Los cuatro acusados, un varón y tres mujeres, que entre los años 2021 y 2023 se dedicaron a ofertar por internet falsos alquileres de vivienda en distintas partes de Valladolid han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para asumir condenas que en su conjunto se eleva a siete años de cárcel, en lugar de los 36 años que globalmente solicitaba para ellos la acusación pública.
Cerrado el acuerdo, el juicio previsto para este viernes en la Audiencia Provincial quedará reducido a una breve vista en la que los cuatro encausados ratificarán la sentencia de conformidad alcanzada, en el caso de la pareja formada por A.M.C. y R.J.B. de dos años de cárcel y multas de 750 euros por delito continuado de estafa agravada por tratarse de vivienda, con la atenuante de reparación del daño, y en el caso de las otras dos acusadas, S.J.G. y L.J.G, de un año y seis meses de privación de libertad y multas de 600 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La atenuante de reparación de daño aplicada a los acusados obedece a que ya han abonado las cantidades que obtuvieron de las víctimas de forma ilícita, 16.500 euros en su conjunto.
Los acusados confesos, a quienes Fiscalía pedía inicialmente penas de nueve años de prisión, son la pareja formada por A.M.C. y R.J.B, ambos como las personas que de común acuerdo comenzaron con la referida operativa en diferentes portales de internet, especialmente en el denominado '1000 anuncios', desde finales de 2021 y al menos hasta marzo de 2023, y todo ello con la colaboración de las también acusadas S.J.G. y L.J.G, en cuyas cuentas eran depositadas inicialmente las cantidades abonados por los clientes.
La pareja citada realizó en ese periodo ofertas de alquiler de pisos en las que se hacían pasar por los propietarios y exigían a cambio una señal en concepto de reserva y el pago del primer mes de arrendamiento. Para ello, remitían a los interesados que contactaban con ellos supuestos contratos de reserva o alquiler de los pisos, confeccionados con datos de personas ajenas a los verdaderos propietarios de los inmuebles y que tenían de estafas anteriores.
Así, movidos por la necesidad de encontrar una vivienda de alquiler para ser ocupada de forma inmediata, las víctima llegaron a realizar distintos reembolsos que inicialmente se verificaban en las cuentas de las otras dos personas acusadas, para posteriormente utilizar un sistema que no deja rastro como era la retirada en cajero con un código que se generaba en ese momento por el ordenante, que era la persona estafada.
Fue el 23 de febrero de 20223 cuando se practicó un registro en el domicilio de la pareja, sito en la calle Canterac, y allí la policía se incautó de abundante prueba al inspeccionar los teléfonos de los dos acusados y un ordenador portátil. En el móvil de ella, la policía encontró una carpeta con imágenes de hasta 47.897 archivos, fundamentalmente DNIs utilizados para las estafas, y en el de él 32 documentos PDF con reservas de viviendas.
Los acusados ofertaban pisos en las calles Aaíun, Vegafría, Cigüeña, Hermanitas, Caamaño y Embajadores, entre otras, sabedores de la existencia de una fuerte demanda de alquiler en esta zona de carácter popular.