Las nuevas medidas de ahorro energético en establecimientos comerciales, empresas y otros espacios públicos no convencen. El primer día de aplicación transcurrió ayer en pleno aluvión de críticas de varias comunidades autónomas, que adoptan la norma pero no la comparten. La mayoría de los establecimientos cumplieron con el límite de las temperaturas y apagar los escaparates desde las 22,00 horas, si bien el pequeño comercio, más crítico, especialmente en Madrid, continúa adaptándose a un cambió que prevé que tendrá un coste económico.
«Apagar los escaparates deja una calle súper oscura, no me van a ver el género», explica Jesús, encargado de una zapatería de la capital.
Además, los dueños de algunos establecimientos se muestran reacios a asumir otras novedades como el sistema del cierre de puertas para los locales climatizados, para el que cuentan con más tiempo de preparación, hasta el próximo 30 de septiembre.
«Podemos poner puertas automáticas, pero tenemos un paso de gente muy abundante. De esta forma, no van a estar cerradas nunca», advierte Jesús, que ha pedido presupuesto para su instalación: «son casi 10.000 euros. No sé si podremos cumplir el plazo porque los fabricantes ya tienen muchísimos problemas para suministrarlas».
Sus argumentos son aplicables a las 400.000 micropymes y pymes a las que representa la Confederación Española del Comercio (CEC), que entiende que el Gobierno debería haber contado con sus aportaciones. «El sector empresarial está dispuesto a seguir contribuyendo al impulso que necesita la economía de España, pero para eso necesita un marco estable y apoyos claros por parte de la Administración», reclama la patronal CEOE.
En líneas generales, el comercio de proximidad muestra su preocupación por los castigos ante un eventual incumplimiento del plan de ahorro del Ejecutivo, y admite su miedo a las multas.
El régimen sancionador se remite a la Ley de Industria de 1992, que establece sanciones de entre 60.000 euros y 100 millones de euros dependiendo de la gravedad.
Adaptación
Más tranquilas amanecieron las grandes superficies que, debido a su músculo empresarial, encaran con otro ánimo la implantación de estas iniciativas, con vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) apunta que el sector «lleva mucho tiempo invirtiendo en la mejora de las instalaciones y en la aplicación de políticas de sostenibilidad» y es consciente de la «necesidad» de aplicar medidas acordes con Bruselas para garantizar el suministro energético este invierno.
Por su parte, la hostelería afrontó las medidas de forma «generalizada», según el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.
El límite al termostato para que no quede por debajo de 27 grados en verano ni supere los 19 en invierno se aplica en edificios y locales de uso administrativo, comercial, cultural, estaciones y aeropuertos, pero no en centros sanitarios o de formación, peluquerías, gimnasios y medios de transporte en sí.