El pasado martes se visualizó lo que solo conocían gran parte de políticos y periodistas: el choque profundo entre el PSOE y Sumar que se vive en el seno del Gobierno. 

Unas tensiones que Moncloa ha intentado ocultar, pero que ese día ya fueron indisimulables: las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, ministras de Hacienda y de Trabajo respectivamente, no discutieron en público porque la andaluza dijo que no se encontraba bien y prefirió no acudir a la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros. Pero la gallega se las arregló perfectamente para transmitir ella sola cómo estaban las cosas. Mal. Muy mal.

Díaz, cuyo proyecto Sumar hace agua por todas partes, se ha convertido en un serio problema para Pedro Sánchez, que le gustaría romper amarras con una vicepresidenta en franca decadencia y que incluso le causa situaciones indeseadas; pero no puede hacerlo porque es su socia de coalición, a la que aporta nada menos que 31 escaños en el Congreso, que son los que le permiten mantenerse en La Moncloa. Hoy los sondeos le dan a Sumar en torno a los seis o siete, es la razón por la que Sánchez no quiere adelanto electoral porque sabe que no conseguiría repetir gobierno. 

Pero adelantar o no elecciones no depende solo de los deseos del líder socialista; ni siquiera de Junts. Sánchez declaró que podía gobernar sin apoyo parlamentario. Pero no podría hacerlo si los actuales casos de corrupción que afectan a su círculo personal y familiar más íntimo alcanzara unas cotas de escándalo que hicieran imposible la supervivencia del madrileño en la Presidencia del Ejecutivo. 

Para contrarrestar actuaciones judiciales e informaciones periodísticas -que van a la par- Sánchez necesita contar con un Gobierno unido por encima de cualquier circunstancia. Un Gobierno incluso servil, dispuesto a ejecutar y asumir todas sus iniciativas aunque algunas de ellas vayan en descrédito de ministros que se habían manifestado en contra. Por eso le preocupaban especialmente las diferencias entre Montero y Díaz.

Para esta última, su única posibilidad de supervivencia tras meses en los que su presencia era mínima porque tenía poco que aportar, eran las 37,5 horas semanales de trabajo y la subida del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que negoció con UGT y CCOO, porque la CEOE y Cepyme lo rechazaron de forma taxativa ya que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no podrían asumirlo y un alto porcentaje de ellas se verían obligadas al cierre. 

Tras el debate sobre las 37,5 horas semanales, la nueva discusión se centró en la subida del SMI. El problema: que ese incrementó para un porcentaje de beneficiados suponía que superaban el tramo de mínimo exento, por lo que la titular de Trabajo centró todos sus objetivos en que al sueldo base no se le aplicara el IRPF.

En el mundo empresarial siempre se dice que no cabe enfrentarse con la Agencia Tributaria, porque siempre gana Hacienda. Yolanda desconocía ese principio no escrito o no quiso aceptarlo, y decidió enfrentarse a Montero. Hasta que se llegó a un acuerdo que en principio aceptaban las dos partes: por el bien del Gobierno, que no vivía la mejor de las situaciones, se ponía todo el esfuerzo en negociar con los socios parlamentarios la subida y se aparcaba la aplicación del IRPF, que sería gradual, a medida que se serenara el debate político. 

La número dos defendía otra postura: anunciarlo cuanto antes para que cuando llegaran las elecciones el debate ya fuera solo un recuerdo. Y porque además el impuesto suponía 2.000 millones de euros en ingresos. Díaz no estaba de acuerdo, se presentaba como la gran defensora de los trabajadores más precarios y precisó, además, que la aplicación del IRPF no superaría ingresos mayores a los 800 millones de euros.

Finalmente, se impuso el criterio de Montero, como se suponía, pero se llegó al acuerdo de no mencionar el impuesto -aunque se prometió a la líder de Sumar que se aplicaría en el futuro- para no provocar mayor debate... y males electorales.

Engañada. Cuando estaba a punto de iniciarse la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, se entera Díaz que Hacienda está filtrando a los medios que a la subida del SMI se aplicará el IRPF. Enfadada por todo y porque se siente engañada, hace una intervención que provoca estupefacción, porque arremete contra su compañera de Gobierno, y asegura que Montero no había mencionado nada en la reunión del Consejo a la que habían asistido las dos. Es cuando la portavoz Pilar Alegría, muy incómoda, susurra un «eso no es así», que recogen los micros a pesar del bajo tono de voz.

Finalizada la comparecencia, faltó tiempo al equipo de Hacienda para dar su versión; el informe de expertos, que vicepresidenta segunda debía conocer, ya recogía que se debía aplicar el impuesto; la política había sido informada la tarde anterior de que era obligada esa aplicación por el igual trato que deben recibir todos los contribuyentes, y se le trasladó la conveniencia de no abrir ese debate públicamente. 

Las versiones no coinciden. Díaz se sigue sintiendo engañada, pero lo peor es que ha abierto un debate muy incómodo porque se asienta la idea de las desavenencias entre PSOE y Sumar.

No son días exitosos para el Ejecutivo, pero sobre todo no son días en los que la número uno de Sumar se pueda apuntar triunfos que podrían haberse dado... si no hubiera provocado un debate indeseado.