La Junta de Castilla y León reclamó ayer al Gobierno de España que «escuche y negocie» con el sector de la abogacía para actualizar las remuneraciones de los profesionales del turno de oficio, nombre con el que se conoce popularmente a la justicia gratuita, dado que los baremos se mantienen sin actualizar desde 2018 cuando el IPC ha subido un 17 por ciento. Así lo señaló el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en declaraciones recogidas por Ical, en las que asumió las reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía, tanto a nivel estatal como autonómico, para que en la nueva ley de justicia gratuita «se negocie» con los abogados y «se contemplen determinadas retribuciones para determinadas actuaciones procesales nuevas que han ido surgiendo» desde la aprobación de la anterior ley. Una norma que data de 1996 y que, según González Gago, «por los años transcurridos y las reformas legales posteriores, podemos decir que está en muchos puntos obsoleta», como en la ausencia de retribuciones para cuestiones como el derecho penitenciario, la ejecución de resoluciones judiciales y la defensa de las personas jurídicas.

«Es bueno que esa ley se actualice», aseguró González Gago, lamentando que desde el Gobierno autonómico no puedan ser «especialmente incisivos» en la toma de decisiones al no tener transferidas las competencias en justicia, como sí sucede en otros territorios, lo que no impide que la Junta se sume a las reivindicaciones de la abogacía castellana y leonesa. En ese sentido, Gago también apuntó la «desigualdad en las percepciones que se reciben por parte de los más de 45.000 abogados de turno de oficio en España» entre aquellas comunidades que sí tienen las transferencias de justicia y las que, como Castilla y León, no las tienen.

Por ello, reiteró el consejero de la Presidencia la necesidad de que el Gobierno aborde no solo la equiparación entre territorios o la armonización con el encarecimiento de la vida desde 2018, sino también «la actualización permanente de esas cuantías» como sucede «en cualquier actividad», para que a partir de ahora, los abogados del turno de oficio vean aumentada la cuantía que reciben en función de la subida de los precios, cada año, a nivel nacional.

Luis Miguel González Gago realizó estas declaraciones durante la apertura de las octavas jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita que se celebran, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española. También participó la presidenta de este último órgano a nivel nacional, Victoria Ortega, que afirmó que estos dos días se trabajará «el contenido que deba tener la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita» tras 30 años de existencia en los que la justicia ha cambiado y la norma «no recoge los supuestos de la realidad actual», por lo que «hay que modificarla».

Se tratará así de lograr un consenso «entre todos» para tratar «el contenido que tiene que llevar la nueva ley» ante cuestiones como la defensa de las personas jurídicas ante delitos penales o la necesidad de asesoramiento previo. En la misma línea se expresó el presidente del Colegio de Abogados de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, que reivindicó tanto la actualización de unos baremos que «llevan sin moverse desde 2018» como una nueva ley de justicia gratuita.