La Junta de Castilla y León abonó sus facturas el pasado mes de marzo en 24,94 días de media, lo que supone que cumplió con la normativa que establece un plazo máximo de 30 días para el pago de las obligaciones contraídas por los bienes o los servicios recibidos. Por su parte, en el conjunto de las administraciones autonómicas el periodo medio de pago a proveedores fue de 30,76 días. Con relación al mes de febrero se registra un incremento del 5,36 por ciento (1,27 días), mientras que en el conjunto de España fue del 4,84 por ciento (1,42 días). Los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda, recogidos por Ical, precisan que las comunidades más cumplidoras son Galicia, que abona sus facturas en 12,24 días, seguida de Cantabria (14,82 días), Aragón (16,90 días), Andalucía (17,75 días) y Extremadura (18,06 días). En el extremo opuesto se sitúa Murcia con 86,39 días, y también incumplen la normativa Valencia (41,84 días), Cataluña (37,76 día), Asturias (37,27 días) y Baleares (33,64 días).

El informe precisa además que el plazo de abono de las facturas sanitarias por parte de Castilla y León se situó en los 20,97 días, un 8,32 por ciento más que en febrero, mientras que la media para el conjunto autonómico de 32,60 días, lo que supone una subida del 9,43 por ciento. Por otra parte, la Junta incrementó su deuda comercial y la situó en los 197,8  millones de euros, que reflejan una subida respecto al dato de febrero del 5,15 por ciento, hasta representar el 0,27 por ciento del PIB de la Comunidad. La mayor parte correspondía a gasto sanitario, con 128,3 millones de euros. La deuda comercial de todas las comunidades sumó más de 4.885 millones de euros, un 8,36 por ciento más, hasta el 0,32 por ciento del PIB.

Cabe destacar además que Castilla y León incrementó su deuda no financiera en marzo, al sumar más de 3,9 millones  (+1,14 por ciento). Así, en marzo se cerró con 350,1 millones, el 0,48 por ciento del PIB. En el conjunto de las autonomías, se situó en los 14.387,9 millones, con una rebaja del 0,73 por ciento, hasta el 0,93 por ciento del PIB.