El seguro agrario ha sido en las últimas cuatro décadas una pieza clave en la política agraria, dando la posibilidad cada año a decenas de miles de agricultores y ganaderos -400.000 pólizas anuales- de garantizarse, si no rentas, sí al menos la posibilidad de cubrir los costes de producción. Ello sucede especialmente en la agricultura, con un capital asegurado de más de 16.000 millones de euros sobre los más de 56.000 millones que supone la Producción Final Agraria -unos 35.000 millones solamente de la rama agrícola-.
Hoy, como consecuencia de la elevada siniestralidad arrastrada en los dos últimos años por la sequía, pero también por otros fenómenos climáticos como heladas y pedriscos -y en estos últimos días por la gota fría-, el seguro agrario se halla en una encrucijada cuya salida la deberán decidir todas las partes implicadas en el mismo: Administraciones -sobre todo Agricultura y, de lejos, las comunidades autónomas que aportan los fondos para subvencionar las primas y hacer viables las contrataciones-; entidades aseguradoras, que tienen el campo como un negocio más en su actividad; y el propio sector, que busca una cobertura a sus producciones , pero sin que su coste se lleve los posibles beneficios. No es un acuerdo fácil, salvo por la posibilidad de aumentar los apoyos públicos para bajar el precio de las primas, pero esa no es la única solución a futuro.
A las compañías aseguradoras no les salen las cuentas ante el desajuste entre primas y pagos de indemnizaciones por siniestro. Como primera salida y respuesta a la situación han dado el primer paso con un incremento de las tarifas que se suma al mantenimiento de las franquicias para tratar de asegurar la rentabilidad del negocio. Desde el sector agrario no se rechaza que las compañías aseguradoras traten, lógicamente, de rentabilizar su negocio -no son ONGs-, pero señalan que el seguro agrario, para garantizar su viabilidad a largo plazo, no solo necesita esa subida de las primas, sino una revisión a fondo para que mantenga su interés entre agricultores y ganaderos. De lo contrario sería solamente un escaparate sin ninguna utilidad. En esa línea, el sector invita a un debate para estudiar diferentes aspectos del seguro que se deberían ajustar y que frenan su desarrollo.
En un análisis sobre la evolución del seguro agrario se ve normal, y no constituye un dato negativo, la rebaja del número de pólizas -de más de 400.000 a unas 390.000- simplemente porque desaparecen explotaciones y las que quedan son más grandes; pero no es tan normal que la superficie asegurada haya caído en el último año un 4,7% hasta 6,19 millones de hectáreas. El sector ve necesaria una revisión de diferentes líneas en materia de volumen de producción a asegurar y el montante de las primas para hacer más atractiva la contratación, revisar los sistemas de penalizaciones (no distinguir entre agricultor bueno o malo en función de su siniestralidad) o elevar el importe de todas las subvenciones al 70% del coste de las pólizas.
Sobre el total de superficie asegurada, se considera como un fracaso a revisar el hecho de que haya un elevado número de hectáreas cubiertas en herbáceos en determinadas zonas en las que se alcanza casi el 70%, mientras en otras la contratación es mínima; como mínima es también la contratación en cultivos tan importantes como el olivar, que no acaba de arrancar. Se estima que el seguro debe ser un instrumento atractivo para todas las explotaciones y no solamente para las que tienen los mayores riesgos. Se ve clave una mayor generalización del seguro a todas las producciones agrícolas, mucho más a las ganaderas -en algunas de cuyas ramas su implantación es casi inexistente-, simplemente para reducir los riesgos globales de la propia actividad aseguradora.
Hacen falta fondos.
Desde el sector se coincide en la necesidad de aumentar los fondos destinados al seguro agrario. El presidente de ASAJA, Pedro Barato, apuesta porque parte de ese incremento pudiera proceder de los recursos de la Política Agraria Común como un instrumento de apoyo a las rentas.
El Ministerio de Agricultura, al menos sobre el papel, tuvo siempre clara su apuesta por el seguro, pero mantuvo prácticamente congelados los fondos para subvencionar las primas en 211 millones entre 2015 y 2018. Con la llegada del PSOE a Atocha, los recursos experimentaron un fuerte incremento año tras año hasta alcanzar los 317 millones de euros del último ejercicio para garantizar que las subvenciones a las primas superen una media del 40%, pudiendo llegar al 70% para jóvenes profesionales. A esta cantidad se suman otros 67 millones aportados por algunas comunidades autónomas para los agricultores en una estrategia muy dispar entre territorios vecinos, lo que da lugar a situaciones de discriminación entre profesionales de un mismo cultivo en pueblos limítrofes que operan en un mismo mercado.
Al margen de los debates sobre la existencia o no del cambio climático, los datos del seguro agrario reflejarían que en la última década se ha registrado un aumento de la siniestralidad. Los datos apuntan básicamente a la sequía, pero también a otros fenómenos como pedriscos, heladas o inundaciones. Las sequías tienen una periodicidad más corta, mientras que los hielos o el granizo tienen una mayor virulencia y se dan cada vez más fuera de los periodos en los que hasta ahora se consideraban normales.
En este escenario, en 2022 se registraba la cifra de siniestralidad más alta de los últimos 40 años desde el nacimiento del seguro con 806 millones de euros, lo que suponía un ratio sobre las primas de riesgo del 121,5% con dos millones de hectáreas afectadas y 1,67 millones de siniestros. Frente a esos números, este año hasta julio la siniestralidad afecta a 2,9 millones de hectáreas y con unas estimaciones sobre el segundo semestre que se elevan a 907 millones de euros, la mitad en los cultivos herbáceos, con posibilidad de llegar a los mil millones a poco que se tuerzan las condiciones climáticas.
Desde la patronal de las compañías aseguradoras, Agroseguro, se presume de rapidez en la ejecución de las peritaciones y los pagos. Ya ha abonado más de 400 millones, mientras en el sector se mantienen las críticas sobre la asignación de rendimientos a la baja y su falta de revisión, a lo que se suman los ajustes por las franquicias. Datos, en fin, que no animan a la contratación.