Veinticuatro horas después del aluvión de propuestas anunciadas por el presidente de la Junta durante el Debate de Política General, el Ejecutivo autonómico vuelve a pisar el acelerador con un Consejo de Gobierno cargado de acuerdos, entre los que se incluyen ya cuatro de las medidas comprometidas por Alfonso Fernández Mañueco este miércoles. «Ya cumplimos una parte de los compromisos del presidente de la Junta», resumió el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que dio luz verde a las cuatro medidas anunciadas por el presidente relativas al proyecto de ley de Bomberos, la nueva residencia de Ávila, las obras para implantar los nuevos grados de Medicina y la declaración de zonas afectadas por el tren de borrascas.
Unas medidas, estas cuatro y las restantes avanzadas por el presidente, para las que la Junta de Castilla y León garantiza su financiación a pesar de las críticas de la oposición a su desarrollo con unos presupuestos prorrogados. «Estamos en condiciones de asegura la financiación suficiente para los compromisos que asumió Alfonso Fernández Mañueco para este año que queda de legislatura», sentenció el dueño de la llave de la caja de caudales del Ejecutivo autonómico. Y es que el consejero de Economía y Hacienda puso en valor que se trata de «compromisos muy importantes» en materia de transporte, prestaciones y emergencias sanitarias, conciliación de la vida familiar y laboral, y apoyos a autónomos y al pequeño comercio.
Sobre la gratuidad para los servicios de transporte que gestiona la Junta, Fernández Carriedo descartó dar plazos y fondos concretos, y aseguró que se implantará antes de que concluya este año, y beneficiará a 2.632 rutas interurbanas en 235 concesiones, así como a los trayectos metropolitanos que conectan capitales con sus alfoces: «Somos la autonomía más extensa de España y con más municipios, y estas políticas son muy importantes para nosotros».
31 acuerdos
Todo ello durante una rueda de prensa en la que dio cuenta de los 31 acuerdos que sacó adelante la Junta de Castilla y León en un Consejo de Gobierno celebrado de forma excepcional en el Parlamento autonómico por el Debate de Política General. Al igual que hizo Fernández Mañueco este miércoles, lo adoptado alcanza a las diez consejerías del Ejecutivo de la Comunidad.
El principal acuerdo alcanzado fue la actualización del Plan Infocal contra incendios forestales, que se renueva tras tres décadas y establece la estructura organizativa y operativa de los servicios, la coordinación con el resto de administración, determina la zonificación del riesgo y la vulnerabilidad del territorio, y cataloga los medios y recursos disponibles. Con el nuevo documento, el Infocal recoge normativamente las épocas de peligro alto, medio y bajo de incendios forestales, a pesar de que ya se aplicaba desde 2023, tras el acuerdo del Diálogo Social suscrito entre la Junta y los sindicatos.
Dentro de este ámbito también se aprobó el proyecto de decreto que regula el régimen jurídico de los aprovechamientos forestales en montes privados con el objetivo de promover la realización más sencilla de estos aprovechamientos. Otros 20 millones de euros se autorizaron para mejorar los servicios públicos prestados por todos los municipios menores de 20.000 habitantes de Castilla y León. El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León recibirán casi dos millones de euros para financiar el desarrollo de las funciones público-administrativas del propio Consejo como de las cámaras, asegurando así su papel esencial en el apoyo al tejido empresarial.
La Junta dio luz verde a los 900.000 euros anuales que recibe el Serla con el objetivo de financiar su labor de mediación en la solución extrajudicial de conflictos laborales en la Comunidad. Además, la Consejería de Sanidad destinará tres millones de euros para la lectura de mamografías dentro del programa para la detección precoz de cáncer de mama. Con esta contratación, se garantiza la celeridad en los resultados diagnósticos, según informó la Junta tras el consejo de Gobierno. Y otro de los acuerdos supone una subvención de 235.000 euros a Urcacyl para impulsar la ejecución del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 2024-2027.
Solicitada la declaración de afectados por emergencias
La primera de las cuatro medidas anunciadas por el presidente de la Junta este miércoles y aprobadas ayer fue la de solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil para Ávila, Segovia, Soria y Valladolid, según aprobó hoy en Consejo de Gobierno. «Todo ello ha causado daños a infraestructuras publicas y privadas que en base a una serie de informes que preparan las delegaciones territoriales van a permitir pedir al Gobierno la declaración de estas zonas en virtud de la Ley de Protección Civil», aseguró el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que hizo hincapié en que la Junta de Castilla y León «está siempre al lado de los ayuntamientos y de las personas que sufren daños por estos eventos, como ya hicimos en el caso de otras tormentas». Durante la explicación de los hechos, Suárez-Quiñones recordó que el 7 de marzo, la Agencia de Protección Civil de Castilla y León declaró la alerta debido a la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, como lluvias y nevadas, en toda la Comunidad. Tal declaración fue motivada por la llegada de cuatro borrascas de gran impacto que afectaron especialmente a la Comunidad y provocaron, durante más de dos semanas, intensas precipitaciones. A lo largo de este episodio de meteorología adversa, se activaron las situaciones 1 y 2 de los Planes de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en las cuatro provincias para las que ahora se solicita esta declaración.
