Autobuses circulando con la ITV caducada, ruedas prácticamente lisas por su excesivo desgaste, puertas averiadas atadas con cinchas, extintores sin sujeción... La falta de mantenimiento de la flota de Linecar, concesionaria de decenas de rutas por pueblos de Valladolid y de transporte escolar, ha derivado en un serial de denuncias y sanciones por parte de la Policía Municipal y la Inspección de Trabajo. Con el transporte escolar bajo el foco, pero también con líneas ordinarias afectadas.

Esta misma semana, padres de alumnos de los colegios Pedro Gómez Bosque, Miguel Delibes y Gonzalo de Córdoba presentaban un escrito de queja a la Dirección Provincial de Educación, que cuenta con reunirse con la empresa para analizar lo que está pasando e intentar ponerle remedio. Fuentes de la Junta contactaban con el Ayuntamiento el pasado miércoles para recabar información de primera mano que corroborase la que ya les había facilitado la víspera El Día de Valladolid (para solicitar explicaciones al ente público responsable de la adjudicación de buena parte de estos servicios) y que aseguraban desconocer en su mayoría. Tenían constancia de retrasos en rutas por averías, pero no de incidencias de este calibre.

El último episodio que ha trascendido tuvo lugar el pasado jueves 30 de mayo, cuando una avería en el bus convencional llevó a Linecar a pretender recoger a niños de los colegios citados con una furgoneta sin plazas homologadas para los más pequeños, un riesgo que la Policía Municipal evitó (sólo permitió que fueran los mayores). Días antes, el viernes 24, padres de alumnos usuarios de esta misma línea también denunciaron que aquel día los niños habían sido transportados «unos encima de otros» en un microbús por haberse averiado otro y «no querer hacer dos viajes», pero esa vez los agentes no pudieron llegar a tiempo de comprobarlo. El 3 de mayo, en cambio, sí alcanzaron a precintar dos autobuses por distintas irregularidades, como tener una puerta atada con una cincha, motivo por el cual el chófer afectado ya había acudido a su mutua por un dolor de cabeza «crónico» a causa del clásico pitido de puerta abierta. «Así llevaba funcionando más de diez días», según el presidente del comité de empresa de Linecar, Miguel Serrano, que también advierte de varias multas recientes por ir con la ITV caducada. «En las últimas semanas hemos tenido al menos tres circulando así», incide, al tiempo que advierte que los problemas empezaron ya «hace unos tres años» e incluyen también averías de frenos que no se reparan, aunque desconoce en ese caso si la compañía ha sido sancionada también por ese concepto. 

Imágenes cedidas por padres de niños usuarios de transporte escolar y el comité de empresa de Linecar.

Desde el comité aportan un recuento de 28 denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo por distintos motivos, desde autobuses en servicio con defectos mecánicos o de seguridad hasta incumplimientos de convenio, seguridad, salud laboral, impagos o vulneración de derechos de los trabajadores. Y de las 28, 20 ya estimadas que derivaron en sanción; tres desestimadas por acuerdos previos a la resolución o falta de pruebas «por no atreverse» a declarar los afectados y primar por ello la presunción de inocencia; y cinco que de momento están en trámites, además de dos juicios pendientes para septiembre y octubre.

Asimismo, desde la federación de ampas de Valladolid (FAPA) recuerdan problemas en otras rutas como la que pasa por Zaratán y lleva a alumnos al IES Ferrari, donde este curso se han llegado a producir suspensiones de clases de refuerzo por falta de un autobús que llevara a los alumnos.

Autobuses nuevos en cocheras sin matricular.

Entretanto, el comité denuncia que Linecar tiene autobuses nuevos en la cochera sin matricular, «parados desde hace más o menos un año» y sin incorporarse a la flota para apurar más la vida útil de vehículos en uso con un largo historial de averías. «Los autobuses escolares, por ley, deben renovarse cuando llevan como máximo 15 años en servicio, y si el curso escolar empieza el 11 de septiembre, igual los nuevos los matricula dos días después para ganar un curso», argumenta Serrano.

Mientras, en la línea de transporte ordinario que pasa por Tudela, donde los usuarios ya decidieron antes de mayo recoger firmas de protesta por esa falta de mantenimiento, las quejas también se han producido por algunos de los motivos ya citados; pero, según el comité, también porque la empresa ha llegado a improvisar la incorporación de vehículos «tan nuevos que ni se han preparado con la instalación de la máquina para cobrar, por ejemplo».

Respecto a los presuntos impagos, «hay trabajadores a los que se les deben unos 10.000 euros y otros que superan los 20.000» por pluses u horas extras sin cobrar, además de otros «incumplimientos» como «no respetar el mínimo de doce horas de descanso entre jornadas o exceder el máximo de diez horas y media de trabajo por jornada». «Por eso hay tanta rotación en la plantilla y a veces vacantes que impiden dar el servicio adecuado, porque los conductores se van a otras empresas más serias en cuanto tienen oportunidad», afirma el presidente del comité. Coincide en ese sentido que los padres de los colegios antes citados, en el escrito presentado ante la Dirección Provincial de Educación, advierten que los retrasos se deben con frecuencia a los «continuos cambios de conductor», hasta el punto de que «un día uno tuvo que preguntar a los niños por dónde tenía que ir», y otro «se metió por dirección prohibida».

Ante tales denuncias, El Día contactaba el pasado lunes por teléfono con Linecar, que instó a plantear preguntas por email, a las que respondía al día siguiente por la misma vía asegurando que «esa afirmaciones (de los sindicatos) se enmarcan dentro de una estrategia de presión a la compañía y no se ajustan a la realidad», según su directora gerente. La Policía Municipal, por su parte, da fe de las denuncias interpuestas y las intervenciones de sus agentes aludidas por padres y representantes sindicales, que aprecian a su vez tanto la labor policial como la de la Inspección de Trabajo, aunque la Concejalía de Seguridad Ciudadana declina concretar la cantidad de multas ya interpuestas «por protección de datos», ni los facilita tampoco la Inspección. Y la Dirección Provincial de Educación, al tanto ya de los problemas denunciados y barajando tomar medidas, sin que se descarten penalizaciones o alguna (por ahora hipotética) rescisión de contrato.