El mero empadronamiento en un Ayuntamiento no puede erigirse en un criterio razonable y objetivo que justifique la diferencia de trato entre los usuarios de instalaciones municipales a la hora de abonar la tasa correspondiente. Este es la línea marcada hace casi un año por el Tribunal Supremo, a pesar de lo cual no parece que haya hecho efecto en los gobiernos municipales que siguen sin darse por enterados de que no se puede cobrar un precio público o tasa diferente para los que están empadronados en el municipio que para los que acuden desde otro lugar. Aunque sucede todo el año, la apertura de las piscinas municipales supone un claro ejemplo de una discriminación sangrante entre ciudadanos iguales ante la ley que son tratados de manera diferenciada.
El ponente de aquella sentencia, el magistrado Berberoff Ayuda, recuerda que el artículo 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) establece el principio de igualdad de los usuarios ante las tarifas de los servicios, pero permite fijar tarifas bonificadas, en beneficio de sectores personales económicamente débiles. Estas afirmaciones por escrito del Alto Tribunal han sido reforzadas en varias ocasiones por el Defensor del Pueblo y otros organismos, pero todo ello no ha sido suficiente para que los ayuntamientos vallisoletanos acuerden el cumplimiento de la ley y no establezcan diferencias de precios entre quienes tienen fijada su residencia en el municipio y entre aquellos que acuden a pasar el verano o simplemente se acercan a sus instalaciones desde localidades del entorno o de la provincia.
Muchos alcaldes muestran en privado su desacuerdo con la doctrina del Supremo y sostienen como argumento que los vecinos son quienes sostienen con sus impuestos los servicios públicos (piscinas, frontones, polideportivos, pistas de pádel, etc.), mientras que los foráneos en muchas ocasiones aprovechan este esfuerzo económico para disfrutar de unas instalaciones a las que no contribuyen -únicamente lo hacen con el precio de la entrada-. Puede que tengan parte de razón, pero lo que es evidente es que el cumplimiento de las leyes debe ser igual para todos y el alto tribunal considera que la norma no permite una diferenciación por lugar de residencia. Sí podrían bonificarse las tarifas por cuestiones económicas, para beneficiar a colectivos vulnerables, lo que sería válido para socios o bonos de temporada, pero inviable en la entrada individual o de día.
Los ciudadanos tampoco entienden, en muchos casos, que no se puedan ver beneficiados en algo que consideran propio frente a otros ciudadanos que contribuyen en otros municipios. Y esto no sucede solo con estas dotaciones deportivas o culturales, sino también con otros servicios públicos como el agua, la limpieza o los aparcamientos. La llegada del verano coincide en muchos municipios del mundo rural con la vuelta de decenas de veraneantes, en su mayor parte hijos del pueblo que salieron para trabajar en la capital de la provincia o en otras ciudades del norte de España, Madrid, etc. y regresan en vacaciones, lo que en algunas ocasiones genera problemas en las infraestructuras que no están preparadas para un número tan elevado de habitantes. Los alcaldes también se quejan, aunque siempre en privado, de que los veraneantes traen consigo muchas exigencias pero contribuyen poco o nada a los gastos generados en el propio Ayuntamiento local.
Todas las posturas son comprensibles y comparto, en parte, que los vecinos tengan ciertos beneficios de la administración a la que contribuyen con sus impuestos y tasas, sin embargo no hay que olvidarnos que vivimos en un Estado de Derecho, en el que la ley es igual para todos y tenemos obligación de cumplirla, aún más las entidades públicas y organismos oficiales. Por ello, aunque no comulguemos con la doctrina que ha marcado el Tribunal Supremo debemos acatarla o recurrirla ante instancias más elevadas si alguien considera que no cumple la Constitución o algún reglamento europeo. El hecho de hacer como que no existe no debería ser una opción, aunque parece que es el camino que han seguido las corporaciones municipales a la hora de establecer sus tasas y precios públicos… ahora yo me pregunto a quién le corresponde hacer cumplir la ley, porque está visto que nadie o muy pocos lo va a hacer de forma voluntaria.
Quizás habrá que esperar a que algún particular se atreva a denunciar ante los tribunales de Justicia una discriminación para que alguna sentencia condenatoria haga a los ayuntamientos inclinarse a cumplir la normativa vigente ante la posibilidad de multas o sanciones económicas importantes. Ya saben que en este país lo que mejor funciona siempre es tocar el bolsillo, bien sea al contribuyente o a las administraciones, para enderezar el rumbo legal en un asunto peliagudo que nadie quiere afrontar.