Luz verde al proyecto de ley de servicios de Bomberos
El segundo acuerdo fue la aprobación el proyecto de ley de coordinación de los servicios de Bomberos de entidades locales de Castilla y León para garantizar un servicio «homogéneo y eficiente» en la Comunidad, «alineado» con los estándares nacionales y europeos, tal y como anunció el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante el Debate de Política General. Se trata de una «importante» futura ley que ha pasado por unos trámites «complejos» a través de diversos órganos consultivos de representación y ha contado con un «arduo» trabajo para articular un texto final que se estructura en más de 50 artículos, según detalló el consejero de Medio Ambiente, que destacó que los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento son calificados por la Ley de Protección Ciudadana en Castilla y León como servicios esenciales cuya concurrencia es necesaria en situaciones de emergencia, dada su disponibilidad permanente, pluridisciplinariedad o especialidad. El anteproyecto de ley se estructura en 56 artículos, dos disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y cuatro disposiciones derogatorias, mientras que la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León desarrolla la competencia autonómica en materia de protección civil, regulando los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. En el ámbito de la formación se incluye la formación básica obligatoria y continua según un plan anual.
6,3 millones para las obras de Medicina en León y Burgos
Otro de los anuncios del presidente de la Junta que ayer vio la luz fue una transferencia de 6,3 millones de euros para la implantación de los nuevos grados, como los de Medicina en León y Burgos, acordados por la Junta y los rectores el pasado año. De esta forma, se garantiza una financiación estable y previsible para permitir la concreción y desarrollo de las grandes obras e infraestructuras universitarias de larga duración en el tiempo, con mención especial a aquellas que son estrictamente necesarias para la implantación de los Grados de Medicina en las Universidades de Burgos y León a partir del curso 2026-2027. Entre las actuaciones llevadas a cabo con cargo al actual programa cabe destacar el Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo en Segovia, que será sede transitoria de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid. En este año 2025, la dotación a las universidades públicas de Castilla y León irá destinada, fundamentalmente, a ayudar a las instituciones a dotarse de las infraestructuras necesarias para la implantación de nuevas titulaciones: los Grados de Medicina en las Universidades de Burgos y León, que se implementarán en el curso 2026-2027; el Grado en Farmacia de la Universidad de Valladolid y el de Veterinaria en la Universidad de Salamanca, con fecha de implantación por concretar. Estas inversiones se suman al Plan de Transición Justa que cuenta para 2025 con una dotación de 5 millones para la Universidad de Valladolid para continuar con las actuaciones iniciadas en el Campus de la Yutera de Palencia.
La nueva residencia de Ávila: 27 millones
El último fue la autorización de la adjudicación de las obras de la nueva residencia de personas mayores de Ávila por un importe de 27 millones de euros, centro que contará con 192 plazas, más 16 del centro de día. El futuro centro se levantará sobre un solar de más de 14.500 metros cuadrados y contará con dos edificios diferenciados. Uno de ellos, el principal, tendrá cuatro plantas y estará destinado a la zona de alojamiento y atención especializada. El otro constará de dos alturas y en él se ubicarán los accesos generales tanto a la residencia como al centro de día, así como las áreas de uso general. Al igual que la nueva residencia 'San Juan de Sahagún' de Salamanca y el futuro centro de Zamora, el de Ávila también será un centro multiservicios para personas mayores dependientes cuya filosofía de cuidados girará en torno al modelo de atención centrada en la persona. La residencia de Ávila se estructurará bajo el modelo de unidades de convivencia: albergará un total de doce, cuatro por planta, con capacidad para entre 12 y 16 personas. Cada una de ellas estará integrada por cuatro habitaciones dobles y ocho individuales, todas ellas con baño accesible, y también se instalará un baño para camillas y espacios de uso común, como la sala de estar y el comedor. El centro de día también se organizará como una unidad de convivencia. El edificio que se construirá será eficiente energéticamente, con calificación tipo A, y sostenible, ya que se manejará bajo el estándar de 'consumo casi nulo', informa Ical.