La Audiencia de Valladolid celebra a partir de este jueves, 17 de octubre, un nuevo 'macrojuicio', el segundo mayor hasta la fecha de su historia, en el que se investiga a un total de sesenta y una personas por hechos que se remontan a 2015 y circunscrito a la obtención de créditos en distintas entidades bancarias, que luego no se devolvían, para la adquisición de vehículos y mediante la aportación de documentos falsificados.

El día 23 de octubre de 2018 la Audiencia vallisoletana vivió el denominado 'macrojuicio de las multiestafas', el más voluminoso de su historia en cuanto a número de investigados, con un total de sesenta y cinco, lo que obligó a trasladar el juicio a la Feria de Valladolid por falta material de espacio, si bien ese día se produjo una conformidad de todos los encausados que permitió reducir la vista a una mera comparecencia.

Pues bien, este nuevo procedimiento del Juzgado de Instrucción número 1 abierto contra 61 personas--inicialmente eran 63, pero han fallecido dos--ha obligado a la Sección Segunda de lo Penal a trasladar el juicio a la Feria de Valladolid debido a problemas de espacio--el número de testigos y profesionales se aproxima a 40-- para la celebración de un proceso que, en principio, podría prolongarse hasta el día 12 de noviembre.

Hasta el momento, el número de acusados que ya ha pactado pena supera la decena, con lo que hasta el mismo día del inicio del juicio e incluso ese mismo día la cifra podría seguir aumentando, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Dos fugados

En su escrito de calificación provisional, el fiscal del caso solicita para los 61 encausados, de los cuales dos no comparecerán y se encuentran declarados en rebeldía, un conjunto de penas que suman más 470 años de cárcel. Las peticiones oscilan entre un año de prisión y los 18 a los que se exponen siete de los presuntos implicados. Para otra veintena procesados la acusación pública pide 11 años de privación de libertad, mientras que otras dos decenas se enfrentan a penas de cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, se solicitan indemnizaciones que en su conjunto superan los 780.000 euros en beneficio de las entidades perjudicadas. En el proceso figuran como acusaciones particulares Caixabank, Banco Santander, BBVA y Servicios Financieros Carrefour.

Los hechos objeto de la presente causa, en la que se investiga un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental, otro de pertenencia a grupo criminal, un delito de blanqueo de capitales y un cuarto delito de falsedad documental, fueron destapados a raíz de una denuncia inicial en octubre de 2015 y llevaron a centrar las pesquisas en una organización dedicada a obtener dinero de entidades bancarias, que no se devolvía, con la elaboración de documentos que imitaban a otros verdaderos.

Con distribución de tareas, se realizaban estudios previos en diversas entidades crediticias--Santander, Caja Rural de Zamora, ING Bank, Caja Laboral, Bankia y Caixa Bank--, de modo que averiguados los requisitos que exigían, se confeccionaban los documentos falsos, se seleccionaba a las personas que luego convenían en colaborar de modo activo y se solicitaban los préstamos para la compra de automóviles.

Otras personas se dedicaban a realizar ingresos que simularan ser procedentes de nóminas de los trabajos inexistentes, para engañar a los empleados bancarios. Este grupo habría llegado a defraudar cerca de 800.000 euros.

Sociedades offshore

En el transcurso de las investigaciones, la policía efectuó un registro en un despacho del Pasaje Gutiérrez, donde, entre la distinta documentación obtenida, aparecieron diversos papeles que poseen información genérica para la constitución de sociedades 'Offshore' en Reino Unido.

Entre los documentos se localizaron justificantes en papel de mensajes de correo electrónico cruzados entre la cuenta de uno de los investigados y la empleada de una sociedad británica cuyo objeto indiciariamente era la constitución de una sociedad dedicada al comercio de materiales de construcción en Reino Unido y de la que, precisamente, uno de los directores/accionistas era uno de los principales presuntos responsables del grupo investigado.

El hallazgo de esta documentación en el registro del local, sede de los presuntos cabecillas, así como el referido cruce de correos constituyen materia indiciaria respecto al hecho de que el grupo criminal investigado pudiera valerse de una sociedad radicada en el extranjero para canalizar el producto de la actividad delictiva desarrollada.

Se da la circunstancia de los correos reseñados datan del 28 de abril de 2016, fecha en torno a la cual se pudo observar en diversas vigilancias policiales que los supuestos miembros del grupo criminal establecieron el despacho en el Pasaje Gutiérrez.

"Aparece por tanto indiciariamente el grupo criminal investigado con una actividad tendente a la estafa bancaria, con la utilización de testaferros y toda la infraestructura necesaria para la obtención fraudulenta de préstamos con documentación falsa y, en el momento de la intervención policial, se encontraba comenzando a desplegar un importante esfuerzo destinado a ocultar, colocar y enmascarar los bienes patrimoniales producto de la actividad ilícita investigada", concluía el auto de Instrucción 1.