El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, niega categóricamente la acusación del grupo provincial del PSOE de que la institución haya perdido más de un millón de euros en dotaciones para los servicios sociales. Íscar se mostró dolido con unas acusaciones que "no entiende" porque subraya que los socialistas deberían ser conocedores de que los servicios de los que hablan se prestan "en el contrato de ayuda a domicilio o bien con personal propio de la casa".

En este sentido, explica que el Acuerdo Marco con el Gobierno regional permitiría el acceso a los fondos de los que hablan los socialistas, pero argumentan que la Diputación los cubre desde hace años con fondos propios y no considera "ético" optar a unos fondos que no necesitan. "Los servicios se prestan con buena calidad y, de hecho, se nos considera un referente para el resto de las provincias", recalca.

El PSOE denunció este jueves que la Diputación tendrá que "reintegrar" 648.000 euros tras no haber ejecutado varios programas de atención a menores en riesgo de desprotección y familias con cargas graves, así como en el servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia, que asciende a 452.000 euros. Un "reintegro" que no será tal, como apunta, porque ese dinero no se había ingresado. Íscar detalla que el servicio de atención a menores en riesgo de desprotección y familias con cargas graves se cubre con el contrato de ayuda a domicilio, que se ha licitado hace unas semanas y ya está en fase de formalización. El presidente presume de la calidad de este servicio, que no tiene listas de espera desde 1999 gracias a las aportaciones "extras" de la Diputación.

Respecto a la financiación regional para el servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia, detalla que se asume con técnicos de la institución provincial desde hace años y se considera que está perfectamente atendido. "Por lo tanto, no necesitamos ese dinero y no podríamos justificarlo".

El presidente de la Diputación recalca que entendería propuestas de los socialistas en la línea de mejorar estos servicios o si pusieran sobre las mesas errores reales, pero lamenta los ataques personales que le dirigen, aunque matiza que esto devalúa el trabajo de los profesionales de la institución. En esta línea, cuestiona también la denuncia de que no se haya ejecutado el programa Canguros, destinado a familias con menores de cero a tres años en zonas del ámbito rural en los que la demanda de servicios de conciliación sea inferior a cuatro niños. "En este caso no hay demanda suficiente para prestar el servicio. No se llega a los mínimos establecidos, al contrario de lo que sucede con el programa de Conciliamos, donde se cubre toda la demanda".