La Diputación de Valladolid ha hecho públicas esta semana las bases de los Planes Provinciales. Es decir, el dinero que se destinará desde la institución para inversiones en los municipios. Serán 20 millones en dos ejercicios y seis más para afrontar el, cada vez más elevado, gasto corriente de los ayuntamientos. Diez millones cada año que se repartirán con un fijo de 32.715 a cada localidad, más 78,5 euros por habitante. Los pueblos tendrán libertad, como ya ocurriera el año pasado, a la hora de afrontar los proyectos que consideren más necesarios, pero la Diputación primará económicamente los proyectos relacionados con el ahorro energéticos.
La norma general establece que la institución aportará el 80 por ciento de los proyectos, mientras que los pueblos sufragarán el 20% restante. No obstante, en casos como el ciclo Integral del agua, la mejora de eficiencia y ahorro en alumbrado, la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria en edificios municipales, la renovación del alumbrado público en orden a la consecución de la eficiencia y ahorro energético o las actuaciones de implantación y mejora de Smart Rural aplicado a los servicios públicos municipales solo deberán aportar el cinco por ciento.
Se trata de esta forma de encaminar algunas de las actuaciones y favorecer, al mismo tiempo, que las aportaciones municipales sean menos gravosas para los municipios. Al menos así lo puso de manifiesto la diputada de Cooperación, Myriam Martín.
Por otra parte, se mantiene que con la adjudicación de la inversión se anticipará, en todo caso, el 70% del importe subvencionado, no siendo necesaria la solicitud. Y sigue eliminándose la aportación municipal en las bajas que se produzcan en la contratación de las obras.
Además, se aumenta a 24.000 euros el importe de las inversiones a incluir en el Plan de Subvenciones, las cuales se gestionarán directamente por los ayuntamientos, no siendo necesario presentar proyecto técnico de obras en la Diputación. Esto supondrá un ahorro para los consistorios.
Dificultades. En la anterior convocatoria, los ayuntamientos tuvieron dificultades para la ejecución de sus proyectos debido al alza de precios, tanto de los materiales como de la mano de obra. Así, una vez transcurrido un año desde que la Diputación recibió los proyectos de los municipios en la anterior convocatoria, solo 58 estaban terminados, otros 122 se encontraban en fase de tramitación o de ejecución, mientras que el grueso de todas las iniciativas, 297, ni siquiera habían llegado a tramitarse.