El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, exigieron ayer que se abra de forma «simultánea» la reforma de la financiación autonómica y local.

Carriedo, que participó en la comisión constitutiva de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la FRMP, remarcó que su objetivo es que la reforma de la financiación de autonomías y entidades locales «vaya de la mano» y que tenga en cuenta las circunstancias propias de Castilla y León, que son comunes a la comunidad, a sus municipios y provincias. «Son las mismas para determinar los costes de los servicios públicos esenciales», dijo.

Al respecto, afirmó que llevarán esta postura a la próxima Conferencia de Presidentes, al igual que se introdujo en la declaración del foro de Santiago de Compostela, donde iba una referencia específica. «Hablamos de dos caras de la misma moneda; es muy importe porque tenemos los mismos problemas de estructura demográfica y geográfica, y se debe tener en cuenta».

El portavoz de la Junta apeló que se abra un «debate transparente y en condiciones de igualdad» y advirtió de que «no pude ser que se debata primero con partidos separatistas y se quiera imponer al resto de España». En este sentido, reclamó que se escuche a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Fernández Carriedo incidió en que en la negociación de la financiación «no se puede ignorar la situación de nuestra autonomía» y razonó que la negociación autonómica y local «debe producirse de la mano, para que no haya administraciones de primera y segunda, porque los criterios son muy comunes», porque la apuesta es por un «sistema que garantice la igualdad, solidaridad y cohesión territorial».

Ángeles Armisén advirtió, por su parte, de que los municipios, no pueden quedarse con una financiación «residual» después de que se pacte la autonómica, por lo que exigió que sea «simultánea». Además, razonó que se va a hablar de la distribución de los recursos «de todos los españoles para garantizar los servicios a todos los niveles» y las administraciones «más cercanas a los ciudadanos» no pueden «quedarse con una financiación residual tras pactar la financiación autonómica».

La también presidenta de la Diputación de Palencia, recordó que llevan años reclamando una «financiación justa» para sus competencias y argumentó que debe ir junto a la autonómica, en una Comunidad marcada por su extensión, diversidad y configuración de su población, con un importante peso de mayores de 65 años, para garantizar los mismos servicios a todos los ciudadanos vivan donde vivan.

Criticó Armisén que el interlocutor del municipalismo a nivel nacional ha pedido muchas reuniones al ministerio y llevan un «retraso en la convocatoria» y trasladó que es preciso definir las competencias de las entidades locales así como modificar la ley de bases de régimen local y establecer una financiación correcta. «Hay que definir las competencias de las autonomías y de las entidades locales y cómo financiarlas, con qué criterios y cuantías, para establecer una financiación justa en beneficio de los ciudadanos», resumió.