La financiación de los servicios sociales ha abierto una batalla política entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León. No es una reclamación nueva, pero el alcalde de la capital ha decidido dar un paso adelante y encabezar una ‘revuelta’ para reclamar al Gobierno regional más dinero para pagar, entre otros, el servicio de ayuda a domocilio, que en Valladolid beneficia a más de 4.700 usuarios, pero que sumando la provincia se acerca a los 7.000. De hecho, los tres ayuntamientos con competencias en materia de acción social y servicios sociales (Valladolid, Medina y Laguna) y la Diputación financian la mitad, o incluso más, del coste del servicio.

La reclamación del regidor socialista, que apoyan otros  ayuntamientos del PSOE de la región, es que la Junta asuma el 90% del coste total, según se recoge en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. Una petición que se puntualiza desde la administración regional, donde se recuerda que el acuerdo marco de financiación fija unos «máximos y mínimos». Eso implica que la Junta calcula el coste de los servicios en cada localidad, y a partir de ahí permite que los consistorios puedan «disponer la financiación complementaria adicional que consideren oportuna para la atención y mejora de las prestaciones».

Desde la Consejería de Familia, su secretario general, explica que el reparto de los fondos, del acuerdo marco para la prestación de los servicios sociales, se realiza conforme a una ponderación de la población y por ratios de edad, primando los núcleos rurales.  Eso no evita que la mayoría de los 20 consistorios y nueve instituciones provinciales, que tienen competencias en la región, reclamen  más financiación regional para no tener que incrementar sus presupuestos para hacer frente a la demanda de un servicio cada vez más reclamado por una población envejecida. A esto se suma que la prestación de los servicios sociales es una de las competencias «impropias» que asumen en espera de la llamada segunda descentralización.

DENUNCIA O DEVOLUCIÓN

Pero el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha pasado de la reclamación barajar acudir a los tribunales tribunales para  exigir la financiación que considera «correcta» o devolver la competencia al Gobierno regional. Puente discrepa del acuerdo marco que fija una transferencia global para los serivios sociales de Valladolid en 2020 de 10,6 millones de euros. Una dotación que no cubriría, según el alcalde, ni el coste de una de las grandes prestaciones, la de la atención a domicilio. Este servicio costará este año 11,8 millones, de los que la Junta finaciará el 47%, mientras que el 53% restante lo cubrirán las arcas municipales y los usuarios.

Una situación de desequilibrio  prespuestario que se repitió el año pasado, aunque en ese ejercicio la aportación de la Junta fue superior y llegó 10,9 millones, gracias a la adenda aprobada para incrementar la partida inicial. Según los datos de ejecución presupuestaria municipal, el Gobierno regional transfirió 6 millones de euros para ese servicio cuando la Concejalía de Servicios Sociales fijó su coste en 9,6 millones de euros, lo que implica una cobertura del 63,9%.

En la capital la prestación de la ayuda a domicilio llega actualmente a 4.771 personas, que disfrutan de 587.076 horas de atención. Una cifra que se ha incrementado en los cinco últimos años, ya que en 2015 los usuarios eran 3.355 y las horas prestadas fueron 418.937. En ese año el coste del servicio fue de 5,4 millones de euros, de los que las arcas municipales costearon el 12,4% (682.000 euros). 

¿Por qué se produce ahora este desfase? Porque el Ayuntamiento de Valladolid ha ampliado el servicio, sobre todo la prestación del número de horas, para eliminar la lista de espera. De hecho, el año pasado el número de usuariso de la ayuda a domicilio se incrementó en una mil personas y «se eliminó la lista de espera», apunta Romero. Esta decisión también se justifica porque los usuarios «están cada vez más deteriorados y  necesitan más horas para poder permanecer en su domicilio», explica la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero. Así, el número de horas de prestación del servicio  subió notablmente en 2019, donde casi 400 usuarios de la prestación vieron incrementadas su horas, pero la concejala de Servicios Sociales no garantiza que se pueda mantener «sino hay más dinero».

Una visión muy diferente ofrecen desde la Consejería de Familia desde donde explican que el Gobierno regional reconoce una cuantía económica a las personas en situación de dependencia «cuando no es posible el acceso público o concertado». Esta situación se produce, detallan, cuando a un ayuntamietno se le acaban las horas contratadas de ayuda a domicilio. «Esta cantidad en Castilla y León siempre se garantiza. Y se hace en aplicación del artículo 17 previsto en la Ley de Dependencia», reiteran el secretario general de la Consejería.

Por otra parte, el Gobierno regional aprovecha la reclamación de Puente de más dinero para recordar que en España el esfuerzo económico que hacen las comunidades autónomas en la financiación del sistema de servicios sociales es de un 73,5%, mientras que el de las corporaciones locales es del 26,5%. «Sin embargo en el caso de Castilla y León, el esfuerzo de la comunidad autónoma es de un 77,9% y el de los ayuntamientos es de un 22,1%».

En esta línea, desde la Consejería de Familia recuerdan que en 2018 el Gobierno central  destinó a la financiación del sistema de atención a la dependencia en Castilla y León  134,6 millones de euros€ (23,7%) mientras que la comunidad gastó 434,5 millones€ (76,3%). Un dato que se  utiliza para detallar que la financiación estatal «está muy lejos de llegar al 50%». Esto motiva, apuntan, que el Gobierno regional no pueda financiar los servicios todo lo que quisiera. «No obstante siempre garantizamos el derecho de las personas a acceder a las prestaciones», recalcan.

NUEVA LICITACIÓN

Aunque este no es el único problema del servicio, ya que el Ayuntamiento ha tenido que volver a licitar en enero el contrato del servicio de ayuda a domicilio  para los próximos cuatro años, con un presupuesto estimado de 36,3 millones, después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) anulara la anterior convocatoria. «Un contrato que fijaba nuevas condiciones para mejorar la calidad del servicio que se da a 4.771 personas mayores. Y, además, se establecen mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores», detalla Romero.

La propuesta municipal conllevaba que la  empresa concesionaria del servicio abone los desplazamientos a las trabajadoras, que suponen una media del 5,6% del tiempo de su trabajo. «Más de quinientas empleadas se beneficiarán de los nuevos requisitos que deben cumplir las empresas», asegura. En esta licitación, el Ayuntamiento fijaba el coste de una hora en jornada laborable en 17,66 euros y de la festiva en 20,24  euros la hora.