La Asociación de Vecinos Nuevo Hospital de Valladolid ha reiterado este lunes su oposición al centro de atención a personas refugiadas que proyecta instalar en la calle Dulzaina el Ministerio de Inclusión, y asegura que cuenta con "el respaldo de la abrumadora mayoría de los vecinos", ante la falta de "argumentos sólidos sobre sus beneficios".
A través de un comunicado recogido por Europa Press, esta asociación vecinal critica que les resulta "incomprensible" la motivación "detrás de la construcción" de un centro de este tipo en esa zona de la ciudad. Asimismo, asegura que existe una "creciente preocupación y confusión" entre los vecinos que achaca al "silencio" de las administraciones casi un mes después de la reunión convocada por el Ministerio de Inclusión en la que se abordó este asunto.
La información recibida hasta el momento ha sido "sumamente contradictoria en varios aspectos clave", entre los que el citado colectivo vecinal incluye "la naturaleza del centro", si bien cabe apuntar que en el acuerdo plenario del inicio del trámite de cesión de la parcela, en el Boletín Oficial de la Provincia y en varios comunicados de prensa se hablado de esta instalación como "Centro de Acogida".
Tampoco considera que se haya aclarado la duración prevista de la estancia de los usuarios, que apuntan que podría ir "de seis meses a 18 meses", la cifra de inversión europea, que aseguran que "oscila entre 5 y 17 millones de euros; o el grupo de personas que serán acogidas, que podrían ser "refugiados, demandantes de asilo" entre otros.
Asevera que "ninguna de estas incertidumbres ha sido resuelta en la mencionada reunión ni posteriormente, lo que ha aumentado la desconfianza entre la comunidad".
Ha incidido en que la oposición de los residentes de la zona del Nuevo Hospital "no se dirige en contra de la acogida de refugiados, sino que se centra en la elección de la ubicación y dimensión del centro" y defienden que la solidaridad de este entorno está "más que demostrada", y recuerdan que cuentan con varias instalaciones de carácter social como el Centro Regional Zambrana, dos casas de acogida y tres centros religiosos que atienden a personas en situación de necesidad.
Por otro lado, señalan que "falta de un informe justificativo que respalde la ubicación seleccionada y lo compare con todas las opciones disponibles", la "carencia de servicios esenciales en la zona, como parques, colegios y guarderías públicas, ambulatorio, centro para jóvenes y mayores", o la preocupación de que un centro "de tal magnitud, con capacidad para 200 personas", lo que representa el 10 por ciento de nuestra población y no ofrezca garantías adecuadas de asistencia e integración para sus usuarios.
Además, ha rechazado "la imagen negativa" que considera que se ha proyectado de los vecinos "después de la reunión del 9 de octubre, donde la información fue escasa y poco precisa".
En este contexto, también asegura que ha contactado con asociaciones vecinales en otras partes de España que tienen experiencia en la gestión de estos centros, para tratar de informarse y "juzgar de forma objetiva la situación", por lo que defienden que su opinión "se basa en argumentos lógicos y razonables, expresados con respeto y civismo".
Eso sí, matiza que "el hecho de decir basta" responde al "hartazgo y la injusticia" que consideran que supone la ubicación de un centro de refugiados en su zona. Y asegura que "bajo la falsa premisa" de calificarles de "insolidarios" se trate de "chantajear" al barrio, privando de opciones al barrio y acrecentando su desigualdad y agravio comparativo con respecto a otras zonas nuevas de la ciudad que sí se potencian con dotaciones públicas que atraen la inversión privada, permitiendo su crecimiento y desarrollo".