La Audiencia de Valladolid ha dejado visto para sentencia este miércoles el conocido juicio de 'La Perla Negra', tras los informes de las cuatro últimas defensas que aún quedaban por ser expuestos y en los que, en consonancia con los del resto de encausados, han reclamado un fallo absolutorio y tildado de auténtico "humo" la labor desarrollada por las tres acusaciones.

Así lo ha asegurado este miércoles en la jornada 21 y última del juicio el letrado del empresario Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba, mercantil que, junto con Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo (PEP), participó en la iniciativa para desarrollar un polígono industrial en la citada localidad vallisoletana, operación objeto de enjuiciamiento al igual que el alquiler y compra del Edificio de Usos Empresariales ('Las Perla') en Arroyo, según informa Europa Press.

Pese a que las acusaciones sostienen que dichas empresas actuaron de forma interpuesta para provocar intencionadamente un encarecimiento de las parcelas ante la Administración pública, el defensor de Recio ha precisado que las fincas "fueron vendidas a la sociedad pública ADE Parques a precio de mercado" y que la iniciativa partió del entonces alcalde socialista, Antonio Sevillano", al tiempo que ha recordado que su patrocinado entró en la operación como "pulmón" para financiar esa iniciativa privada. "Le pareció un proyecto interesante pero no obtuvo beneficio, pues compró y vendió por lo mismo", ha advertido el defensor.

Además, el defensor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha subrayado que una vez que las acusaciones han retirado los cargos contra Alberto Esgueva, quien fuera responsable del Área de Internacionalización de ADE, idéntico criterio tendrían que haber aplicado con el resto de acusados por la operación del polígono industrial de Portillo puesto que dicha persona era considerada como la "clave de bóveda o principal nexo" entre los altos cargos de la Junta y los empresarios que trataron de desarrollar esa área industrial.

En consonancia con lo manifestado por otras defensas, ha lamentado que "a raíz de este proceso y las dilaciones indebidas producidas" las empresas de su cliente, "que se dedicaban a la obra pública, se han visto afectadas y limitadas", de ahí que, amén de la solicitud de un fallo absolutorio, ha interesado la condena en costas del PSCyL, también en línea con lo pedido por otros "compañeros de viaje", como así ha dicho al referirse al resto de acusados.

Idéntica petición absolutoria la ha realizado, por boca de su letrado, el empresario vallisoletano Francisco Esgueva y su mercantil Parque Empresarial de Portillo, como responsable civil, una vez advertidos también el "daño personal, familiar y económico sufridos en todos los sentidos" tras más de una década de procesamiento.

El defensor de Esgueva ha indicado que la supuesta "confabulación" que esgrimen las acusaciones para comprar terrenos en Portillo para luego venderlos seis años más tarde a ADE Parques, encareciendo el coste, es "absurda, incoherente e injustificada y no ha sido probada", cuando en realidad, a su juicio, se trata de "un proyecto empresarial e industrial y no una operación de tráfico de influencias tras una supuesta revelación de secretos".

Y es que el representante del industrial ha calificado de "meras insinuaciones sin fundamento" que en el año 2004 los también acusados Rafael Delgado o Begoña Hernández, desde sus puestos en la Junta, hubieran abierto los ojos a su cliente y otros socios sobre ese polígono y se "confabularan" para sacar un provecho ilícito con su promoción.

"Si así fuera no tiene sentido que se gastaran lo que se gastaron, incluidos más de cuatro millones en una línea eléctrica, si el destino del sector era simplemente su venta a la Junta", ha apuntado, quien ha añadido que la iniciativa se hallaba amparada en la Estrategia de Desarrollo Industrial aprobada en 2008 por la Administración regional y que los acusados resultaron incluso perjudicados económicamente por el incumplimiento del acuerdo marco suscrito en 2010 con ADE Parques.

La jornada se ha prolongado durante cuatro horas y la han cerrado los letrados de Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, presidente y administrador de Parque Empresarial de Portillo, respectivamente, encausados por la referida operación del polígono industrial y cuyos alegatos exculpatorios no han diferido de los expuestos por los letrados que les han precedido. "No hay causa, donde no hay mata no hay patata", ha resumido la segunda de las defensas.

Tribunal

Una vez expuesta la totalidad de los informes de las distintas partes personadas en la causa, el destino de los once encausados pasará a manos del tribunal sentenciador.

Fiscalía solicita las penas más duras, once años de prisión, para los viceconsejeros de Economía y Empleo Rafael Delgado y Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, exconsejero delegado de Gesturcal, al primero de ellos por un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.

Por ello, a mayores de las referidas penas privativas de libertad, interesa para el primero su inhabilitación por espacio de 29 años y de 20 para los otros dos.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos industriales y el segundo director financiero de ADE Parques y Gesturcal, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Además, interesa seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios Francisco Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

De forma, conjunta y solidaria, los acusados indemnizarían a la Administración Autonómica en la suma que, supuestamente, fue desviada a favor de las mercantiles citadas que se fija en 16.138.911,47 euros, que devengará el correspondiente interés legal, con responsabilidad civil subsidiaria de Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.

Por su parte, la Junta, como acusación particular, solicita la condena de ocho de los encausados--no acusa a Juan Carlos Sacristán, Salvador Molina y Francisco Armero--, que en el caso de Rafael Delgado y Begoña Hernández se elevan a once y cuatro años, respectivamente, junto con multas de 22.500.000 euros y el pago entre todos de indemnizaciones por importe de 16.300.000 euros.

En el caso del PSCyL, acusa por delito continuado de revelación de secretos en concurso con tráfico de influencias, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos. Les ha exonerado de los delitos de fraude a la administración, cohecho y pertenencia a grupo criminal, de los que les acusaba inicialmente.

Así, las penas más elevadas--de responsabilidad civil pide 50 millones-- se centran en Rafael Delgado y Begoña Hernández, con trece años de cárcel y treinta y cuatro de inhabilitación para el primero y once años e idéntica inhabilitación para la segunda, frente a los 34 años de privación de libertada y 105 de inhabilitación iniciales.

Además, interesa para Juan Carlos Sacristán, Francisco Armero y Salvador Molina idéntica condena que la pedida para Begoña Hernández, así como cuatro años para Germán José Martín Giraldo, frente a los 22 iniciales; Ángel Román Montes--le pedía 18 antes--; Francisco Esgueva frente a los 14,5 iniciales; Luis Antonio Recio, Carlos González Maestro y Luis Ángel Rodríguez, a los que en su escrito de calificación provisional solicitaba diez años y medio.