Las acusaciones pública y las dos particulares en el denominado juicio por el robo y crimen de la Plaza Circular de Valladolid, del que fue víctima la anciana de 73 años M.A. en octubre de 2018, han anunciado este miércoles que mantendrán, sin modificaciones sustanciales, sus peticiones de condena para los seis encausados, que se enfrentan a cargos de asesinato u homicidio.

El anuncio lo han realizado todas las partes, incluidas las seis defensas, una vez concluidas las siete jornadas del maratoniano juicio con jurado popular que se sigue en la Audiencia de Valladolid, una vez concluidas la fase de declaración de los acusados y la práctica de las pruebas testifical y pericial a lo largo de los últimos días.

Así, la fiscal del caso, que introduce una nimia modificación que no alterará su petición de condena, y el hijo de la fallecida persisten en que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, robo con violencia en casa habitada, detención ilegal y pertenencia a grupo criminal, con una petición global en el primer caso de 31 años de cárcel y en el segundo de 38 años, a sustituir por prisión permanente revisable, mientras que otra de las hijas de la anciana entiende que la muerte de ésta se encuadra en un homicidio y por eso solicitará 21 años de privación de libertad.

Respecto de los seis encausados, de los que tan solo Antón A.M. y Gabriel E.K. han confesado su participación en el robo, la mayoría solicita la libre absolución pero han anunciado modificaciones como alternativas en el supuesto de que el veredicto del jurado fuera en su contra. En tal caso, interesan condenas por tentativa de robo y delito de lesiones con resultado de muerte o, como es el caso de Rubén A.R, el supuesto 'cabecilla', por un homicidio imprudente al advertir de que "los autores no pretendían obtener la muerte de la moradora.

Será a partir de este jueves cuando las nueve partes personadas en la causa tengan su momento para exponer ante el jurado sus respectivos informes finales. El magistrado presidente ya ha anunciado que no será hasta el próximo martes cuando el jurado reciba el objeto del veredicto para decidir la suerte de los acusados.

El juicio se ha centrado este miércoles en la pericial de la Policía Nacional que situaría a los seis procesados en el entorno del inmueble de la víctima a tenor de los datos obtenidos a través de los repetidores de telefonía móvil.

A semejanza del trabajo más propio de un orfebre, el segundo de abordo del Grupo de Homicidios, en línea de lo manifestado el día anterior por su jefe, ha detallado cómo fueron encajando las piezas por el cotejo del tráfico de llamadas y posicionamiento entre los encausados el día de los hechos, con la ayuda del Área de Telecomunicaciones de la Policía Nacional y las compañías de telefonía, y a partir del visionado de las imágenes de ellos y sus vehículos captadas por las cámaras de seguridad de los establecimientos del entorno de la Plaza Circular.

Estas pruebas, junto con el testimonio de una persona que vio salir del portal de la víctima a tres personas y la confesión en comisaría de uno de ellos, Antón A.M, son las que llevan a los investigadores a situar el 17 de octubre de 2018 en el escenario de los hechos a los seis inquilinos del banquillo y a mantener su participación en los mismos.

A lo largo de la jornada ha quedado patente la complejidad de la pericial sobre el posicionamiento de los acusados a tenor del tráfico de llamadas y datos recogidos por los repetidores de telefonía más cercanos. A ello se han aferrado las defensas para tratar de generar fugas en la 'línea de flotación' de la prueba y sembrar dudas en los integrantes del jurado popular, que tendrán que familiarizarse con términos del tipo celdas, BTS y CGI.

En su comparecencia como perito, el agente, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha hecho una reconstrucción de un robo en el que, según la hipótesis policial, el protésico vallisoletano Rubén A.R. actuó como 'autor intelectual' secundado por su 'lugarteniente', Arso A.I, y con la mediación de Emil A.M, quien se habría encargado de reclutar a los supuestos 'ejecutores' materiales, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, estos tres últimos, al igual que los dos anteriores, de nacionalidad búlgara.

Aunque las distintas partes personadas en la causa han vuelto a preguntar por el origen de la "información privilegiada" que los acusados obtuvieron, presuntamente, del entorno más cercano de la septuagenaria, que falleció a causa de una insuficiencia cardiaca, el integrante de Homicidios ha precisado que en el cotejo de esas llamadas telefónicas no se ha detectado la participación de ningún familiar, y ello pese a que todas las sospechas se centraran en un primer momento en Cristina A, la entonces pareja del hijo de la víctima.

También han declarado una experta policial para ratificar su informe dactiloscópico practicado en la caja de cartón que los tres autores materiales del robo llevaron a casa de la fallecida para meter en ella la caja fuerte y que, según la perito, contenía dos huellas del pulgar de la mano izquierda de Gabriel M.K, quien en el juicio, sin embargo, ha negado que ese día estuviera en Valladolid.

Se investiga si el empresario protésico dental Rubén A.R, presunto cabecilla, se concertó con el resto para perpetrar un robo en una vivienda de la Plaza Circular que ocupaba María A, de 73 años, para apoderarse de importantes cantidades de dinero y joyas que, a través de un informante no identificado, sabían que guardaba en una caja fuerte.

El robo, sin embargo, se complicó y tres de los autores materiales del asalto acabaron con la vida de la anciana--falleció a causa de una insuficiencia cardiaca--tras golpearla brutalmente y dejarla maniatada y amordazada al abandonar de forma precipitada el inmueble, sin que obtuvieran más que unos anillos que arrebataron a la víctima.