La Junta de Castilla y León enviará el nuevo modelo de ordenación del territorio a las Cortes regionales durante el último trimestre para su tramitación y de la misma forma el Gobierno reformará la Ley de Bases de Régimen Local con un mismo objetivo; buscar la asociación voluntaria de municipios. Sin embargo, en la provincia de Valladolid no parecen ir las cosas por buen camino en este sentido, ya que los alcaldes no comprenden por el momento el objeto de realizar esta reforma. «Sabemos hacia dónde quieren ir las administraciones, pero no sabemos cómo hacerlo», destaca el alcalde de Cabezón de Pisuerga, Víctor Manuel Coloma.   

Tanto es así que los municipios vallisoletanos le han dado claramente la espalda a esta iniciativa en la petición de proyectos para los Planes Provinciales de la Diputación a pesar de que serán prácticamente las únicas obras que realicen los alcaldes durante todo el año debido a la situación económica.
Y es que la institución provincial en un intento de potenciar las iniciativas comunes entre localidades potenció los proyectos comunes entre municipios al entender que «son el futuro» y así para este tipo de iniciativas únicamente era necesario que los municipios sufragasen el cinco por ciento de la inversión y no el diez como en el resto de casos.

Es decir, aquellos municipios que presentaran proyectos comunes se verían beneficiados en su aportación económica, lo que suponía un «claro» apoyo y un estímulo para las actuaciones que sean de interés para dos o más municipios que estén dispuestos a acumular sus módulos de inversión. No obstante, ni un solo municipio se ha decantado por realizar proyectos de estas características de con otra localidad. Todos han pedido sus planes provinciales para este año y muchos se han decantado por el ahorro energético, que estaba subvencionado en las mismas condiciones, pero ninguno se ha puesto de acuerdo con algún pueblo vecino para pedir dinero a la Diputación para un proyecto común.
La diputada de Cooperación, Laura Fernández, manifestó en este sentido que los proyectos donde podría ser necesaria la colaboración entre varios municipios como los ciclos de agua o el abastecimiento «están cubiertos» en la provincia. Además, apuntó que en otro tipo de proyectos como son las riberas de los ríos, las carreteras o los carriles bici «no son prioritarios en estos momentos de crisis». «Por eso no se han presentado proyectos de forma común a pesar de que estaban subvencionados por la Diputación».

La diputada también insistió en que los alcaldes de la provincia tienen claras en estos momentos de dificultades económicas «cuáles son sus prioridades». «Es por eso que ahora mismo las grandes obras no tienen sentido y sí mantener los gastos sociales y los proyectos más fundamentales en cada municipio», sentenció  Fernández.

Sin conocimientos. Es muy posible que gran parte de la culpa de que los alcaldes no se hayan decantado por proyectos comunes se deba al «desconocimiento» que tienen sobre los planes de la Junta y del Gobierno para llevar a cabo esa nueva reordenación territorial. «No estoy de acuerdo en la nueva ordenación que plantea la Junta. No nos han explicado nada por el momento en la reunión que hemos tenido. Quiero saber qué dinero va a tener que poner mi municipio y de qué forma para prestar los servicios», manifiesta el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, quien insiste en que las mancomunidades ya prestan servicios de forma común tal y como se pretende con la nueva fórmula de los distritos de interés. «Si es un cambio de nombre, bien. Pero no veo cómo se quiere hacer y nadie nos lo ha explicado por el momento».

Tanto la Diputación de Valladolid como la Delegación han convocado durante siete reuniones a 225  alcaldes de municipios, y nueve entidades locales menores (que ahora desaparecerán según los cambios efectuados por el Gobierno), que forman  el mapa de la provincia para explicar a sus alcaldes cómo iba a ser la nueva reordenación, aunque no ha quedado muy clara en la mayor parte de las ocasiones. «De momento hay incertidumbre», señala el alcalde de Cabezón.

Su homónimo de Montemayor de Pililla, Javier Martín, fue un poco más lejos y apuntó que «de momento la nueva reforma es un follón». El regidor sostuvo que desde la reunión que se mantuvo en su zona con el delegado de la Junta, Pablo Trillo, «nunca más» han vuelto a tener «notificación alguna».
Otra de las preocupaciones de los regidores es la reforma aprobada por el Gobierno y que reducirá en un 30 por ciento el número de concejales y consistorios. «No tenemos ni idea de cómo va a quedar. Me imagino que los distritos serán mancomunidades que funcionen bien. Es un follón», concluye el alcalde de Montemayor.

La regidora de Cigales manifiesta que el asunto de la reordenación territorial llega con «25 años de retraso». «Solo se quiere tener en cuenta la población, que no hay que olvidar que esta totalmente ligada al territorio». Además, se preguntó, pese a no haber visto ningún documento aún, qué ocurre con las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y su Entorno (DOTVaEnt) y «el área metropolitana».

Así las cosas, parece claro que los alcaldes aún desconocen cómo planteará la Junta esta nueva reordenación y se encuentran a la espera de que se les informe. «No sé absolutamente nada del tema», finaliza el alcalde de San Miguel del Pino, Enrique Gonzalo.