España es un país pionero en la implantación de energías renovables y acumula cientos de instalaciones que consiguen sumar alrededor del 59 por ciento de la producción eléctrica del país, según los datos del pasado año, lo que equivale a 70.400 megavatios de capacidad renovable. Las condiciones meteorológicas favorecen enormemente la generación de energías limpias y ello se traduce en que en el mix eléctrico de 2023 ha sido ya especialmente significativa la aportación de energía eólica y solar fotovoltaica. Según las estimaciones de Red Eléctrica, ambas tecnologías suman récord tras récord cada año que pasa sin que aún se haya visto el techo, ya que aún persisten decenas de proyectos de parques en toda la Comunidad y en muchos otros lugares de España.
En cambio, todos estos datos tan positivos no están siendo tan bien acogidos por una parte de la población, especialmente la que vive en el medio rural. Y no es porque estén en contra de las energías renovables, sino porque comprueban en sus propias carnes algunos inconvenientes que conllevan estas instalaciones en algunas zonas de la provincia, por ejemplo. Evidentemente, la generación de energías limpias es un avance para la conservación del medio ambiente y para frenar el cambio climático, sin embargo la acumulación de 'molinos' o paneles fotovoltaicos en determinadas comarcas o provincias lleva a un deterioro paisajístico e incluso genera molestias entre los vecinos, que tampoco ven en ello una solución a la despoblación.

Casi 5.000 aerogeneradores y cerca de 300 parques se pueden contar en Castilla y León, una comunidad que lidera la producción nacional de energía renovable con más del 22 por ciento. Medina de Rioseco, Peñaflor de Hornija, Montes Torozos… un listado cada vez mayor de pueblos vallisoletanos sufren esta brutal expansión de las energías renovables y los vecinos de algunas localidades ven cada vez más cerca del núcleo urbano esos gigantes molinos de viento e incluso aguantan el ruido de las aspas en movimiento. De hecho, en varios municipios de Tierra de Campos o Montes Torozos han surgido ya colectivos sociales que rechazan nuevos proyectos de este tipo a pesar de los ingresos que genera para los propios ayuntamientos y para los propietarios de los terrenos donde se asientan. Este malestar generado por los inconvenientes y perjuicios para los vecinos, quienes se ven afectados en sus actividades agrícolas, cinegéticas e incluso muchas veces de ocio y tiempo libre, debe llevarnos a una reflexión para evitar la saturación de ciertas zonas rurales.

Lo mismo empieza a pasar ya con otras instalaciones para la producción de biometano, biomasa o hidrógeno verde. Algo muy positivo inicialmente, que en ocasiones puede volverse molesto por su ubicación o por la aglomeración de este tipo de infraestructuras en un solo municipio. En Hornillos de Eresma, por ejemplo, ya hay dos plantas de biometano y proyectos para otras dos, algo que supondría un elevado paso de camiones por el pueblo y su entorno, lo que ha provocado un lógico rechazo vecinal. Esto, que puede suceder en otras localidades, debe llevar a las administraciones a un reajuste normativo que evite estas concentraciones y un choque entre las empresas que, respetando la ley, escogen la ubicación que consideran más correcta y los habitantes de los pueblos, que se levantan contra la 'colonización' de instalaciones 'verdes', pero no inocuas.
El camino está marcado y no hay vuelta atrás en lo que al desarrollo e implantación de las energías renovables. Sin embargo, su cohabitación con el medio rural debe ser analizado con la participación de quienes allí habitan todo el año para que pueda ajustarse la ley y se haga compatible la generación cada vez mayor de producción eléctrica 'limpia' con la vida en los pueblos y las actividades como la agricultura o el turismo que aún mantienen la economía de una gran parte de la provincia y de Castilla y León, y que pudieran verse afectadas por la irrupción masiva de instalaciones denominadas 'verdes'.

Estoy seguro que todo puede ser compatible sin demonizar nada. Los ingresos que genera su actividad es una ayuda muy importante para el mantenimiento de los pueblos, pero sin una moderación en su implantación puede generarse una lucha social que no conviene a nadie. Sin más demoras, es tiempo de que las administraciones competentes inicien un diálogo para evitar excesos que luego son más difíciles de solucionar.