Intrum ya ha ejecutado 143 despidos en su centro de Valladolid en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) que aprobó a nivel nacional el pasado mes de junio, con un «máximo» de 581 salidas acordadas en total, contando también los centros que el grupo sueco de servicios de gestión de crédito y activos inmobiliarios tiene en Alicante, Almería, Barcelona, Huelva, Zaragoza y Madrid. En un principio la previsión apuntaba a 134 en sus oficinas de la calle Rastrojo (en el edificio del antiguo Museo Cristóbal Gabarrón) y no sólo se ha alcanzado tal cifra, sino que se ha rebasado; y además con polémica por el cese de una empleada embarazada, circunstancia que ha sido denunciada por CGT (el sindicato mayoritario de Intrum en Valladolid) ante la Inspección de Trabajo, al asegurar que formaba parte del colectivo de personas vulnerables que se acordó respetar.
Según explica a El Día el presidente del comité de empresa de Intrum en Valladolid, Jaime Esteban (CGT), la clave por la que se han superado los 134 despidos en la calle Rastrojo está en que durante la negociación se habló de cifras «máximas por cada centro de trabajo y sociedad del grupo», pero lo que se plasmó finalmente en el texto del ERE, «ya en la última reunión», cuando este sindicato ya no participaba por haberse desmarcado del acuerdo, fueron cifras «máximas» por cada sociedad (Intrum Servicing Spain, Aktua Soluciones Financieras, Aktua Soluciones Financieras Holdings, Haya Real Estate y Solvia Servicios Inmobiliarios), y por tanto marcando sólo totales nacionales. Así quedó suscrito el documento con visto bueno de CCOO y UGT (sin CGT ni Solidaridad, un sindicato sin representación en el centro vallisoletano), y así hay centros en otras provincias con menos despidos de los inicialmente previstos y centros con más, caso de Valladolid, con 142 ceses en Intrum Servicing Spain y uno en Solvia.
Respecto al despido de una persona embarazada, CGT ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo. «La trabajadora informó en tiempo y forma en junio para entrar en el colectivo de personas vulnerables que no podían ser despedidas, pero aun así la empresa la ha despedido», asegura Esteban. «Creemos que ha habido más casos, pero en centros de otras provincias donde no tenemos representación, así que nuestro sindicato se ha centrado en lo sucedido en Valladolid», añade.
La denuncia la interpuso CGT el lunes de la semana pasada, concretamente, «por incumplimiento de la cláusula de colectivos vulnerables», y días antes preguntó también a la empresa, de manera informal, por las causas de tal despido: «Nos dijeron que son determinaciones que ha tomado la empresa y que si hay consecuencias pues las asume, tal cual», resume Esteban.
Por otro lado, la empresa se comprometió a facilitar que «al menos el 50%» de las salidas fueran voluntarias, suponiendo que se apuntara un número suficiente para ello; y de las 143 que ya se han materializado en Valladolid, 59 salidas han sido sido voluntarias y 74 forzosas, incluyendo entre estas últimas, eso sí, una marcha precedida de una modificación sustancial de condiciones de trabajo a un empleado que fue lo que provocó la decisión de cesar antes que aceptar tal cambio.
"Más incumplimientos"
El presidente del comité de empresa de Intrum en Valladolid también afirma que durante la ejecución del ERE, que se aprobó a finales de junio con vigencia hasta este próximo 31 de diciembre, se han producido «otros incumplimientos por parte de la empresa con beneplácito de la comisión de seguimiento, que se creó con CCOO y UGT para velar y cumplir lo firmado y acordado». Destaca en ese sentido la «falta de preaviso de las salidas voluntarias, que se supone que tenían que informar sobre ellas entre el 1 y el 15 de cada mes y no se ha cumplido en ningún momento en Valladolid».
Aparte, CGT sospecha que Intrum se ha podido exceder en la proporción de salidas forzosas de trabajadores con reducción de jornada, pero reconoce que todavía debe confirmarlo. En este sentido, el punto 5 del acuerdo firmado en junio recoge que el porcentaje de despidos forzosos entre personas con reducción de jornada, con respecto al total de afectados, no podía superar el porcentaje que representaran estos contratos dentro del conjunto de la plantilla con fecha del 30 de abril, «y habrá que esperar a tener todos los datos una vez termine de ejecutarse el ERE el 31 de diciembre para comprobar».
Antes del verano pasado, el centro de Intrum en Valladolid todavía superaba los 500 trabajadores (el 80% mujeres y teleoperadoras en su mayoría), cifra que en esta tierra apenas alcanza una veintena de compañías, pero ahora quedan poco más de 350, después de haber sufrido allí el que ya se confirma como el proceso de destrucción de empleo indefinido más grave que ha sufrido la provincia durante este año.