Poco o nada ha gustado en la Junta de Castilla y León la maniobra del Ministerio de Hacienda de retirar su propuesta para reformar la financiación autonómica y dar un plazo de un mes para que las comunidades, muy críticas en su mayoría con el documento del Gobierno, presenten sus alegaciones al texto. Una suerte de huida hacia delante del departamento de María Jesús Montero, que por segunda vez en tres años vuelve a pedir propuestas a las comunidades, que servirá para que la condonación de deuda se convierta en el principal asunto del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles 26 de febrero. «Este problema de la condonación de la deuda no es el problema fundamental que tenemos las comunidades autónomas», resumió el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que adelantó que el Gobierno de Castilla y León va a analizar y actualizar la propuesta de reforma del modelo de financiación que enviaron en enero de 2022 al Gobierno.

Aquel texto remitido desde Castilla y León al Ministerio de Hacienda se centraba en reclamar al Gobierno una propuesta del sistema de financiación autonómica que «atienda a las necesidades diferenciales de las comunidades con retos demográficos», tenga en cuenta el impacto del envejecimiento sobre el gasto futuro, y mejoras en las correctoras de despoblación, dispersión, orografía y costes fijos. Precisamente, dos de estas variables, las relativas a la despoblación y la orografía, habían sido eliminadas por el Gobierno central de la última propuesta de reforma, ahora retirada a la espera de las alegaciones de las comunidades.

Castilla y León, explicó Fernández Carriedo, contestará en plazo al Ministerio de Hacienda y pretende «reforzar» sus pretensiones sobre la reforma del modelo plasmadas en el texto de hace tres años con estadísticas, informes y nuevos datos que hayan surgido durante este tiempo, además de incluir los acuerdos alcanzados en las Cortes sobre la financiación autonómica. En cualquier caso, no se esperan grandes cambios sobre la propuesta remitida desde la Comunidad en 2022, y la que se envíe próximamente será «coherente» con la anterior.

En este sentido, insistió en que mantendrá el contenido básico basado en la defensa del criterios de «igualdad, solidaridad y suficiencia», a través del establecimiento del coste efectivos de los servicios públicos, con una financiación negociada entre todos y «no solo con los partidos separatistas para después extrapolar el modelo al resto». «Vamos a examinar nuestros planteamientos para ver si a la luz de las novedades de estos tres años, hay elementos estadísticos que complementar». No dejó pasar la ocasión de criticar al Ministerio de Hacienda por volver a dar a las comunidades «un mes para hacer un documento», mientras el Gobierno «ha tardado tres años» en resumir las propuestas de las autonomías.

«No es nuestro problema cómo financiar la deuda sino los servicios públicos», insistió Fernández Carriedo, que mostró su disconformidad con que la quita se convierta en el «asunto central» del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Parece que la reforma del modelo de financiación no es un asunto importante para el Gobierno», ironizó el portavoz, que recordó que el actual «está completamente desfasado».