Los agricultores y ganaderos de la provincia han estallado esta semana debido a su situación. La baja rentabilidad de las explotaciones está asfixiando al sector y han decidido sacar sus tractores a la calle para colapsar las ciudades de todo el país. Una medida que ha ocasionado múltiples problemas de circulación, tanto dentro como fuera de las capitales. 

El sector ha dicho basta y los sindicatos agrarios tienen claro el motivo. El campo lleva en crisis durante décadas, sin que ninguna administración haya realizado una apuesta clara por la agricultora y la ganadería. Precios ajustados marcados por los intermediarios y el comercio, con una rentabilidad atascada en el tiempo y soportando el cierre progresivo de las explotaciones año tras año.

Todos los sindicatos agrarios coinciden en señalar que prevén un futuro «negro» para el sector debido a la crisis continuada que sufren desde principios de siglo. Critican la excesiva burocracia, la rotación de los cultivos, la llegada de productos de otros países que se siembran con normativas distintas, la enorme problemática que marca la Política Agraria Común (PAC), pero sobre todo el nulo control que tienen sobre los precios, tanto en la compra como en la venta. Aseguran que todas estas circunstancias ocasionan que los jóvenes huyan de los pueblos y las explotaciones se concentren cada vez en menos manos.

La verdad es que en algunos de los datos del campo desde principios de este siglo se puede observar que tanto los profesionales, como las explotaciones del sector, sufren una tendencia descendente, mientas que el dinero que llega desde Europa es cada vez mayor. ¿Esto qué significa? Pues que el campo se está concentrando cada vez en menos manos, con fincas con mayor superficie de trabajo, mientras que los pequeños productores no tienen más remedio que abandonar sus tierras o animales ante la falta de rendimiento económico. 

Un claro ejemplo son las cifras de inscritos al Régimen Especial Agrario en Valladolid durante los últimos lustros. Año a año, década a década, el número de profesionales ha ido cayendo. Si bien en 1999 el número de trabajadores del campo era de 6.723 en la provincia, este número bajó a 5.223 en 2010 y a 4.819 en 2021. Una media de unos 83 agricultores y ganaderos menos cada año.  Las organizaciones profesionales agrarias han protagonizado todo tipo de protestas desde el año 2000 por esta situación. Tractoradas, cortes de carreteras, reparto de leche y patatas, concentraciones a las puertas de la Consejería de Agricultura en la calle Rigoberto Cortejoso. El Ejecutivo regional ha puesto en marcha diversos incentivos y ayudas para la incorporación de jóvenes al sector, pero nunca han sido suficientes para paliar las marchas por jubilación. 

Explotaciones. Lo mismo pasa con el número de explotaciones existentes en Valladolid. Su número también ha mermado de forma considerable. Según los datos que maneja la Junta de Castilla y León, los negocios del sector primario eran de 13.694 en 1999, mientas que en 2020 ya habían bajado hasta los 9.361. Cuatro mil negocios menos. Menos vacas, menos ovejas..., menos autónomos pero, eso sí, la misma superficie cultivable en la provincia. Una cifra que se mantiene prácticamente inamovible durante los últimos años. Unas 480.000 hectáreas cada campaña. Evidentemente, en una provincia como Valladolid, los cultivos de secano, como trigo y cebada, priman sobre el resto. A lo que se suman los problemas de agua de las últimas campañas, con numerosas sanciones interpuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero por abusos en el riego.

Los sindicatos tienen claro que estos problemas vienen motivados por los precios que reciben agricultores y ganaderos. Valores de mercado que consideran «irrisorios». La Junta de Castilla y León también maneja cifras que vuelven a poner de manifiesto las escasas subidas que han registrado los precios del sector primario. 

Un agricultor tipo percibía 14,9 euros por 100 kilogramos de trigo en el año 2009, un precio que se elevó hasta los 23,1 euros en 2021. Un aumento del 55 por ciento en doce años. Mientras, un ganadero cobraba 30,6 euros por 100 litros de leche de vaca y ahora llega a los 34,5. Un 12 por ciento más. Aquí cabe preguntarse cuánto han subido los costes de producción. No existe una estadística provincial en este sentido, pero las organizaciones critican que los fitosanitarios y el gasóleo ahogan sus explotaciones.  

Una falta de rentabilidad que se puede observar en la Renta Agraria de los últimos años. Valladolid contaba con 1.112,3 millones en el año 2018. Tres años más tarde, la provincia alcanzaba la cifra de 1.186 millones. En 2010, eran 870 millones. La producción puede ser mayor o menor dependiendo de la meteorología de cada año, aunque los rendimientos suelen ser cada vez mayores. Los últimos años, la renta parece haberse estancado en unos 1.100 millones. 

Así, el campo no pasa un mal momento puntual en la actualidad, sino que se podría decir que lleva 25 años en crisis. 

Más fondos de la Política Agraria en menos manos

Uno de los principales caballos de batalla de los agricultores durante estos días es la nueva Política Agraria Común (PAC). La burocracia, unida a las decenas de condicionantes que deben cumplir agricultores y ganaderos para recibir los fondos europeos, están motivando las protestas de estos días. Los profesionales no entienden, por ejemplo, cómo deben dejar un 4 o un 7 por ciento de sus tierras en barbecho teniendo en cuenta la necesidad de producción que tiene el país. Las medidas medioambientales, la prohibición de determinados productos... 

Los fondos de la PAC han permitido modernizar las explotaciones durante las últimas décadas. Eso sí, su evolución refleja a las claras la verdadera situación del campo. Más dinero procedente de Europa, pero se concentra cada vez en menos manos. 

Las cifras que maneja la Junta de Castilla y León reflejan que en el año 2006 el montante que llegó a Valladolid fue de 126,8 millones de euros, que se repartieron entre 13.284 beneficiarios, una media de 9.545 euros para cada uno de ellos. Desde ese momento, Valladolid ha registrado un aumento del dinero a repartir, pero con menos personas físicas y jurídicas como beneficiarias. Así, en el año 2012 fueron 147,9 millones para 11.439 personas, mientras que en 2023 fueron 165,8 millones para 8.563, con una media de 19.362 euros. Es decir, 10.000 euros más en menos de dos décadas y con casi 5.000 beneficiarios menos. 

Más dinero para menos personas que cuentan con explotaciones agrarias o ganaderas más dimensionadas, con más hectáreas y cabezas de ganado. Un sector que cada vez se concentra en un grupo más reducido.