Génova, el PP en general, y Feijóo en particular, tienen un lío colosal (que diría Rajoy) con los pactos. Lo que aquí vale, allí no; lo que aquí es un "divorcio difícil", allí es un intolerable intento de negar la violencia machista.
La España indivisible empieza a correr el riesgo, con los gobiernos populares, de convertirse en un peculiar "Estado plurinacional", donde cada autonomía regule a su antojo aspectos fundamentales de la convivencia. Lo que empieza siendo la desaparición de los carriles-bici en determinadas ciudades, donde ya se han cerrado los pactos municipales, amaga con abarcar aspectos más serios.
Después del zambombazo de Valencia, la dirección del partido ha recomendado un parón y marcha atrás que tiene en vilo a Aragón y Baleares. Lo que sí parece aceptable es ceder la presidencia de los parlamentos regionales a los dirigentes de Vox para evitar que entren en los gobiernos; rebajando la categoría del cargo a un papel representativo, cuando no lo es. Nada más tomar posesión de su cargo, o al aceptar el pacto, se dan a conocer detalles biográficos de los candidatos de la extrema derecha que causan estupor y consternación. Por ejemplo: la obsesión negacionista de la nueva presidenta de las Cortes de Aragón, la diputada de Vox, Marta Fernández, que puesta a negar, niega el cambio climático, la epidemia del COVID y califica de "invasión" la llegada de inmigrantes. Esto no es un juego; son cuatro años de legislatura por delante.
Extremadura tendrá que volver a las urnas porque el intento del candidato socialista de presentarse a la investidura no es más que un acto de voluntarismo. No obstante, las declaraciones de María Guardiola, con el apoyo incondicional de Feijóo, alejan cualquier posibilidad de cerrar un pacto.
En el partido, es decir, en la dirección de la calle Génova, empiezan a oírse las voces de preocupación por esta jaula de grillos, donde cada uno va a su bola, y temiendo la repercusión en la campaña de las generales que es lo que de verdad importa ahora. Feijóo no puede dar la imagen de que no controla y deja hacer sin enterarse. Hay voces muy críticas con el pacto de Valencia que consideran una "entrega" con demasiadas concesiones que ha hecho creer a un Vox que puede pedir lo que quiera, poniendo en dificultades al resto de barones provinciales.
Al final, la actual dirección popular va a acabar añorando a Teodoro García Egea, el "enemigo" de Ayuso y mano derecha de Casado, que llevaba el partido con mano de hierro y sin concesiones territoriales. Pese a que las encuestas les dan como virtuales ganadores de los comicios de julio, tanto que en los corrillos económicos ya se está buscando salidas para Calviño en Bruselas, queda un mes para la cita con las urnas y los desgobiernos, sobre todo en la derecha, suelen tener un coste en votos.
Pedro Sánchez no está sacando partido de este lío e insiste en volcar la estrategia en los debates a dos, soñando con que un cara a cara debilitara la imagen del gallego al que, además, podrá afear en persona que no habla inglés. Como si a estas alturas ese fuera un factor fundamental. En lugar de poner en evidencia el carajal de unos pactos con Vox en los que Feijóo no quiso intervenir para no mancharse y que al final han acabado ensuciando a todo el partido.