Un inspector de la Policía Nacional, perteneciente a la Unidad Económica de la Policía Judicial, ha apuntado que la "interposición" de las mercantiles Urban Proyecta y Cementos La Bureba en el proceso de compra de terrenos en Portillo para el desarrollo de un polígono industrial encareció el precio de las fincas pagadas finalmente por la empresa pública ADE Parques.

El agente, en su doble condición de testigo y perito, se ha manifestado en estos términos durante la undécima sesión del juicio de 'La Perla Negra' que se sigue en la Audiencia de Valladolid desde finales de febrero y donde este miércoles el funcionario ha ratificado punto por punto el informe emitido en 2014 sobre el proceso de adquisición de las citadas parcelas y las relaciones o vinculaciones existentes entre sociedades de parte de los encausados.

Como premisa fundamental, el inspector policial, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha manifestado que de la información estudiada a partir del Registro de la Propiedad de Olmedo y de las operaciones de compra-venta entre Urban Proyecta y La Bureba con los titulares de las fincas de naturaleza rústica se puede afirmar que la "interposición" de ambas "encareció exponencialmente" el precio de los terrenos entre 2005-2006, periodo de la inicial adquisición a los vecinos de Portillo, y el año 2010, en el que la segunda de las mercantiles las transmitió a la sociedad pública ADE Parques para la ejecución del polígono.

En este sentido, el agente ha precisado que Parque Empresarial de Portillo adquirió 57 parcelas del ámbito de actuación del futuro polígono por 16.200.331 euros que más tarde vendió a La Bureba, vinculada a la anterior, y ésta las revendió luego a ADE por 20.913.361 euros, de ahí el encarecimiento final que el perito sigue manteniendo y cuyo coste, puntualiza, habría sido muy inferior en el caso de que la sociedad pública hubiera negociado de forma directa con los propietarios de las fincas.

Su testimonio, sin embargo, ha entrado colisión con el realizado anteriormente por Eduardo Rodríguez Temiño, un inspector de la Agencia Tributaria que en su día examinó las cuentas de ambas sociedades, tras un estudio que se extendió casi dos años, frente a los doce meses de rigor, y que concluyó en "infracción tributaria cero" y dio por buenas las distintas operaciones de compra-venta de parcelas.

"Las liquidaciones eran correctas y se dieron por buenos los precios pagados. No se observó ninguna anomalía. Todo estaba ajustado a derecho a nivel fiscal. Los propietarios de aquellas tierras baldías eran agricultores que sabían del interés de hacer un polígono y por eso elevaron los precios, es algo normal", ha incidido el inspector de Hacienda, quien ha precisado que el "beneficio bruto" alcanzado en la operación entre ambas sociedades investigadas se elevó a más de cuatro millones.

El inspector ha validado también como "absolutamente razonable" el coste de más de cuatro millones contraídos por los promotores del polígono industrial en los trabajos para llevar una línea de alta tensión desde la subestación de Boecillo y los terrenos de Portillo, veredicto al que llega tras haber requerido información a las empresas ejecutantes, al entonces alcalde de la localidad, al secretario y al arquitecto municipal, además de Iberdrola, que recepcionó la obra.

"Se verificó que la obra quedó ejecutada en 2011 y que fue recepcionada por Iberdrola, aunque hubo una primera recepción por parte del Servicio de Industria de la Junta", ha zanjado el responsable del fisco.

Contra la "eficiencia y la economía"

Sin embargo, y para añadir aún mayor confusión, otra funcionaria de Hacienda, también en su doble condición de testigo-perito, considera que la operación realizada en Portillo es "contraria a la eficiencia y la economía", en referencia a que el parque empresarial "no tuvo el fin previsto" y además su impulso por parque de ADE Parques endeudó a dicha sociedad en otros 25 millones de euros, y ello a pesar de que la misma ya arrastra un déficit de 15 millones en 2011-2012 que en 2013 se situó en más de 50 millones.

Al margen de la operación de Portillo, tanto dicha funcionaria como el inspector policial han informado igualmente sobre la operación de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo de la Encomienda, capítulo en el que el agente se ha mostrado categórico, tras tener acceso a "documentación reveladora", de que Urban Proyecta contó con información privilegiada por cuanto antes de la publicación en el Bocyl del concurso en diciembre de 2005 ya había firmado un contrato en noviembre de ese año con el estudio de arquitectura Lamela e incluso figuran facturas por trabajos previos realizados por esta última.

"Es obvio que manejaban información previa y tuvieron ventaja respecto de otros posibles interesados. De hecho, fue la única que se presentó", ha recordado el policía.

El agente, a lo largo de su exposición, también ha hecho referencia a una "inyección de liquidez" por importe de casi cinco millones que en su opinión realizó el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, a través de ADE Parques en favor de Urban Proyecta para cubrir un préstamo hipotecario de dicha mercantil en Banco Ceiss, operación para la que no encuentra "ninguna justificación", al tiempo que ha ratificado la existencia de "facturas no reales" presentadas por la empresa Unifica por supuestos servicios de asesoría concertados con algunas de las empresas vinculadas a parte de los encausados, Abascal Consultores, Monari Soluciones y Parqueolid.

Por su parte, la misma funcionaria de Hacienda que pone en tela de juicio la operación del parque de Portillo y advertía del engorde de la deuda que ya tenía ADE Parques, también ha enumerado una serie de irregularidades observadas, a su juicio, en los dos contratos de alquiler realizados respecto de 'La Perla Negra' pues, pese a que los mismos se tramitaron de forma "correcta en términos generales", en ambos casos se incumplió una orden expresa del Consejo de Administración de Gesturcal que exigía una tasación previa por parte de una entidad independiente.

Pero además, la perito entiende que las obras internas realizadas en 'La Perla' no tendrían que haber sido costeadas por la parte arrendataria y también ha puesto en entredicho, "al no ajustarse a la legalidad", la encomienda en virtud de la cual el entonces secretario general de la Consejería de Economía encargó a Gesturcal el alquiler y posterior compra del inmueble y considera que "no es justificable" que la mesa de contratación creada para el concurso de 'La Perla' redujera de treinta a quince el plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuera, y no lo ha dicho, para garantizar que tan solo Urban Proyecta presentara su oferta.

Concluida la undécima sesión del juicio tras más de cuatro horas, muy prolija y eminentemente técnica, el proceso no se reanudará hasta el próximo día ocho de abril.

El proceso judicial investiga la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo, operaciones que, según las acusaciones, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal SA y a partir del año 2008 ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, entre exaltos cargos de la Junta y empresarios, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.