El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con los homólogos de Noruega e Irlanda han llevado a sus países a reconocer a Palestina como un Estado de pleno derecho, en el caso español con las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967.  La labor diplomática desarrollada desde el comienzo del año por el Gobierno ha tenido consecuencias positivas, ayudada por las propias acciones realizadas por el Gobierno de Netanyahu que con el bombardeo de un campo de refugiados de Rafah en el que ha causado medio centenar de muertos ha motivado que, hasta la renuente Unión Europea, decida convocar el Consejo de Asociación entre la UE e Israel para comprobar si el Ejecutivo de Tel Aviv cumple con las obligaciones de  respeto de los derechos humanos que fundamenta el convenio, tal y como venían pidiendo España e Irlanda desde el pasado mes de febrero.

La declaración institucional de Sánchez para dar cuenta del reconocimiento del Estado palestino ha sido muy medida, al conjugar la condena de los atentados de Hamás y la petición de la liberación de los rehenes-una vez más-, con la calificación de Israel como país amigo, y la acomodación a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto que han de llevar a la constitución de dos Estados que vivan en paz y seguridad y que lleve también al reconocimiento de Israel por los países que buscan su desaparición.

La iniciativa tiene un carácter más simbólico y político que jurídico y efectivo, pero junto con la decisión de la Unión Europea demuestra que se hace evidente el hartazgo con la vulneración de los derechos humanos por parte de Israel, constatado por tribunales e instancias judiciales internacionales. Aún queda mucho camino por recorrer hasta que la presión sobre Israel se concrete en otro tipo de medidas de presión y sanciones que puedan contribuir a que Netanyahu ponga fin a una reacción desmedida por los ataques de Hamás del 7 de octubre y que ahora tiene mucho que ver con el futuro político del propio líder israelí.

La reacción del Gobierno de Netanyahu desde que España anunció el reconocimiento del Estado palestino es desmedida, desde acusar a Pedro Sánchez de ser cómplice de crímenes de guerra, a poner en cuestión la soberanía de España sobre sus decisiones o hacer uso de la leyenda negra y sobre todo de la ley del Talión amenazando con hacer daño a quienes les dañen. 

Con casi un ochenta por ciento de la población española a favor del reconocimiento del Estado palestino, y más del setenta por ciento que acusa a Israel de genocidio, lo que supone que el apoyo a Palestina es transversal, y cuando la comunidad internacional ha comenzado a manifestar su hartazgo y preocupación con la invasión de la Franja de Gaza, el PP sigue sin actualizar su discurso, al señalar que la decisión de Pedro Sánchez ha sido unilateral y será perjudicial para los propios palestinos, a lo que añade su voluntad de mezclarlo todo y todo llevarlo a la situación nacional, y a considerarlo una cortina de humo para no hablar de su entorno familiar -sin que la UCO siga sin hallar ningún indicio de delito de Begoña Gómez- ni de la ley de amnistía que se aprobará el jueves, para tratar de minimizar la influencia que la decisión pueda tener en las elecciones europeas y por no reconocer el liderazgo de Sánchez en estas circunstancias. Cierto que el reconocimiento del Estado de Palestina puede llegar tarde, pero mejor haber resuelto el asunto ya que seguir dejándolo pendiente.