El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 119 dictámenes en Valladolid el año pasado, quedando la provincia como líder de la región, que registró un total de 539 actuaciones.Le siguen León, con 88, y Salamanca, con 84. Otras 29 proceden de Ávila, 40 de Burgos, Palencia 30, Segovia 45, Soria 14 y Zamora 44. 

El número provincializado (493) difiere del total (539) porque solo se incluyen los expedientes que proceden de una sola provincia. Hay 46 expedientes que no pueden provincializarse al tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos) o que afectan a varias provincias o a toda la Comunidad, precisa el Consejo.

Los expedientes de responsabilidad patrimonial (363) representaron el 67,35 por ciento del volumen anual de dictámenes del Consejo; a éstos siguieron los de revisión de oficio, que suponen un 12,62 por ciento del total. El 53,99 por ciento de las consultas (291) procedieron de las administraciones locales y el 46,94 por ciento (243), de la Administración autonómica.

Por materias, el mayor número de dictámenes (155) llegaron de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación), 53 fueron de ámbito sanitario y 48 de ellos estuvieron relacionados con infraestructuras (instalaciones y redes de abastecimiento y saneamiento). 

Asimismo, 35 estuvieron vinculados con los efectos generados por la Covid-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente). En cuanto a la provincialización de los expedientes de responsabilidad patrimonial, ésta se realiza según el lugar en el que se han producido los daños que se reclaman. 

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, calificó de "acierto" que la institución compagine la función consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, como una particularidad única en España. 

Además, resaltó el papel de la institución como garante de la legalidad de las decisiones administrativas y de contratación pública, y recordó que las normas y su interpretación fundamentan tanto los dictámenes del Consejo como las resoluciones del Tribunal.