El Gobierno reactiva el Campus de la Justicia con la licitación de la redacción del proyecto de ejecución y la dirección de la obra, lo que inicia la cuenta atrás para la puesta en marcha de una infraestructura muy demandada y largamente esperada que podría ser una realidad en 2028 si no hay más contratiempos. Esta fecha supone un retraso bastante importante frente a los plazos marcados en el protocolo firmado entre el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento en diciembre de 2022, cuando se fijaba el año actual para el inicio de los trabajos.

El pliego de prescripciones técnicas particulares, publicado ayer en la plataforma de contratación del Estado, establece un presupuesto de 2,3 millones y un cronograma de plazos que incluye siete meses para la presentación de un anteproyecto, el proyecto básico y finalmente el de ejecución, y posteriormente, 24 meses aproximadamente para la dirección facultativa de las obras, que se definirá con exactitud una vez que sean adjudicadas en dos fases. Todo ello, teniendo en cuenta que el Ministerio prevé que en abril podrían empezar a contar los plazos, nos llevaría al año 2028 cuando podría estar concluido el proyecto para la unificación de sedes judiciales.

El Campus de la Justicia, que se construirá en las parcelas del antiguo colegio El Salvador y una parte del aparcamiento del anterior Hospital Río Hortega, permitirá reorganizar los 38 órganos judiciales existentes en Valladolid en tres sedes, el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial en el edificio de la calle Angustias 21, los órganos de jurisdicción penal en la sede de la calle Angustias 40 y los órganos de jurisdicción civil en el nuevo complejo. Con ello se solucionarían los problemas funcionales, de obsolescencia de las instalaciones y de dispersión de sedes, ahorrando en alquileres y facilitando la labora a profesionales y ciudadanos, a la vez que se posibilita un crecimiento de la planta judicial, según explica el Ministerio.

Eso sí, la nueva infraestructura contará con un presupuesto máximo para su construcción de 26,8 millones, una cifra muy diferente a la que se plasmó en el mencionado protocolo de 2022, que elevaba la cantidad a 79.807.000 euros y avanzaba que las obras deberían haberse iniciado este mismo año.

Entre las múltiples vicisitudes que han lastrado y retrasado este proyecto ha estado la tardanza en la cesión a Justicia por parte del Ayuntamiento de las parcelas afectadas. Este asunto se liquidó hace tan solo unas semanas y ha permitido al Ministerio dar un paso más para poner en marcha el Campus de la Justicia. El contrato licitado, que incluye también la dirección de las obras, avanza las partidas que deben aparecer en los presupuestos generales del Estado en los próximos años, aunque aún está en el aire la aprobación de las cuentas para 2025.

El presupuesto y los plazos de esta infraestructura han cambiado en varias ocasiones para modificar un proyecto que se arrastra desde hace casi dos décadas y para el que se barajaron varios lugares de la capital.

La superficie donde se construirá el complejo supera los 22.000 metros cuadrados e incluye un aparcamiento subterráneo y en ella, el proyecto podrá contemplar la demolición total o parcial del edificio del antiguo colegio El Salvador, ya que no se encuentra protegido.

Lo que no ha cambiado respecto al protocolo de 2022 es la ejecución de las obras en dos fases o lotes, por lo que se exige la formalización y entrega en dos documentos independientes.

El Campus de la Justicia alojará, una vez concluido, todos los juzgados de las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa, mercantil, social y de menores, así como la Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, Registro Civil y Decanato, actualmente dispersos en diversos inmuebles. Esto supone que acogería 15 juzgados de Primera Instancia; cinco de lo Social; dos de lo Mercantil; cuatro de lo Contencioso-Administrativo; uno de Menores; un espacio de reserva para nueve juzgados de futura creación (incluido entre ellos uno de menores); un destacamento de la Fiscalía; el Registro Civil; decanato; secretaría de coordinación provincial; y servicio de clínica y patología forense del Instituto de Medicina Legal.