La Intervención del Ayuntamiento de Valladolid ha detectado incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público tanto en obras mayores como en contratación menor en el Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León durante el año 2022, por lo que en un plazo de tres meses habrá de elaborarse un plan de acción con medidas correctoras, la identificación del responsable de implementarlas y un calendario de ejecución de la misma.

El capítulo referido a la Institución Ferial del informe de control interno de las entidades del sector público local de 2023 de la Intervención Municipal concluye de forma "no satisfactoria" el apartado sobre contratación y explica que, por motivos operativos, el consorcio "se ve obligado en la práctica a no cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público para la viabilidad del negocio". Sin embargo, aunque reconoce que aunque ello "pueda justificar" la adecuación de las obligaciones legales a la realidad operativa, los contratos de obra mayor "deberían contar con algún control y formalización alternativo que aseguren el fondo de la norma, aunque la forma se vea afectada por la necesidad operativa". El informe también señala salvedades en materia de contratación menor.

Por ello, la Intervención concluye que dada la naturaleza de poder adjudicador del Consorcio, "se hace necesario que se arbitren los medios necesarios para evitar" esta falta de control y "regularizar" todas las prestaciones que ahora se llevan a cabo "sin la debida cobertura contractual".

El citado Consorcio está formado por representantes del Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación provincial, la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio. La presidencia del mismo correspondió el año pasado a los sucesivos alcaldes de la ciudad, Oscar Puente hasta el relevo en el consistorio y Jesús Julio Carnero en la segunda parte del año, mientras que en la actualidad corresponde al consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones.

El informe de la Intervención al que ha tenido acceso la Agencia Ical también expresa algunas salvedades respecto a las aportaciones de las entidades que forman el órgano de gestión de la institución ya que recuerda que en 2022 se acordó la absorción de la cuota proporcional de la Cámara de Comercio de Valladolid por el resto de las entidades debido a su "particular situación financiera". En este caso, la Intervención dice que se debe seguir tomando decisiones sobre la entidad bien para modificar su forma jurídica y avanzar hacia su transformación en una sociedad mercantil de acuerdo a los informes técnicos que señalarían que "en atención a la actividad que se desarrolló" sería la fórmula "más adecuada" o bien manteniendo su actual configuración, pero adaptando los estatutos a la actual realidad.

En casos como este, la norma obliga al Ayuntamiento a elaborar un plan de acción en el plazo de tres meses con las medidas que se adoptarán para subsanar las deficiencias y los incumplimientos reflejados en la auditoría, así como el responsable de implementarlas y un calendario de ejecución. Este plan deberá ser valorado por la propia intervención, que deberá al Pleno municipal sobre su efectividad. En este caso, será el área de Comercio, Mercados y Consumo la competente para elaborar el proyecto. El titular de esta Concejalía, Víctor Manuel Martín Mélendez, ha informado ya a los integrantes del consorcio de esta circunstancia y les ha pedido que le remitan sugerencias, consideraciones o recomendaciones a la mayor brevedad posible y en todo caso antes del 1 de junio.