estaban todas mal. Incluso han mantenido los contratos y las tarifas. Decían que era costoso y que habíamos gastado mucho dinero, pero aquí nadie se ha atrevido a tocar algo que funciona.
No hace falta que nos den las gracias que nos damos por felicitados por el buen trabajo que se hizo. Espero que en esta especie de deriva antimovilidad no decidan también cerrar un sistema exitoso: puede ser la siguiente idea visto que ninguna de las que muestran tiene mucho sentido, y a ver si se nos ocurre ahora que Biki es un problema.
En el transporte de última milla, aquí se esbozó un plan en el proyecto de aparcamiento de Isabel la Católica. ¿Lo tomará de referencia para extenderlo a otras ciudades?
Estamos teniendo muchas conversaciones con las patronales del sector. Todos coincidimos plenamente en que la distribución urbana de mercancías, por un lado, es fundamental para las ciudades porque mantiene el comercio y la actividad económica. Se le presta muy poca atención y es necesario que cambie. Valladolid es un buen ejemplo porque tiene zonas como la calle Santiago, que está peatonalizada, pero si vas por la mañana, a determinadas horas, cuesta andar por la calle porque está ocupada por camiones que están haciendo sus labores de logística y distribución. Eso se puede ordenar.
Estamos trabajando para que los centros de las ciudades se recuperen, que tengan menos tráfico, y seguramente la distribución urbana de mercancías se tiene que realizar de una manera que tenga menos impacto y que pueda ser más eficiente.
¿Cómo se puede hacer?
Hacen falta instalaciones que permitan una transferencia de la carga y la colaboración público privada para hacer que los costes de la logística no aumenten y sigan siendo competitivos. Esto hoy en día es posible, todo el mundo lo cree, pero necesita esa colaboración de las administraciones. Y esa era el proyecto que incluyamos en el futuro aparcamiento puerta cero que iba a haber en Isabel la Católica, complementando la ZBE. Este área iba a permitir una distribución urbana de mercancías más sostenible.
Eso desde el Ministerio lo seguimos impulsando, estamos colaborando con estas empresas y vamos a hacer una guía de recomendaciones para distribución urbana de mercancías. Queremos que recoja modelos como este, incluso incluirá una ordenanza tipo para los ayuntamientos, que les ayude un poco a regular su distribución urbana de mercancías de manera homogénea y más adaptada a los nuevos tiempos.
Otra movilidad es la interurbana. ¿En el nuevo mapa de transporte se suprimirán paradas en la provincia tal como denuncia la Junta?
Creo que la Junta dedica más tiempo a buscar un culpable que a resolver un problema que es de su competencia. El Gobierno tiene la del transporte interurbano que va entre comunidades autónomas, y el interior en esos territorios es competencia de los gobiernos regionales. En esta situación, que deriva casi de época franquista, había determinadas concesiones que cubrían parte de ese transporte urbano porque pasaban por ahí. El Gobierno lo único que ha dicho es que se tiene que encargar de su transporte, que quiere que sea más eficiente. Y se recuerda a las comunidades que tiene que asumir la competencia en su transporte y que les vamos a dar los fondos para que lo puedan asumir.
Son la administración más cercana y la que seguramente puede hacer mejor trabajo. Cuando una comunidad autónoma acusa de que se están eliminando paradas, aunque se les diga que tendrán financiación para garantizar esos servicios, me da la sensación de que parezca que no quieran trabajar o que no estén en disposición de dar servicio a sus ciudadanos. Si se les dan los recursos y la competencia es suya, en vez de gastar tiempo criticar al Gobierno, quizá lo que deban es poner a trabajar y hacer su trabajo. La Junta tiene un mapa concesional donde puede y debe resolver estos problemas en vez de seguir señalando a otros y no asumiendo sus funciones.
Cuando una comunidad autónoma acusa de que se están eliminando paradas, aunque se les diga que tendrán financiación para garantizar esos servicios, me da la sensación de que parezca que no quieran trabajar o que no estén en disposición de dar servicio a sus ciudadanos
Valladolid capitanea el desarrollo de una aplicación para conectar ciudades. ¿Se plantean extender iniciativas como esta?
Ese proyecto obtuvo financiación de los fondos PRTR y tiene que seguir desarrollándose hasta 2025. Gracias a esta iniciativa se financió la renovación de los sistemas de tiquetin y tecnológicos de Auvasa. Valladolid trabaja en él con otras ciudades. En el Ministerio estamos muy interesados porque va a permitir desarrollar aplicaciones para que se pueda viajar dentro de ciudades, para acceder a las ZBE o eso es lo que debería hacer. Hemos mantenido una reunión con ellos para saber cómo estaba continuando el proyecto y nos transmitieron que siguen en ello, aunque parece que han perdido cierta parte de la ambición. Esperamos que la recuperen y que entiendan que es un proyecto financiado con más de 25 millones de euros y que, además, supone un gran valor añadido para los usuarios, si se consigue despegar y llegar a su finalización.