Cinco locales de apuestas están ubicados a menos de 150 metros de un centro educativo en Valladolid. Y ocho más se encuentran a menos de 300 de otros establecimientos específicos de juego y apuestas. Ninguno de ellos podría haber abierto con la nueva Ley del Juego de Castilla y León, que entrará en vigor este domingo, 21 de abril. Realmente no es una nueva, es la adaptación de la existente desde 1998. Exactamente, como dice la norma, se ha adecuado «a la sociedad actual y con vistas al futuro, en línea con las recientes normas reguladoras del juego y las apuestas, tanto a nivel estatal como autonómico», es decir, a los cambios sociales y tecnológicos que se han producido en estos años.

En el nuevo texto se recogen modificaciones y anexos a artículos de esa ley del 98, destacando la ampliación, a 150 metros, de la distancia mínima de un local de apuestas o juegos con respecto a los centros de enseñanza reglada (antes era de 100); y que no se podrán otorgar autorizaciones para instalar nuevos establecimientos cuando exista otro a menos de 300 metros de distancia. Estos dos artículos hubieran impedido la apertura de esos 13 locales en la capital si esta ley se hubiera aprobado antes. Porque hay que dejar claro que el texto que entra en vigor este 21 de abril no tiene carácter retroactivo.

Valladolid cuenta con 41 establecimientos específicos de juego y apuestas en activo: 4 son bingos, 1 casino, 6 casas de apuestas y 30 salones de juego. Así lo recoge la Memoria Anual (2023) del Juego y de las Apuestas de la Comunidad de Castilla y León, aprobada el pasado 31 de enero. No ha habido aperturas desde 2021 y sí algún cierre. La mayoría están ubicados en la capital, dos en Laguna, uno en Tordesillas y otro más en Medina del Campo.

Y trece incumplen alguna de esas nuevas normativas de la Ley. 

De ellos llama la atención el caso de dos de ellos, un Codere y un Luckia, dos de las cuatro empresas que operan en Valladolid, que se encuentran en la plaza España a escasos metros del CEIP Antonio García Quintana. Uno de ellos enfrente de la entrada y salida del centro escolar. El Cardenal Mendoza también tiene a la vuelta de su esquina un Sportium; como el Santa Teresa de Jesús con un Luckia, a la vista desde su puerta. El Nuestra Señora del Carmen también cuenta con un salón de juego enfrente de sus instalaciones.

Esta ha sido una de las reivindicaciones desde hace años de la  Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva), que en 2019 realizó un mapa interactivo con la ubicación de los establecimientos de apuestas y juegos, y los 135 centros educativos de la capital. Su presidente, Ángel Aranzana, siempre ha pedido que la distancia mínima entre los establecimientos de juego y las puertas de colegios e institutos se modificase, pasando de los 100 metros a los 300. «Si la ley se aplicara con carácter retroactivo deberían cerrar muchos. Lo de los 150 metros con respecto a un colegio nos sigue pareciendo poco», señala.

De los establecimientos de la capital es raro no encontrarse uno en los alrededores de un centro educativo (en distancias que van entre los 200 y los 400 metros). Por barrios, hay que destacar que dos de estos locales están en Parquesol y uno en La Victoria. El resto están en la otra margen del río, con cinco en La Farola; 3 en Campo Grande; 9 en el centro; 2 en la plaza Circular; 1 en Vadillos; 5 en La Rondilla; 2 en Pilarica y 7 en Las Delicias.

Otra de las peticiones de Ajupareva, que sí se ha llevado a cabo, era que se fijara una distancia mínima de 300 metros entre establecimientos de juego. Actualmente hay ocho locales que incumplen la futura norma (la ley no establece medidas restrictivas o con carácter retroactivo). Dos de ellos se encuentran en el camino de la Esperanza; otros dos en la zona de la plaza del Ejército; otros dos en el entorno de la estación de autobuses y la calle Gabilondo; cinco en La Rondilla, en distancias que rondan los 200-300 metros; y otros tres en Las Delicias (calle Canterac, Carmelo y Embajadores).  

datos. La Memoria aprobada por la Comisión de Juego y Apuestas de la Comunidad de Castilla y León refleja que en Valladolid existen 3.231 establecimientos de juego y apuestas en activo, entre los que se cuentan almacenes de máquinas, bares, cafés...; y que a 31 de diciembre de 2023, el número total de prohibidos en el registro era de 1.052 en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Solo Ajupareva lleva este año ya a 49 personas atendidas (en 2023 fueron 106 y en 2022, 120). «Pedimos, aparte de que el dinero de las sanciones vaya destinado a campañas de prevención y asociaciones, una cantidad para esta lucha, que no ha recogido la Ley», añade Ángel Aranzana. 

¿Qué dice la Ley?

¿Distancia entre un local y un centro escolar?

«En ningún caso se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos específicos de juego y apuestas en la zona de influencia de centros en los que se imparta educación primaria, secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico, enseñanzas elementales de música y danza, así como educación secundaria postobligatoria comprensiva del bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas artísticas tanto de música y de danza como de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio, que se establece en una distancia de 150 metros».

¿Distancia entre locales destinados al juego?

«Tampoco se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos específicos de juego y apuestas cuando exista otro establecimiento específico de juego y/o apuestas ya autorizado a menos de 300 metros de distancia de la ubicación pretendida».

Accesibilidad.

«Se modifica el artículo 7 de la Ley para intensificar el control de acceso a los establecimientos específicos de juego y apuestas, debiendo disponer, en cada una de las puertas de entrada al establecimiento, además de un Servicio de control de acceso, de un Registro de visitantes, como se exige para los casinos de juego».

¿Dónde irá el dinero recaudado en sanciones?

«En el ámbito sancionador se establece, de forma novedosa, el carácter finalista de la recaudación obtenida por la imposición de sanciones, cuyo destino principal será la financiación de programas de prevención y rehabilitación de personas con problemas de adicción al juego, a campañas y acciones formativas de prevención y a programas

sociales, educativos y de salud pública».