Las causas exactas con las que Bimbo pretende avalar ante los sindicatos y la autoridad laboral su expediente de regulación de empleo para cerrar su fábrica de Valladolid empezarán a conocerse con detalle el próximo miércoles, una vez arranque la negociación con los sindicatos. Pero, ya de inicio, la empresa alude a una cuestión de «eficiencia».

Según señala en un breve escrito facilitado a El Día de Valladolid, en respuesta a las preguntas que esta redacción le planteaba el jueves: «La necesidad de concentrar la fabricación de determinados productos para adecuar la demanda a los territorios en los que operan las plantas y generar eficiencias logísticas nos ha llevado a tomar la decisión de cesar la actividad de la planta», expone. Y sobre la posibilidad de ofrecer recolocaciones: «Estamos en una fase inicial del proceso y todas estas cuestiones deberán ser negociadas con la representación laboral. Confiamos negociar con el comité como hemos hecho siempre, consiguiendo llegar a los mejores acuerdos dado el contexto», concluye.

La compañía ya cerró una fábrica que tenía en Alicante el pasado mes de marzo y otra en Madrid a finales de 2022, pero tiene más en Madrid, Valencia, Barcelona o Canarias, además de la de Medina del Campo.

Entretanto, el comité de empresa, con mayoría de CCOO e integrado también por UGT, rechaza el cierre por considerar que la planta es «totalmente viable», asegura que no registra «indicadores económicos malos» y que además cuenta con una plantilla con salarios más bajos que en otras fábricas que mantiene Bimbo en España. Pero, de momento, la única explicación que ha recibido es que esta fábrica «no alcanza los indicadores económicos necesarios en España». 

Tras el anuncio de cierre del miércoles, este mismo jueves por la mañana se celebraba una reunión en el Ayuntamiento de Valladolid con la participación del alcalde, representantes de la Junta y de los empleados. «Nuestro primer objetivo es exigir el mantenimiento de la actividad», dijo Carnero a la prensa. También pidió «explicaciones» y «aclaraciones» a la empresa, y «si no ha lugar a otra posible solución», anticipó lo previsible, que tocará poner en marcha «el protocolo de empresas anticrisis, que como saben funciona», dijo en alusión a la Fundación Anclaje de la Junta, de cara a la búsqueda de alternativas industriales que pudieran dar continuidad a la actividad en estas instalaciones.