La oleada de bajas médicas que empezó a arreciar a el pasado verano en el Centro Regional Zambrana, dependiente de la Junta, se extiende ya a 30 trabajadores. La mayoría (22) son educadores, de los cuales 15 presentan diagnósticos de «ansiedad reactiva por sobrecarga laboral y estrés», según fuentes sindicales; y casi todos tienen más de 15 años de antigüedad, una dificultad añadida para el funcionamiento del servicio que prestan, al ser estos quienes ejercen de referencia en las intervenciones más delicadas del día a día para facilitar la integración de los nuevos empleados que van entrando, muchos de ellos jóvenes sin experiencia que apenas superan en edad a unos internos que tienen entre 14 y 21 años. Se echará especialmente en falta a algunos veteranos en navidades, cuando a las bajas, que las hay que se prolongan desde hace más de cuatro meses, se sumen las vacaciones de quienes están activos.
En cuanto a los vigilantes afectados, si bien las bajas las tienen concedidas por «policontusiones», las mismas fuentes indican que la mayoría sufre también secuelas psicológicas, al tiempo que advierten que, tanto en el caso de estos como en el de los educadores, suponen más del 30% de sus respectivas plantillas.
UGT trasladaba el asunto la semana pasada a la Inspección de Trabajo con intención de que reclame a la empresa (Clariane, adjudicataria del servicio de actividades complementarias a la atención directa a los menores) una valoración de riesgos psicosociales, entre otras medidas.
El mismo sindicato interpuso otra denuncia en verano, pendiente de resolución, y ofreció una rueda de prensa a finales de septiembre para señalar públicamente la «nefasta» situación laboral de los empleados de Clariane. Aseguró que no está cumpliendo las condiciones en las que la Junta adjudicó este contrato en marzo de 2021, entre otros motivos, por la falta de cobertura de todas las vacantes que ya se estaban produciendo, si bien entonces hablaron de una decena de educadores de baja y ahora ya son 22; e instaron a la Junta a no ejecutar la prórroga de dos años que podría llegar a obtener esta concesión a partir de 2024, pero que en principio está ya descartada.
Aquel contrato salió a concurso en su día por un periodo inicial de tres años y 11,4 millones, concretamente, pero la empresa Grupo 5 Acción y Gestión Social (hoy Clariane) ganó tras ofrecerse a cubrir este servicio por 9,9 millones; con una rebaja de millón y medio, por tanto.
Sólo unos días después de la rueda de prensa de septiembre, cargos de la Consejería de Familia (de la que depende el Zambrana) se reunieron con representantes de UGT, a los que anticiparon que, efectivamente, en lugar de la prórroga, estudiaban sacar un nuevo concurso que pudiera facilitar el abordaje de mejoras laborales, y de funcionamiento general del centro, con la introducción de cambios en el pliego de condiciones del siguiente proceso de licitación.
Sucesión de altercados
En paralelo, el serial de altercados que se vienen produciendo en el centro Zambrana (más de una decena de agresiones a trabajadores denunciadas este año), y que los educadores atribuyen en parte a la falta de plantilla y a una paulatina pérdida de autoridad ante los internos por un supuesto exceso de permisividad por parte de la dirección, derivó en una pregunta parlamentaria cursada por el PSOE que llevó a la consejera de Familia, Isabel Blanco, a comparecer en las Cortes el 7 de noviembre. Confirmó que ya se estaba preparando el pliego de condiciones del concurso y que su tramitación se iniciaría «en breve», si bien El Día preguntó por plazos a la Consejería hace dos semanas y, de momento, no ha habido respuesta. Asimismo, anunció «refuerzos» en distintas áreas, mientras los educadores afean que la suya sigue igual,. Subrayan que la incorporación de una subdirectora fue para cubrir una vacante; y la de siete técnicos de apoyo al menor, por siete despidos previos de las mismas personas por una reclasificación a la baja de categorías, en el marco del nuevo convenio colectivo de personal laboral de la Junta.
Dos semanas antes de la comparecencia en las Cortes, el 25 de octubre, una docena de internos había protagonizado un motín en el patio con lanzamiento de piedras incluido y seis trabajadores heridos; el 1 de noviembre, un conato de motín por parte de media docena de internos que pudo ser detenido a tiempo; y al día siguiente, un conflicto con un interno fuera de control que se hizo con un cúter tras empujar a un educador y terminó autolesionándose.
El último altercado de relevancia que ha trascendido ocurrió fuera del centro, el jueves 16 de noviembre junto al túnel de Labradores y a plena luz del día (poco después de las 15.00), cuando un interno que estaba de permiso fue apuñalado por un menor de edad que también había pasado ya por el Zambrana y que ha vuelto como consecuencia de tal ataque. Ahora están los dos en el centro, aunque en distintas unidades de convivencia; y ambos son de bandas latinas, un perfil cada vez más frecuente que ha complicado sobremanera la labor que se desarrolla allí. De hecho, los educadores también han denunciado en varias ocasiones durante los últimos meses situaciones de riesgo que han vivido al tener que acompañar a internos en salidas donde se han encontrado con miembros de bandas 'rivales' que pretendían atacarles. Resumiendo, un serial de incidentes que, según los empleados afectados, encuentran en parte su origen en la situación laboral y sus consecuencias en las bajas que se acumulan.