El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado este miércoles la sentencia absolutoria en el caso del abogado que había sido acusado de un delito de estafa sobre una clienta de 75 años a la que representó en un problema de humos con el vecino de abajo y facturó, tras cuatro años de pleitos, más de 68.000 euros en honorarios que se cobró a través de un contrato que le daba la propiedad del inmueble.
En su resolución, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, desestima el recurso del sobrino de la anciana, al que se había adherido Fiscalía, y confirma la absolución del letrado dictada en septiembre de 2023 por la Audiencia de Valladolid, frente a las peticiones de cinco y seis años de cárcel que habían sido formuladas, respectivamente, por las acusaciones pública y particular, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanoleonés recogida por Europa Press.
En aquel fallo de la Audiencia Provincial ahora ratificado se entendía que "las acusaciones no se sustentan en ninguna prueba de cargo concluyente, ni en prueba incriminatoria inequívoca, que lleve al tribunal a considerar, sin ningún género de dudas, que el acusado sea autor de los delitos que se le imputan, no pudiendo basar su condena en indicios contra reo, equívocos, interpretados desde la versión de las partes acusadoras".
La Audiencia vallisoletana hizo constar también que había enjuiciado el caso desde la dificultad que supuso no contar con la versión de la propietaria del inmueble, fallecida antes de poder declarar durante la instrucción de la causa.
Durante el juicio celebrado el día 12 de julio de 2023, el ahora absuelto explicó que el contrato de compra-venta del piso entre él y la clienta, propietaria del inmueble sito en la calle Arzobispo Marcelo González, fue firmado para saldar así los elevados gastos de honorarios generados en los distintos pleitos en los que la representó contra el vecino de abajo por un problema de humos.
Cuatro años después los procedimientos abiertos en distintas instancias, dos en vía contencioso-administrativo, otros dos penales y uno en la jurisdicción civil, pusieron fin al problema de humos pero, sin embargo, el referido contrato de fecha 22 de marzo de 2013 daba la propiedad de la vivienda al acusado puesto que, como así aseguró este último en el juicio, no había recibido durante ese perido cantidad alguna de su patrocinada.
"Acepté hacerme cargo del caso pero la mujer no hacía provisión de fondos, con lo que al final acordamos que si se solucionaba el pleito no cobraba nada y si se solucionaba me quedaba con el piso" en pago a esos gastos de representación no abonados por las innumerables gestiones realizadas en distintas jurisdicciones durante casi cuatro años, explicó el acusado, quien precisó que en momento alguno llegó a estar en posesión de la vivienda--no ha habido disposición patrimonial--y aseguró también hasta la saciedad que la mujer no le pagó ni un euro en esos cuatro años de litigios.
Aunque la acusación particular censuró que durante dos años facturara a la clienta por 90 consultas, a razón de casi una hora semanal, el encausado cree que fueron bastantes más debido a que la anciana "se encontraba muy afectada y obsesionada por el problema de humos y quería una solución", al tiempo que replicó al letrado que representa al sobrino de la anciana que desde el primer momento "ha considerado correcta la percepción de honorarios pero sostiene que han sido abonados por la fallecida, cuando eso es rotundamente falso".
"Estamos cambiados de sitio"
"Aquí estamos cambiados de sitio, yo soy el estafado porque a fecha de hoy la vivienda está a nombre del sobrino de la anciana mediante un testamento que ha sido declarado nulo", reprochó el acusado, quien a lo largo de su declaración exculpatoria llegó a acusar tanto al letrado de la acusación particular como a su cliente de haber secuestrado a la mujer, de la que asegura que era totalmente lúcida hasta 2017, y de "inflarla a tranquilizantes" para quedarse con su patrimonio inmobiliario.
Precisamente, la vista contó, entre otros, con el testimonio de J.A.G.R, denunciante y sobrino de la fallecida, para apuntar únicamente que cree que su tía pagó los honorarios al acusado, así como el vecino del piso de abajo cuyos humos dieron lugar a los procedimientos seguidos en distintas instancias judiciales.
Este último explicó que el conflicto se enconó porque inicialmente el Ayuntamiento de Valladolid le dio la razón con un informe en el que no veía anomalía alguna pero luego Industria le sancionó con 3.000 euros por una infracción grave.
"Por supuesto que tengo animadversión por el acusado, con el que no quiero irme ni a tomar un café", aseveró el testigo al recordar todos los procesos que tuvo que afrontar.
"Un problema artificial"
Más contundente se mostró Tomás H.V, el abogado que representó a este vecino a lo largo de toda la batalla judicial por el problema de humos y para quien "todo obedece a un problema artificial" que podría haberse solucionado de forma sencilla debido a la buena disposición de su cliente.
De hecho, el abogado, testigo de la acusación particular, aseguró no entender los gastos que su colega de contrario facturó a la anciana a lo largo de cuatro años, más de 68.000 euros, cuando él pasó al vecino propietario de la caldera honorarios de 2.500 euros, de los que a fecha de hoy tan sólo ha percibido 500 euros.