Responsables del Colegio de los Carmelitas Descalzos San Juan de la Cruz de Medina del Campo advirtieron al profesor acusado de abusos sexuales sobre un menor antes de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, con lo que, como así sostiene la acusación particular, tuvo tiempo suficiente para borrar posibles pruebas incriminatorias.

Así se ha puesto de manifiesto durante la segunda jornada del juicio, celebrada a puerta cerrada al igual que la primera. La vista ha contado con el vídeo con la declaración del menor, como prueba preconstituida, que el primer día no pudo ser visionado por problemas técnicos y con el testimonio de distintos responsables del colegio medinense, como su director, el secretario y los jefes de
Estudios de Primaria y Secundaria, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

A tenor de sus declaraciones, ha quedado de manifiesto que el docente objeto de juicio tuvo conocimiento a través del centro de la grave situación antes incluso de que los hechos fueran puestos en manos de la Fiscalía de Menores, circunstancia que el letrado que representa a los padres de la supuesta víctima entiende que pudo contribuir a que Ángel F.H. contara con ventaja a la hora de eliminar cualquier prueba delictiva.

En este sentido, la acusación particular sigue insistiendo en que el colegio no hizo prácticamente nada, salvo advertir de ello al propio implicado, los padres del niño y la Fiscalía, ni adoptó medida alguna contra el profesor durante la fase de instrucción, con la particularidad de que si se encuentra de baja psicológica es porque así lo solicitó el propio investigado.

Los testigos también han explicado que por aquel entonces no había un protocolo de actuación, algo que ahora se ha estipulado a través de una circular con consejos.

Además, buena parte de la jornada ha estado centrada en la reproducción del vídeo donde el niño da su versión sobre lo acontecido aquel verano marcado por el confinamiento y en el que, según sostiene, en junio de 2020 el profesor de desplazó con su vehículo al pueblo de sus abuelos para darle un regalo por su cumpleaños, circunstancia que aprovechó para abusar de él dentro del coche, y que días después fue víctima de una agresión sexual en la vivienda del acusado con motivo de una fiesta de fin de curso.

Con posterioridad a la emisión del vídeo, el magistrado presidente de la Sección Cuarta de lo Penal ha acordado inadmitir el testimonio de media docena de testigos de la acusación particular, entre padres de alumnos y la profesora de Francés del colegio cuyos hijos, según denuncian, sufrieron algún tipo de acoso por parte del encausado.

La razón esgrimida es que a tenor de la declaración del menor, el tribunal se daba por instruido suficientemente, con lo que consideraba innecesarias las citadas testificales por irrelevantes y no tratarse de testigos directos de los hechos.

La inadmisión de estas testificales ha generado la protesta del acusador particular, en representación de los padres del menor, al considerar que tales testimonios tenían su relevancia para demostrar el mismo 'modus operandi' seguido por el profesor con otros escolares.

El juicio entrará este jueves en la tercera y previsiblemente última jornada. Está prevista las comparecencias del agente de la Policía Nacional que elaboró el atestado y del jefe de la Brigada de Informática de la Policía Judicial, en este caso para ratificar el informe en el que se recoge que el encausado efectuó al menor más de 800 llamadas y unas 200 videollamadas en un lapso de tres meses.

Igualmente, el experto responderá a preguntas de las partes sobre un teléfono móvil del menor que fue hallado en la vivienda del profesor durante el registro del inmueble, así como sobre tres cartas localizadas en su ordenador dirigidas al alumno en las que utiliza una terminología poco apropiada respecto de la mera relación académica entre ambos.

También comparecerá un psicólogo, a instancias de la acusación particular, para ratificar el informe elaborado en el que se da verosimilitud a los hechos denunciados por el niño.

Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid y la acusación particular, en representación de los padres del niño, solicitan para el encausado penas de 17 y 11 años de cárcel, respectivamente.