Las Cortes de Castilla y León han abierto la tramitación de la proposición de ley de reforma de la ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del procurador Francisco Igea Arisqueta, con la que pretende corregir "lagunas" que ha visto en esta norma con el paso del tiempo. 

Una vez admitida a trámite por la Mesa y publica en el boletín oficial, las Cortes la han enviado a la Junta para recibir el informe de conformidad del Ejecutivo, para lo que tiene quince días, que es un trámite obligatorio previo a la toma en consideración de la iniciativa por parte del pleno parlamentario. 

La iniciativa presentada por Igea se produjo después del resultado de la Comisión de Ética Publica para que analizara sí el comportamiento y acción del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se ajustaba al Código Ético de los Altos Cargos.

Según el parlamentario, la norma aprobada en 2016 por el entonces Gobierno de Juan Vicente Herrera supuso una novedad para avanzar en la transparencia de las administraciones públicas, pero entiende que con "el paso del tiempo ha demostrado sus lagunas".

Así lo entiende en el caso de la composición de la Comisión de Ética Pública en la que los tres primeros de sus miembros son consejeros y cargos de libre designación, lo que ve como "una falta de imparcialidad". A ello une que los tres expertos son designados también por la Junta. 

"Esta composición adolece significativamente de la presunción de imparcialidad necesaria para el ejercicio de sus funciones. Entre estas están la elaboración, reforma y aplicación del código ético", explica en los antecedentes la proposición de ley. 

Igea considera que, este código, de obligado cumplimiento para los altos cargos, no puede ser interpretado exclusivamente por quienes dirigen la administración autonómica o quienes ellos designen, ya que es a sus altos cargos a quienes obliga ese código.

En la reforma para corregir ese "déficit de parcialidad", el procurador plantea que los tres expertos sean elegidos por una mayoría de 3/5 de los miembros de las Cortes de Castilla y León. Estará formada por el titular de la consejería a que esté adscrita la Inspección General de Servicios, que la presidirá. El titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones de inspección de servicios y el titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones de secretariado de la Junta de Castilla y León.