José Manuel Leal y Pilar Gangoso, matrimonio de Valladolid con dos hijas de 12 y 14 años, querían comprarse casa y localizaron en internet el anuncio de un adosado que les «cuadraba», en la urbanización Los Arcos de Mojados. La inmobiliaria que lo publicitaba se lo enseñó y decidieron comprarlo por el precio marcado ya de inicio, 80.000 euros. Escrituraron en septiembre de 2022, les entregaron las llaves y nueve meses después, cuando estaban terminando con los arreglos y demás para mudarse por fin, se encontraron de un día para otro con que alguien había cambiado la cerradura. ¿Una okupación? Eso pensaban pero no, aunque tal vez peor porque, al denunciar, se enteraron en el juzgado de Medina de que esa casa no era suya (a pesar de ser la que les enseñaron y presuntamente compraron y escrituraron), sino que, a efectos legales, habían adquirido la de enfrente, la cual no habían visto hasta entonces y se encuentra en peor estado tras haber pasado, ésta sí, por una okupación. Y mientras se resuelve el conflicto, aún hoy en un pulso por pactar una indemnización que evite llegar a juicio, sin vivienda propia que puedan utilizar, sin las llaves de una ni otra, pero pagando religiosamente la hipoteca desde hace más de un año y residiendo en un piso prestado por un familiar. A trazo grueso, resumida, esa es la surrealista situación de José Manuel y Pilar.
El contacto del anuncio era una inmobiliaria de Valladolid que actuaba como mera intermediaria. Les informó de que la vivienda procedía de un embargo por el que había pasado a ser propiedad de un banco, y cuya gestión correspondía a otra inmobiliaria que maneja inmuebles de distintas entidades financieras. «Ha asumido el error y acepta indemnizar», cuenta Pilar a El Día de Valladolid. «Pero ofrece una cantidad que no cubre ni la mitad de los 43.000 euros en que un arquitecto técnico, a través de un informe, nos ha valorado los arreglos que necesita la casa que en realidad se supone que hemos comprado». La que creían haber adquirido también procedía de un embargo, pero de otra entidad financiera que, además, ya se la ha vendido hace unos meses a otro comprador, al tiempo que los electrodomésticos y otros enseres que compraron ya Pilar y José Manuel permanecen «apilados en un garaje». «Al menos nos dejaron sacarlos», se consuela.
Datos erróneos
En el origen del problema hay un cruce de datos de uno y otro inmueble que no corrigió nadie ni durante las clásicas revisiones que se llevaron a cabo para preparar el cierre de la compraventa; ni el notario, ni la inmobiliaria vallisoletana que ejerció de intermediaria, ni la contratada por el banco vendedor, ni los compradores, ni el banco con el que suscribieron la hipoteca... «En el borrador de las escrituras, y en las que terminamos firmando, figura tanto la referencia catastral como la dirección de la vivienda que visitamos y creíamos estar comprando, pero el número de finca era el de la casa de enfrente y no nos dimos cuenta», continúa Pilar.
Según su versión, tras cerrar la compraventa en septiembre de 2022 gastaron más de 6.000 euros en comprar una caldera nueva, cambiar grifería, arreglar ventanas… La casa que no era suya aseguran que la dejaron así "lista" con idea de entrar a vivir en verano, pero a finales de primavera llegó el cambio de cerradura por parte de esa otra entidad financiera, verdadera propietaria, que entonces completaba el proceso para tomar posesión del inmueble.
Así acabó este matrimonio costeando el arreglo de una casa que no era suya, mientras la que habían adquirido realmente se la encontraron «destrozada», lamenta Pilar. Un carro de la compra sobrecargado de cascos vacíos de litronas permanece aún en la terraza del adosado, donde la vegetación crece sin control; aunque lo peor está en el interior. El informe técnico de valoración refleja «grandes manchas» de humedades y filtraciones, así como la ausencia de suministros. No hay enchufes ni interruptores, ni siquiera el timbre de la puerta; de los radiadores sólo queda huella de donde estuvieron en la mayoría de estancias; hojas de puertas y rodapiés arrancados, suelo laminado a medio montar o desmontar, carencia de contador de agua...
Costes
El presupuesto de todas las reparaciones que harían falta para hacer «habitable» esta vivienda asciende a 43.009,65 euros, según dicho informe, pero la inmobiliaria del banco les ofrece menos de 20.000. «Con eso no pagaríamos ni la mitad de los arreglos, pero es que además están los más de 6.000 que invertimos en la casa que después nos quitaron, y los honorarios de la abogada que lleva nuestro caso», recuerda Pilar.
Ahora la inmobiliaria se ha comprometido a presentar otra propuesta de indemnización en pocos días pero, de momento, ahí queda el año largo que lleva este matrimonio hipotecado y sin casa, tras haberse sentido como «okupas desalojados», pero no liberados de pagar cuota cada mes.