La Audiencia de Valladolid celebrará juicio con jurado popular a partir de este viernes contra la que fuera empleada de las entidades locales menores de Villavieja del Cerro y Villamarciel, ambas correspondientes a la demarcación del Ayuntamiento de Tordesillas, acusada de malversar cerca de 160.000 euros correspondientes a los pagos de los vecinos en concepto de tasa de agua, alcantarillado y basuras.

En el banquillo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial se sentará E.M.R, a la que Fiscalía imputa un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación y para la que solicita una condena de cinco años de cárcel, su inhabilitación absoluta por quince años y la obligación de indemnizar a la entidad de Villamarciel en la cantidad de 76.114 euros y a la de Villavieja del Cerro con otros 80.917 euros.

En la causa también están personadas ambas entidades menores, que califican la conducta de la encausada como constitutiva de malversación de caudales públicos, con una petición de ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación, mientras que la defensa reconoce la comisión de una apropiación indebida o, alternativamente de estafa, e interesa su libre absolución al considerarla inimputable debido a la ludopatía que sufre como eximente completa. Alternativamente, si se tuviera en cuenta su adicción al juego como atenuante muy cualificada, pide una condena de dos años y la suspensión de la ejecución de la misma.

Los hechos objeto de la presente causa, a los que ha tenido acceso Europa Press, se circunscriben a la prestación laboral de E.M.R. con un contrato de duración indeterminada, desde el día 9 de noviembre de 2011 en las entidades locales de Villavieja y Villamarciel y ya desde al menos el año 2016, según las acusaciones, comenzó a desviar fondos de ambas procedentes de la recaudación de la tasa de agua, alcantarillado y basuras a través de dos mecanismos distintos.

La primera modalidad empleado consistía en apropiarse, sin ingresar en las cuentas de la entidad, de las cantidades que los vecinos abonaban en metálico por agua y basura. La acusada firmaba una carta de pago o recibí en el espacio reservado al interventor, sin especificar en ningún momento su nombre ni función.

A través de este método se habría hecho con 45.582 euros por agua, alcantarillado y basura y otros 3.340 de la tasa por vehículos, así como de otros 11.838 correspondientes a la entidad de Villavieja.

El segundo método, desde al menos mayo de 2018 y hasta junio de 2020, fecha en la que se detectó la "deplorable" situación de las cuentas de ambas entidades, consistía en desviar ingresos de las perjudicadas en su propio beneficio en varias cuentas suyas en Unicaja y la Caixa.

Para ello rellenaba impresos con órdenes de transferencias desde las cuentas de dichas entidades a las suyas que aparentaban pagos de los servicios básicos, muchos de ellos a favor de Iberdrola, engañando al interventor, que firmaba desconociendo que la cuenta de destino era la de la encausada. De este modo obtuvo 76.114 euros de Villamarciel y otros 80.917 de Villavieja.

En descargo de la conducta de la acusada, su defensa quiere hacer valer la grave ludopatía que sufría y la penosa situación personal por la que atravesaba, ya que estaba al cuidado de una madre impedida y de una hermana con parálisis cerebral que precisaban de atención permanente y que habían lastrado tanto su vida laboral como sentimental.

"Adicción compulsiva"

Es esa adicción "compulsiva y sin control", según recoge el escrito de su defensor, la que le había llevado a creer que la apropiación de esos fondos y su desviación al juego podría generarle en un futuro unas enormes ganancias que podrían cambiar su vida personal y familiar y, además, le permitirían devolver las cantidades obtenidas ilícitamente.

La defensa también apunta que en los hechos concurre la "alarmante falta de control y cuidado" en las administraciones afectadas, dado que nunca controlaron adecuadamente las transferencias.