Las consecuencias del atasco que sufren los juzgados de Valladolid tienen en la jurisdicción laboral el ejemplo más llamativo. La crisis del coronavirus ha echado al traste las bondades que debía traer consigo la entrada en funcionamiento –en enero de 2020– del Juzgado de lo Social número 5 de la ciudad y la realidad es que vuelven a estar en el punto de mira, por ser los que más dilaciones sufren a la hora de señalar las vistas.
Ahora mismo ya se están fijando «juicios no urgentes» para el mes de abril de 2024 en alguno de estos juzgados de lo Social, es decir, para dentro de prácticamente un año, tal como detallan diversas fuentes judiciales a este periódico. Y por el momento siguen sin contar con esos dos magistrados de refuerzo que se solicitaron a través del TSJ y que el Consejo General del Poder Judicial no respaldó al entender que esta medida no se encontraba justificada.
El Tribunal Superior de Justicia, en su última memoria (presentada hace un par de semanas), ya no incluía la necesidad de ese refuerzo y se limitaba a pedir la llegada de cuatro magistrados a Valladolid (uno para la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y tres para las dos salas vallisoletanas del TSJ y que precisamente tomaron posesión ya el pasado miércoles) y la puesta en marcha de dos juzgados más de Primera Instancia, uno de ellos especializado en Familia, así como un servicio común de registro y reparto, y la implantación de las guardias de 72 horas para los seis juzgados de Instrucción.
Pero el juez decano tiene claro que también se necesita un sexto juzgado de lo Social: «El problema de la jurisdicción laboral en esta ciudad no es coyuntural, sino que se está recibiendo un número de asuntos por encima del marcado en el módulo del CGPJ y eso se va a seguir produciendo, porque es un problema estructural que solo se soluciona con otro juzgado».
En este sentido, Emilio Vega apunta que «ahora mismo los cuatro magistrados ya se están 'autoreforzando', señalando 20-25 juicios a la semana para intentar sacar adelante todo y, claro, hay que tener en cuenta que después hay que poner esas sentencias, que eso también es trabajo del juez». «En Valladolid se necesita uno más de lo Social y dos más de Primera Instancia, uno de ellos dedicado a Familia», apostilla el propio juez decano en declaraciones a este periódico.
Los plazos
El decano de los abogados, por su parte, cree que «lo más urgente sería constituir uno de Familia», aunque dice que «lo peor está en Social», ámbito en el que se creó el penúltimo órgano judicial de Valladolid, hace poco más de tres años, y tras el que solo se ha puesto en marcha (en 2022) el Juzgado de lo Mercantil 2. «Se nos ha juntado la época covid, han ido aumentando los pleitos y ya por último han llegado las huelgas», reflexiona Javier Martín, quien no oculta su preocupación por que esas situaciones puedan provocar «un cierto recelo hacia la justicia, no en cuanto a su objetividad que está fuera de toda duda, pero sí en lo relativo a los plazos».
«La creación de Social 5 alivió el volumen de trabajo, pero su efecto ya ha pasado, de ahí la solicitud de refuerzo que luego denegó el CGPJ porque hay otros sitios aún peor», puntualiza Raúl Franco, presidente de la Junta de Personal de Justicia, que lamenta que se recurra a la vía judicial «por casi todo», lo que, en su opinión, «denota el fracaso de la mediación y la conciliación».
Emilia Camino, vicedecana del Colegio de Procuradores, confiesa estar «más preocupada» por los juzgados civiles que por los sociales y, en este sentido, ella apuesta por la llegada de otro Primera Instancia y uno de Familia, igual que pide el TSJ: «Aquí el grueso del problema está en civil y es urgente la creación de dos juzgados, así como uno en Instrucción», añade.
Raúl Franco también pone el acento en la situación en Primera Instancia, donde se trabaja con un «volumen muy importante, lo que ha provocado en los últimos años, que el personal (de funcionarios) busque otros destinos con menos carga de trabajo, con una elevada renovación del personal». Por ello, el presidente del personal entiende «justificado que se pida un nuevo Primera Instancia (el 16), junto al que sería el cuarto especializado en Familia, que se lleva pidiendo desde hace años».
Y todo, en un contexto marcado por las sucesivas huelgas, en que, tal como recuerda el presidente de la Junta de Personal, se encadenan «suspensiones de juicios, con la reprogramación de lo suspendido, más señalamientos de demandas nuevas, y teniendo que volver a citar a la gente, y sin que existan por ahora planes de actuación por el Ministerio, tras ya tres meses de huelgas y paros parciales, a las puertas del periodo vacacional, y donde toda la plantilla siempre está obligada a coger la mitad de sus vacaciones».
1.500 demandas sin repartir
En este sentido, la vicedecana del Colegio de Procuradores califica de «barbaridad» el aumento del plazo de reparto de las demandas que se presentan ante el Decanato, tras la huelga de los secretarios judiciales: «Hemos pasado de tenerlo en dos o tres días, porque Valladolid ha ido tradicionalmente muy bien, a los 20 días de ahora, por las casi 1.500 demandas acumuladas».
«Lo de la huelga de los LAJ ya se sacó adelante, pero ahora se nos ha juntado también la huelga de los funcionarios», reconoce Emilio Vega, juez decano.