La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ha otorgado una ayuda de 240 euros a 731 beneficiarios solicitantes del bono digital para contratar nuevos servicios de conexión a banda ancha y también para mantener los ya contratados. Los beneficiarios tienen ahora un mes, a contar desde la fecha de notificación de la resolución de reconocimiento, para contratar el servicio o mejorar las prestaciones del existente y mantenerlo como mínimo durante un año.

En un comunicado de la Junta recogido por Ical, señalan que se apuesta una vez más por ayudar a los colectivos más vulnerables, ya que esta convocatoria también está dirigida a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El objetivo es lograr que estas personas se doten de nuevas conexiones de banda ancha fija en sus domicilios o mantengan las existentes, en todo caso con un mínimo de 30 megabits por segundo (Mbps).

La novedad más reseñable de la última convocatoria ha sido la ampliación de potenciales beneficiarios a los mayores de 65 años, con la condición de que el domicilio de la instalación de la solicitud esté ubicado en municipios de menos de 20.000 habitantes que no formen parte de un Área Urbana Funcional.

Para llevar a cabo esta iniciativa, financiada con Fondos Europeos Next Generation, se cuenta con un presupuesto total de 749.520 euros, que se repartirán en bonos anuales de 240 euros por beneficiario, reduciendo en 20 euros al mes el coste total del servicio, IVA incluido, sobre la factura. El servicio deberá ser prestado, únicamente, por uno de los operadores-colaboradores que se han inscrito en el ámbito de Castilla y León, actualmente O2 (marca comercial con la que participa Telefónica de España) y Fibergreen.