La fiscal en el caso de la auxiliar administrativa de Villamarciel y Villavieja del Cerro acusada de malversar cerca de 160.000 euros de fondos públicos de ambas entidades menores, dependientes del Ayuntamiento de Tordesillas, ha rebajado este martes a cuatro años, seis meses y un día de prisión su petición de pena para Esther M.R. al estimar como circunstancia atenuante la ludopatía leve que sufría.

La rebaja en seis meses, frente a los cinco años que solicitaba inicialmente la acusadora pública, contrasta con la postura tanto del acusador particular, en representación de Tordesillas y de las dos citadas entidades locales, que ha mantenido para la encausada la petición de ocho años, como de la defensa, que se ha dirigido al jurado popular para reclamar un fallo absolutorio o una pena mínima que exima a su clienta de la obligación de entrar en la cárcel.

Practicada ya las pruebas testifical y pericial, el jurado recibirá este miércoles por la mañana el objeto del veredicto al que deberá responder para decidir la suerte de Esther M.R, a la que finalmente la fiscal del caso sí ha decidido aplicar, aunque solo como atenuante y no eximente completa, la adicción al juego que la acusada sostiene que le llevó a hacerse con fondos públicos de ambas entidades.

En su informe final recogido por Europa Press, la acusadora pública ha estimado como plenamente probados los hechos que se imputan a la que en 2011 fue contratada como auxiliar administrativa en Villavieja del Cerro y Villamarciel, algo que ni siquiera la acusada ha negado, en el sentido de que desde ese cargo de confianza llegó a desviar en beneficio propio cerca de 160.000 euros.

De tal cantidad, 80.917 euros procedentes de fondos de Villavieja y otros 76.114 de dinero público de Villamarciel se los embolsó en dos cuentas de su propiedad y otra de su entonces pareja mediante transferencias que realizó fingiendo pagos a proveedores por distintos servicios, cuantías a las que hay que sumar otros mil euros--inicialmente se le imputaban 15.178 euros--que la fiscal entiende que se han podido acreditar que obtuvo en mano de los vecinos por el cobro en metálico de distintas tasas que también se embolsó y no ingresó en las arcas municipales.

Para la acusación pública la responsabilidad penal de Esther tan solo se encuentra levemente minorada por esa ludopatía que hasta tres peritos, una médico forense, una psicológa y el conocido psiquiatra Blas Bombín, estos dos últimos como técnicos de la asociación Ajupareva, coinciden en calificar de leve pero sin que la misma impidiera que la acusada fuera plenamente consciente de la "ilicitud" o "maldad", en palabras del tercero, de sus actos.

Otra cosa muy distinta, ha advertido la acusadora, es que su defensor hubiera citado al juicio al responsable de alguna administración de lotería para acreditar ese supuesto juego compulsivo, el mismo que según Esther la había llevado en alguna ocasión a gastarse 1.500 euros de golpe en décimos y cupones.

Pero además, la fiscal no considera probado que la entonces auxiliar administrativa sufriera también una adicción compulsiva a las compras bolsos, vestidos, cremas y otros efectos, pese a que ella haya alegado lo contrario, e igualmente ha advertido de su nulo arrepentimiento por su conducta.

Sin arrepentimiento

"Hemos podido comprobar que es titular, junto a su pareja, de una finca de 800 metros cuadrados en Laguna de Duero y pese a ello no ha ingresado aún en la cuenta del juzgado ni 50 euros para afrontar posibles responsabilidades civiles por estos hechos", ha recriminado la fiscal.

El acusador particular, en representación de los intereses del Ayuntamiento de Tordesillas y ambas entidades locales menores perjudicadas, no se ha movido de los ocho años de privación de libertad pedidos para la acusada por entender que la ludopatía esgrimida por ella y su defensa son únicamente una cortina de humo para ver anulada o rebajada su imputabilidad.

"Este letrado no se ha creído esa ludopatía, sobre todo porque la denuncia se presenta en agosto de 2020 y ella no acude a la asociación Ajupareva para ponerse en tratamiento hasta un mes después, con el único propósito de preparar su defensa", ha censurado el letrado, quien ha añadido que esa adicción sin control al juego sí podría haberse probado en el supuesto de que la mujer hubiera acudido a un bingo o cualquier sala de apuestas, ya que en ellas es preciso identificarse. "Es mucho más fácil decir que jugaba a la lotería, de lo que no queda rastro", ha indicado.

Tampoco entiende el acusador particular cómo se puede hablar de falta de control de impulsos en una persona que de forma deliberada y planificada ha ido desviando a cuentas propias fondos por pagos a proveedores en los que hacía constar cantidades hasta con decimales.

Una enferma patológica

En el bando opuesto, el defensor de la autora confesa ha vuelto a poner el acento en que su clienta es una enferma patológica que padece una ludopatía que ha sido acreditada por todos los peritos y cuya vida se ha visto marcada por una desgraciada situación familiar, con un padre alcohólico que la abandonó cuando tenía tres años, una madre dependiente y una hermana con parálisis cerebral de las que se ha tenido que hacer cargo.

"Me dirijo a ustedes--al jurado--para pedir que mi clienta no ingrese en prisión porque no se va a recuperar en ella. Ella merece una oportunidad", ha manifestado el defensor como colofón a un informe en el que ha insistido en que hasta tres profesionales, entre todos con más de setenta años de ejercicio profesional, han confirmado la ludopatía y adicción a las compras que sufre Esther, "que si bien es cierto que era consciente de lo que hacía no pudo evitar hacer lo que hizo".

"Es tramposo hablar de una limitación parcial, como hace la fiscal. ¡O somos ludóptas o no somos! Si esta mujer no es capaz de controlar sus impulsos, estamos hablando de alguien que no es una persona normal", ha matizado el letrado.

En su intervención también ha criticado el "nulo control" existente durante dos años en ambas entidades locales menores que impidió que su patrocinada robara menos de lo que hizo, con alusiones directas al interventor que en su día destapó los hechos y con amenaza incluso de denunciar ante la Seguridad Social que su clienta llegó a trabajar durante casi trece años, entre 1999 y 2011, sin contrato alguno en Villavieja del Cerro.

En esa caótica gestión en ambas entidades el defensor ha contextualizado igualmente los 220.000 euros de "deuda histórica" en Villamarciel y los 90.000 que asegura que arrastra Villavieja del Cerro.