Las empresas de la capital deberán hacerse cargo de la recogida de sus residuos, todos los que no sean "ni domésticos ni asimilables a domésticos", a partir del próximo 1 de enero. Este cambio que ya les ha comunicado el Ayuntamiento, tanto por carta como en sendas reuniones con las asociaciones de empresarios de los polígonos de Argales y San Cristóbal, conllevará que tengan que contratar un servicio de recogida y gestión de residuos como el cartón, por ejemplo, ya que no podrán depositarlos tampoco en los contenedores existentes. El servicio de limpieza municipal solo recogerá los restos "domésticos o asimilables", como pueden ser los derivados de las oficinas.
Los responsables de ambos polígonos tendrán en los próximos días una reunión para abordar este cambio, derivado de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a todos los ayuntamientos a fijar una tasa de basura que cubra los costes reales de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidas la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación. Este nuevo tributo entrará en vigor el próximo año, con un desembolso medio para los hogares de 71 euros, pero que en el caso de los locales comerciales y naves de actividades económicas se calcula en función de la actividad que se desarrolla en el local, y la superficie del mismo. El coste oscilará entre un mínimo de 80,74 euros y un máximo de 1.711 euros.
El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado Toquero, explica a El Día de Valladolid que este cambio viene obligado por la ley. En la carta que su departamento ha entregado se apunta que la ley determina que la competencia del Ayuntamiento en materia de recogida, transporte y tratamiento de residuos "queda limitada a residuos domésticos y asimilables a domésticos", lo que implica que quedan fuera los generados como consecuencia de las actividades del sector servicios e industria.
Cuadrado detalla que hasta ahora se estaba haciendo un esfuerzo por recoger puerta a puerta estos residuos (especialmente cartón), pero ahora todos los ayuntamientos optan por que lo gestionen ellos. Esto implica que estarán eximidos de la tasa de basura, salvo por los metros cuadrados que dediquen a oficinas, de las que se seguirán recogiendo los residuos. Una situación que se hará extensiva a los comercios con más de 400 metros cuadrados. "En consecuencia, los residuos que no son domésticos, ni asimilables a domésticos, deben ser recogidos y gestionados por sus propietarios, bien a través de una empresa especializada o de su distribuidor o proveedor", se detalla en la carta.
Esto es precisamente lo que abordarán los responsables de ambos polígonos en una próxima reunión. Antonio Rodríguez, presidente de la asociación de empresarios del polígono de San Cristóbal, considera que tienen tiempo para adaptarse a la nueva normativa y espera que una gestión conjunta les resulte más económica. Rodríguez también reconoció que desde hace año el Consistorio se hace cargo por encima de sus competencias de recoger los residuos industriales porque las empresas "no tienen dónde dejarlos y las empresas de gestión solo lo recogen cuando alcanza una cierta cantidad para trasladarlos a plantas de residuos en Burgos. En este polígono se generan más de 120 toneladas de residuos al año y buena parte de ellas son recogidas por personal del propio Ayuntamiento, pese a que no le correspondería hacerlo, como reiteran desde ambas partes.
Precisamente, en esta área industrial está pendiente de ejecutar la demanda histórica de contar con una planta de recogida de residuos industriales. Un compromiso que se reactivó en la reunión de octubre del año pasado, donde el alcalde, Jesús Julio Carnero, se comprometió a sacar los pliegos para adjudicar su construcción y gestión. Antonio Rodríguez recuerda que hay una parcela en el polígono reservada para esa función "desde hace cuatro años" y espera que este trámite se ejecute en breve.
Este proyecto deriva de 2015, cuando el Ayuntamiento anunció que el polígono de San Cristóbal contaría con el centro de tratamiento de residuos ubicado en una parcela municipal. De hecho, los empresarios han alertado en este tiempo que existe cierta «presión» por parte de las empresas que se dedican a la recogida de residuos, ya que consideran que esta cesión municipal es una «competencia desleal».
Alfonso Pestaña, presidente de la asociación de empresarios del polígono de Argales, sí que se muestra más preocupado por el plazo para contratar un gestor. El objetivo es que las asociaciones de ambos polígonos puedan "conseguir" una propuesta ajustada de precio. Y por eso apunta que se invitará a sumarse a las empresas que no están asociadas porque individualmente este proceso es más farragoso y costoso. "Es otra cosa más de la que ocuparse. Cada vez nos ponen más difícil ser empresarios", lamentó, aunque recalcó que la medida se ajusta a la ley y pondrán todo de su parte para su correcto cumplimiento.