El 16 de noviembre día Internacional de la Tolerancia, cuando se empezaban a producir las primeras quejas serias y elevaban su voz, con toda la razón, los comerciantes y hosteleros de la calle Ferraz y su entorno (Madrid) por las repercusiones negativas en sus negocios de los disturbios nocturnos y violentos en contra de la amnistía que, a diario, se producen en la zona, Pedro Sánchez obtenía 179 síes a su investidura de un Congreso de los Diputados con mayoría ideológica de derechas y centro derecha (PP, VOX, PNV, Junts y Coalición Canaria suman 184 escaños), aunque no todos los síes estaban vinculados a la confianza en él, tal y como se encargaron de dejar claro en sus intervenciones durante el debate los portavoces de Junts, ERC y el PNV. La elección de la fecha por la presidenta del Congreso suena a ironía del destino, la veo incapaz, por la torpeza demostrada en estos tres meses, de ser tan sutilmente cínica.
Al día siguiente, Sánchez prometía la Constitución, que no reconocen la mayoría de sus socios parlamentarios, en presencia del Rey convirtiéndose en el presidente del Gobierno de la XV legislatura que arrancó el pasado 17 de agosto con la constitución del Congreso y el Senado.
El debate de investidura fue bronco, duro y agrio, anunciando una legislatura similar con rumbo a lo desconocido, arrastrada por una gota fría cargada de deslealtades, mentiras, sobresaltos, tensiones y sin piedad. Sobró casi todo; las citas a Machado, las risotadas impostadas en la tribuna de oradores, el gusto por la fruta, las vagas explicaciones sobre la amnistía, la falta de explicaciones por los bruscos cambios de criterio, el levantamiento de muros, las amenazas entre socios de coalición, la subasta de reproches, hablar en nombre de España, tanta falsa generosidad, perdón y olvido no aceptado por los perdonados y el abandono del Congreso por parte de algunos para saludar a los que se concentraban fuera. Lo mejor, olvidarlo, y por Navidad regalar a algunos diputados un manual básico de cortesía parlamentaria.
A las pocas horas se constató que la lealtad de las siete formaciones aliadas parlamentarias del PSOE es nula. El mismo día que Sánchez prometía su cargo, el PNV y Junts registraban, de manera conjunta, la solicitud de crear dos comisiones de investigación sobre posibles 'lawfare' (judicialización de la justicia) en Cataluña, unos días después ERC, Bildu y el BNG solicitaban otra sobre el asunto 'Pegasus'. El lehendakari Urkullu, que no repetirá, sostenía que la amnistía abría las puertas a un referéndum sobre el futuro del País Vasco. El presidente de la Generalitat y Puigdemont nos recordaban que la salida del laberinto en que se ha metido Sánchez es el referéndum de autodeterminación. Bildu, silencioso y emboscado como solo ellos saben ser y estar, espera su momento para solicitar lo que todos sabemos y Otegui no oculta. Idílico ambiente navideño, estamos en época.
Cuando Sánchez todavía no había nombrado gobierno, la mayoría de los medios ya hacían quinielas sobre la durabilidad de la legislatura y enumeraban las múltiples espadas de Damocles que amenazan la cabeza del presidente, sin tener en cuenta que, para las personalidades marcadamente narcisistas, por encima de su cabeza solo están ellos y no conciben tener algo o alguien arriba. La legislatura durará lo que él quiera, solo pulsará el botón de adelanto electoral si la situación se hace insostenible y Bruselas aprieta (Zapatero tiene experiencia, lo ha vivido y conoce bien a los 'hombres de negro'). El resto de los socios de la investidura, además de unirles y cohesionarles el rechazo al PP y su necesidad de sumar con VOX, nunca se han visto en una situación mejor para sus intereses. Sánchez, líder de un socialismo voluble que utiliza la mentira para justificar sus incoherencias y cambios de criterio, no reculará. Surfeará para salvar compromisos y pactos, sabiendo que, si no cumple lo firmado, sus socios parlamentarios le harán la vida imposible, pero la legislatura continuará.
Del nuevo Gobierno llama la atención: el poco peso de los socialistas catalanes que fueron los que tuvieron el mejor y más espectacular resultado en las elecciones generales del 23-J, sin ellos Sánchez no sería presidente; la expulsión, seguramente para dormir más tranquilo, de Podemos del gabinete, hasta cuándo aguantarán las humillaciones los cinco diputados de Podemos; cómo Yolanda Díaz ha enriquecido su biografía con nuevas traiciones; la inflación de vicepresidencias (dos más, una con galones y otra sin ellos, pero con más poder que las otras cuatro); la no creación del Ministerio de Reclamaciones de los independentistas, sin duda el que más trabajo tendría y el importante peso de los socialistas vallisoletanos que consiguen dos ministerios. Es un gobierno continuista, reforzado con perdedores (Jordi Hereu perdió hace años la alcaldía de Barcelona, Mónica García fue derrotada contundentemente por Isabel Ayuso en las últimas autonómicas, Ángel Víctor Torres perdió la presidencia del Gobierno de Canarias el 28-M, Óscar Puente y Ana Redondo encabezaban la lista que hace cinco meses perdió el Ayuntamiento de Valladolid y Elma Saiz fue la candidata derrotada al Ayuntamiento de Pamplona que sacó 5 de 27 concejales).
Es bien conocido que, en 2024, Europa pondrá fin a la flexibilización de las reglas fiscales, lo que obligará a nuestro país a contener el gasto y reducir el déficit  público por debajo del 3% del PIB, lo que exigirá un ajuste fiscal de más de 6.000 millones en los próximos dos años para evitar convertirse en un país incumplidor y que sea la UE la que imponga un plan de ajuste fiscal que condicionará negativamente la política presupuestaria española durante, al menos, cuatro años, que vendrá acompañada de recortes y ajustes para los ciudadanos. Hoy por hoy, Bruselas ya avisa que la situación española es «muy difícil». Lo dicho, el presidente debe hablar con Zapatero, ahora que le ha resucitado.
 El próximo año, de nuevo, será electoral. Dos comunidades autónomas, País Vasco y Galicia, tienen como fecha límite para acudir a las urnas el mes de julio. Las elecciones europeas se deben celebrar entre el 6 y 9 de junio, en España serán el domingo 9. Cataluña tiene para las suyas como fecha límite febrero de 2025, aunque todo indica que, después de la crisis de octubre de 2022 en la que Junts rompió con sus socios y fue cesado el vicepresidente y máximo responsable del partido en el gobierno, Jordi Puigneró, se podrían adelantar a 2024, algo habitual en Cataluña, donde desde 2012 no se ha agotado una legislatura completa. Con estos datos y un toque de imaginación, nos podríamos enfrentar a un súper domingo electoral el 9 de junio, día del Pato Donald, haciendo coincidir las europeas, vascas, gallegas y catalanas. Quizás sería un buen momento para que el presidente Mañueco adelantase las de Castilla y León y buscase la mayoría suficiente para desprenderse de VOX. El vicepresidente de la Junta, García-Gallardo, se lo agradecería, ya que así podría dedicar más tiempo a ir a manifestaciones y concentraciones con megáfono sin dar el cante institucional. Pillaría al PSOE autonómico con el pie cambiado que, después de los últimos nombramientos de Sánchez, está más perdido que una almeja en el desierto y no tendría tiempo para la necesaria reorganización.  Mientras llega el día del pato de Disney, España está en manos de un exiliado político que antes era prófugo. Magnifico argumento para una película de ficción.