Indudablemente la semana que termina ha estado marcada por las movilizaciones de los profesionales del campo. Agricultores y ganaderos se han echado a la calle hartos de reclamar por los cauces oficiales para reivindicar algunas exigencias justas y necesarias, aunque ya han aprovechado para incluir otras que son difíciles de revertir e incluso tampoco serían aconsejables desde el punto de vista de la sociedad. Ciertamente, estas invasiones de ciudades, bloqueos de empresas o mercados centrales y cortes de carreteras no son una manera ejemplar de reivindicar ante la sociedad, aunque como todos sabemos si no llegan a colapsar las calles y a provocar retenciones de tráfico no hubieran tenido demasiado eco entre los dirigentes políticos y responsables de las administraciones públicas.
El respaldo de la población civil, a pesar incluso de los inconvenientes generados para el desplazamiento por el interior de la ciudad, es un síntoma claro de que la sociedad siente que una parte de las reivindicaciones son muy razonables para mantener la agricultura y la ganadería en un futuro a medio plazo, incluso para seguir contando con un medio rural vivo y dinámico, para lo que se necesita un sector económico imprescindible en Valladolid y en Castilla y León. Y por supuesto en España, porque el problema del campo no es privativo de una sola zona geográfica, sino que es extensivo a todo el país. Diría más, éste es un asunto europeo, ya se aprecia con las movilizaciones que están coincidiendo en Francia, Países Bajos, Alemania, Italia o varios estados del este, por lo que requiere la implicación de todas las administraciones para aplicar un tratamiento conjunto que sirva para sostener a los hombres y mujeres que producen y elaboran los principales productos de la despensa.
 Las reivindicaciones de los agricultores tienen el foco en una crisis que arrastra el sector desde hace varios años, se podría decir que décadas, ahora muy ligada a las medidas que quiere introducir Europa respecto a la sostenibilidad y la producción respetuosa con el medio ambiente, lo que aumenta los costes de producción y disminuye, por tanto, los beneficios del sector. Esto se une a la inestabilidad geopolítica de los últimos años, en que la guerra iniciada por Rusia en Ucrania y ahora el conflicto en Palestina ha generado un fuerte incremento de la inflación y del precio de los productos. Esta tormenta se convierte en perfecta si le añadimos la entrada de alimentos a la Unión Europea desde terceros países sin contar con los estándares de calidad y garantías que se exigen a los procedentes de España.
Esta situación que arrastramos está haciendo mella ya en la provincia. En tan solo 25 años, Valladolid ha perdido un 28,3 por ciento de los profesionales agrarios y un 31,7 por ciento de las explotaciones. La PAC, cuya cuantía ha subido un 30 por ciento, cada vez se reparte entre menos y la renta agraria fluctúa mucho de un año a otro, dependiendo de la meteorología y de los precios que luego se paguen por la producción. Lo cierto es que, como se dice vulgarmente, la agricultura va 'cuesta abajo y sin frenos'. Y parece que es la hora de que los hombres y mujeres del campo alcen su voz y defiendan sus derechos ante unos responsables políticos que solo se acuerdan de ellos cuando llegan las elecciones y buscan una bonita foto en una granja o explotación agraria. Sería importante en esta movilización general, que inicialmente se ha realizado fuera de las organizaciones profesionales agrarias, se encuentren portavoces, que su protesta se canalice, preferiblemente a través de las opas clásicas, ya que ellos son quienes se presentan a las elecciones agrarias y obtienen la representación del campo.
Es posible que las quejas, protestas y tractoradas continúen, pero toca dar un paso más e iniciar negociaciones con las administraciones públicas. En este contexto de gran crisis del sector, sobre todo en las producciones más pequeñas, que se encuentran ahogadas por los nuevos y costosos requisitos del marco europeo, los mayores costes del negocio y los menores ingresos por su producción, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya anunció hace unos días la retirada del llamado Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR) que tenía el ambicioso objetivo de reducir a la mitad el uso de plaguicidas para 2030.
La exigencia al Ministerio debe ser mayor. Existen mecanismos, herramientas y mejoras legislativas que deben ponerse en marcha de forma inmediata. Ni que decir tiene que la ley de la cadena alimentaria, aplaudida por el sector cuando se aprobó, se ha revelado como totalmente insuficiente por la falta de controles, inspecciones y vigilancia de su cumplimiento, algo que tendría que implicar al departamento de Planas. Además, no sería dificultoso establecer, como ya existe en Francia y otros países, un etiquetado en los productos agrícolas y ganaderos que detalle el precio pagado al productor y los incrementos sufridos por los intermediarios hasta llegar a la distribución. Aunque solo sea informativo, el ciudadano podría ver quiénes se aprovechan y dónde quedan las escandalosas ganancias que se producen en la mayoría de los alimentos del sector primario.
Finalmente, otro aspecto que los manifestantes han puesto estos días sobre la mesa es la excesiva burocratización y el cada vez mayor papeleo que requiere la recepción o justificación de ayudas, así como la trazabilidad de los productos o multitud de trámites administrativos. Aquí deben mirarse internamente todas las administraciones, desde la europea a la autonómica, quien debe facilitar cualquier instancia que deban presentar los profesionales. Y no quiero concluir sin mencionar la aversión en algunos sectores a la Agenda 2030, una hoja de ruta a la que la sociedad no puede renunciar en beneficio de todos. Quizás haya algún elemento que se está introduciendo a demasiada velocidad, puede ser, pero no se puede pedir la derogación de dicho plan porque no es realista.