Los estudios e informes sobre el estado de la pobreza en Castilla y León o la encuesta sobre condiciones de vida del INE señalan que una de cada cinco personas se encuentran en riesgo de exclusión social, un porcentaje alarmante que supone que en la provincia de Valladolid podría llegar a los 100.000 habitantes en situación vulnerable. Esto no significa que todas esas personas necesiten ayuda mensualmente para sufragar sus gastos básicos en alimentación, vivienda o suministros, sin embargo las administraciones y las entidades sociales deben poner el foco sobre ellas, ya que cualquier gasto inesperado o extraordinario puede suponer una caída al abismo. Ciertamente, el Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial cuentan con recursos suficientes para atender estas necesidades de urgencia, algo que hacen a través de los servicios sociales y en estrecha colaboración con algunas entidades como Cáritas o Cruz Roja.

Esta es la imagen fija. Pero a mi me surgen preguntas sin respuestas cuando analizo lo que cuentan de primera mano quienes atienden estas necesidades. Anteriormente, el empleo era el marcador definitivo, lo que permitía a las familias posicionarse en una u otra situación, la cara o la cruz en las ayudas sociales. Cualquier persona con un puesto de trabajo mínimamente estable no solía necesitar prestaciones, pues aunque el salario fuera modesto podía sobrellevar los gastos básicos. Lo terrible es que ahora no sucede eso. En la actualidad, la precarización del empleo ha llegado hasta el extremo de que muchos de los que acuden a las ayudas sociales son trabajadores en activo que apenas ganan para cubrir el alquiler, la alimentación y los suministros energéticos. Cualquier factura a mayores de una reparación casera, la compra de un electrodoméstico o la vuelta al cole hace que una familia 'descarrile' y empiece a acumular deudas, un camino muy difícilmente reversible.

Todos los conocedores de esta precarización laboral y social coinciden en que la situación se ha agravado desde la pandemia. Quizás nada tuvo que ver la covid-19, pero desde entonces no han dejado de crecer los precios del alquiler de una vivienda o la tarifa eléctrica (luz y calefacción). La situación geopolítica internacional no ayuda, las guerras iniciadas a las puertas de Europa en los últimos años y sus consecuencias en un mercado de alimentos y suministros totalmente globalizado ha provocado el hundimiento económico de muchas personas o familias que ya andaban sobre el alambre. El perfil tipo de quienes acuden a estas ayudas de emergencia, tanto en la capital como en la provincia, es el de una mujer de entre 35 y 60 años con hijos a su cargo y un trabajo precario. Y por supuesto sin vivienda propia. Un panorama desolador por lo que supone que personas 'jóvenes' y menores se vean sometidos a los vaivenes de una economía pensada para los 'triunfadores' y que no suele visualizar socialmente a quienes menos oportunidades, e incluso suerte, han tenido en la vida. Ese dicho de que 'las desgracias nunca vienen solas' se cumple muchas veces entre los colectivos más vulnerables.

Como decía en mi inicio, las entidades sociales que conocen y trabajan en este sector llevan tiempo denunciando las causas que provocan una casi irreversibilidad en las personas que caen en situación de vulnerabilidad. Y esto es muy preocupante. Todos, de alguna manera, podemos necesitar ayudas en un momento u otro de nuestra vida, sin embargo lo más grave es que una vez que recurren a este tipo de prestaciones difícilmente consiguen volver a una cierta independencia económica para continuar su vida personal y profesional sin el auxilio de las administraciones u organizaciones sociales. Ahí hay que poner el acento, especialmente por parte de nuestros gobernantes, que deben hacer lo posible para que alguien con un trabajo pueda mantener una vida digna y disponer de recursos suficientes para soltarse de la mano de estas entidades.

Desde luego, lo que no se puede es culpar a los afectados de forma alegre o frívola. Cada hombre, mujer o menor debería de poder obtener unos mínimos recursos económicos para llevar una vida digna. Esa debería ser la aspiración de una sociedad desarrollada en el siglo XXI y a esa tarea deberíamos colaborar todos. En primer lugar, como ya he dicho, nuestros dirigentes políticos, de quienes necesitamos una regulación clara, transparente y efectiva para que las ayudas lleguen a todos aquellos que las necesitan mientras no puedan darse las condiciones para que cada uno obtenga los recursos por sus propios medios. El control de los precios, tanto de la vivienda como de otros factores básicos para vivir, también les corresponde a ellos. Por supuesto, las entidades ya juegan un papel clave en la captación y distribución de alimentos, dinero, etc., pero necesitan las manos de todos nosotros y la solidaridad de los ciudadanos para poner remedio a situaciones muy complicadas y muy injustas en la mayoría de los casos. Y también todos los intervinientes en el mercado laboral, patronal y sindicatos especialmente, para que las condiciones salariales de cualquier trabajador le permita una vida suficiente y autónoma. Quizás solo sean deseos o se vea demasiado irreal, pero lo único que no se puede conseguir es aquello por lo que no se lucha. Lo que no podemos hacer es acostumbrarnos, yo no estoy dispuesto.